La renuncia del Subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, reabrió el debate de la mafia de los medicamentos en la sociedad. Hasta dónde llega y a quienes abarca un problema que sigue sin solución en nuestro país.
La Argentina de hoy parece estar dominada por varias acciones que en muchos casos rozan lo delictivo, como es el caso de la mafia de los medicamentos, que anualmente mueve millones de dólares, y que deja al desnudo el descontrol estatal en la materia, así como también la complicidad de infinidad de funcionarios públicos a lo largo y a lo ancho del país.
En el día de ayer, el Subsecretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires, Alberto Costa, renunció a su cargo envuelto en una causa judicial que sigue el juez federal Norberto Oyarbide en donde está enredado un complejo sistema de corrupción que mezcla la salud de los enfermos de cáncer, sida y hemofilia con la política y el sindicalismo.
Néstor Osvaldo Lorenzo es de los hombres que creen en la impunidad. A pesar de que en noviembre pasado el juez Norberto Oyarbide había allanado su casa y la droguería San Javier, buscando pruebas en la causa que investiga una mafia que vendía medicamentos truchos y en la que él es el principal imputado, el empresario farmacéutico nunca tuvo cuidado. Lorenzo habló. Dijo por teléfono todo lo que nadie revelaría si supiera que lo están escuchando. Lo hizo durante meses y cada una de sus palabras están registradas en el expediente judicial.
“La prueba principal está centrada en importantes escuchas telefónicas. Hay diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud, el señor Costa, y Lorenzo, que no se privó de hablar con nadie. Habló y burló varios procedimientos, pero en éste no le fue posible”, dijo el juez. Como resultado de estas escuchas y de la acumulación de pruebas, el viernes detuvo al empresario en la misma casa a la que había ido a buscar documentación nueve meses atrás. También encomendó treinta allanamientos en Capital y provincia de Buenos Aires. Lorenzo quedó libre el sábado a las tres y media de la tarde. Su declaración indagatoria tiene fecha incierta. En el Juzgado Federal Nº 5 necesitan tiempo para procesar las pruebas que acumularon en los últimos días.
En las charlas con Costa se hablaba sin disimulo de dinero y de los remedios oncológicos. Quizá por esa razón, el doctor Claudio Zin actuó con tanta velocidad y anunció su separación del cargo. Aunque negó que Lorenzo sea proveedor de la provincia a través de sus sociedades y mantuvo distancia sobre su vínculo con Costa, lo cierto es que el ministro de Salud provincial solía estar acompañado de su número dos en la mayoría de las reuniones de gestión tanto bonaerenses como nacionales. Y ese hombre tenía a su cargo la compra de medicamentos.
La causa judicial que sigue los pasos del empresario tiene en sus fojas información que puede afectar no sólo los negocios ilegales con medicamentos de alta complejidad alterados si no también la connivencia del Estado y algunos sindicatos en esta operación. De todo esto habló Lorenzo en los últimos ocho meses mientras creía que nadie lo escuchaba.
En la causa también pueden llegar a estallar nuevamente el tema de los aportes de campaña en el 2007 a la presidenta Cristina Fernández, ya que en las escuchas telefónicas a Néstor Osvaldo Lorenzo, el empresario farmacéutico que es el principal acusado en la causa de la mafia de los medicamentos, constan conversaciones con Gabriel Alejandro Brito, titular de Global Pharmacy Services y aportante de 310 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Brito fue un hombre desesperado el año pasado. A pesar de que no lo reveló públicamente, cuando su nombre apareció como donante a la campaña de Cristina, pidió audiencia con el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, para pedir ayuda. Lo recibió un asesor que le recomendó ir a la Justicia y hacia allí fue este empresario, que quebró en octubre de 2008 y que tenía entre su principal acreedor a la cooperativa de crédito Vernet. Su sede estaba en el segundo piso de 25 de Mayo 293, cuatro niveles más abajo que la cueva financiera que funcionaba en el consulado de Guinea Bissau, a la que iban a cambiar cheques el asesinado Sebastián Forza y muchos otros titulares de droguerías. Vernet estaría vinculada directamente con Lorenzo, según fuentes del mercado de los medicamentos. En ese sentido, se presentarán hoy para sumar pruebas al expediente la ex ministra de Salud Graciela Ocaña y el senador provincial Santiago Nardelli.
¿Por qué Brito dijo que no aportó, pero su nombre aparece en el informe de financiamiento? La respuesta parece estar, otra vez, en Lorenzo. En noviembre del año pasado, la Policía Federal llegó, por orden de Oyarbide, a la casa del empresario en Senillosa 957 y encontró una carpeta que tenía escrito en la carátula “Aportes a la campaña 2007”. En su interior había recibos por 945 mil pesos entregados para la candidatura de Cristina Kirchner. A pesar de que su nombre no aparece en el listado de aportantes, Lorenzo tenía en su poder los recibos y las copias de los cheques donados por personas y empresas de su entorno y también los recibos pertenecientes a los aportes de Global Pharmacy.
Una causa que deja al desnudo los contactos del poder político, sindical y judicial con la mafia de los medicamentos, y que puede llegar a traer consecuencias judiciales inimaginadas para muchos de los personajes más influyentes de nuestro país, y que puede llegar a a acabar con uno de los negocios más millonarios de la Argentina en los últimos tiempos, y que mueve millones de dólares anualmente.
