martes, 8 de septiembre de 2009

ALEJANDRA RAFULS

UN NOMBRE QUE ACOMPAÑA EL CASO ZANOLA


La titular de la consultora de prensa AR, Alejandra Rafuls, fue la vocera de Juan José Zanola y la desaparecida obra social La Bancaria. Allí trabó relación con el interventor Víctor Alderete, a quien luego acompañaría en su denunciada gestión en el Pami. También trabajó con el gobierno de Daniel Scioli, salpicado por la mafia de los medicamentos. El rol de Jorge Gandara y los vínculos con Enrique Nosiglia.


Graciela Ocaña seguramente no será recordada como una gran ministra de Salud ni por sus aportes a las políticas sanitarias, pero su obsesión por combatir lo que denominó “la mafia de los medicamentos” está permitiendo que se empiece conocer un entramado de corrupción y negocios al amparo del Estado, que acaso represente el punto más bajo de la dirigencia argentina: la construcción de fortunas a costa de la salud de la gente.

En esta trama de remedios adulterados, sobreprecios, contrataciones directas, tráfico de drogas, aportes a campañas presidenciales y negociados millonarios –que empieza a ramificarse con una lógica fractal y hoy golpeó a la administración de Daniel Scioli- sorprende la recurrente aparición de un nombre: Alejandra Rafuls.

Esta poderosa consultora de comunicación, especializada en personajes de la política tan disímiles como el kirchnerista Florencio Randazzo, el bonaerense Carlos Stornelli o el macrista Guillermo Montenegro, comenzó en los negocios grandes de la mano de su marido, el ex secretario de Coordinación Económica del alfonsinismo, Jorge Gándara, de estrechos vínculos con Enrique Nosiglia.

Gándara se convirtió luego de su paso por el gobierno en un hombre de consulta del ya entonces titular del gremio de bancarios, Juan José Zanola. Tan fuerte era su presencia en el entorno de este sindicalista que en el gremio bancario se hablaba del “Grupo Gándara”, como una organización paralela con puestos claves en toda la estructura gremial y en la obra social, que respondía directamente a Zanola.

Sin embargo, en un comportamiento que luego se haría norma, ni Alejandra Rafuls ni Gándara ocupaban cargos formales en el gremio bancario. “Siempre se cuidaron que la firma la pusieran otros”, afirmó
El petiso Alderete

En aquellos años de negocios florecientes, Zanola se enorgullecía de su obra social “La Bancaria”. La mala administración y ciertos negocios perjudiciales para los afiliados terminaron colocando a esta institución en una delicada situación financiera, lo que motivó la designación de Víctor Alderete como interventor, por decisión del entonces presidente Carlos Menem.

Lejos de perder influencia, el desastre en la obra social bancaria que motivó su intervención terminó beneficiando a Rafuls, que trabó una excelente relación con Alderete a quien acompañó en lo que sería una de los contratos más grandes de su carrera: el manejo de la comunicación del Pami.

Cuando Rafuls estaba en La Bancaria, su consultora (que por entonces se llamaba RKL) subcontrató a otra empresa llamada AB, que se encargó de la comunicación gráfica, e imprimía todos los materiales de la obra social. Cuando esta empresaria pasó al Pami junto a su nuevo amigo Alderete, ya con presupuestos casi ilimitados, volvió a subcontratar a la firma AB, que una vez más se encargó de la impresión de folletos.

De ese época le queda uno de sus peores recuerdos, entre otras denuncias contra Alderete, el ex titular PAMI fue procesado por el delito de administración fraudulenta por haber contratado a la consultora AB para la impresión del célebre "Libro verde", un panegírico que Alderete repartió entre los funcionarios a manera de "resumen" de su gestión.

El juez Claudio Bonadío, que llevó la causa, entendió que Alderete no debía haber contratado a AB: "Las tareas entusiastamente encargadas a AB Grupo Comunicación -escribió en su fallo el magistrado-, pudieron y debieron haberse llevado a cabo por el personal del INSSJP", dijo en referencia a la sigla real del organismo por aquellos años. Las sospechas que sobrevolaron la Justicia es que en esos contratos a terceros podrían haber existido pago de sobreprecios, como recuerda una investigación del diario Río Negro.

Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la causa no afectó a Rafuls ya que su nombre no aparecía en ningún expediente, aunque si derivó en el procesamiento de una de sus más estrechas colaboradoras.

No deja de sorprender la increíble coincidencia que plantea el hecho de que esta mafia de los medicamentos comenzó a trascender cuando Ocaña llegó al Pami y empezó a nombrar al “Yabrán de los medicamentos”, como bautizó a Néstor Lorenzo, nombre que vuelve a surgir cuando estalla el escándalo de la obra social bancaria.un directivo de esa organización gremial. Cuidado que Rafuls no exendió a sus empleados y fue así que una de sus más leales colaboradoras terminó procesada por la justicia.
Un amigo llamado Coti

Como sea, el lobby de Rafuls –y sobre todo de su discreto marido, Jorge Gándara-, excede largamente la comunicación. Con fuerte llegada en determinados despachos de jueces federales –en Comodoro Py todos mencionan su buena sintonía con Ariel Lijo, además de la conocida con Montenegro a quien impulsó para el gobierno de Macri y continúa asesorando-.

Pero acaso el amigo que más contribuyó a su éxito empresarial haya sido el eterno operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, que entre otros clientes le acercó al dueño del Banco macro, Jorge Brito; y al presidente de River, José María Aguilar, dos buenos amigos del ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín.
MITO Y REALIDAD

El nombre de Alejandra Rafuls provoca en el mundo de los medios y las consultoras de prensa una serie de emociones -en su mayoría negativas-, pero nunca la indiferencia. Muchos circunscriben su influencia a las empresas del grupo Hadad, y señalan que la mayoría de sus clientes terminan rodeados de escándalos y con problemas en la Justicia.

Otros sin embago, le reconocen cierta capacidad para morigerar crisis severas, aunque sea por un tiempo. "Ella no está más con la bancaria, si Zanola siguiera siendo su cliente, los medios no lo destrozarían como están haciendo", exageró ante una fuente del sindicato.


STORNELLI: JUEZ Y PARTE

La relación de Rafuls con Stornelli se suma al largo catálogo de delicados vínculos que esta consultora mantiene con hombres destacados de la función pública y que agravian el mínimo sentido de la higiene. Es que esta empresaria sumó la operación de prensa de Stornelli cuando este asumió como ministro de Daniel Scioli, pese a que este ex fiscal, la estaba investigando.

Stornelli tenía la causa que acusa a sindicalistas de haber estafado al Banco Mundial, en la que constató que Rafuls cobró un millón y medio de dólares de la Asociación Bancaria, incluida en un crédito internacional destinado a la “modernización de obras sociales”.

Stornelli llegó incluso a solicitar la indagatoria de Rafuls, hecho que al parecer no le planteó ninguna contradicción a la hora de confiarle el manejo de su imagen pública y la relación con los medios.
RALFULS DE PRODUCTORA DE RADIO A OPERADORA ESTRELLA

En su último libro, Propaganda K, María O’ Donnell, repasa brevemente la biografía profesional de Alejandra Rafuls:

* Fue productora en Radio Splendid, cuando la emisora se encontraba bajo el control del radical Enrique Nosiglia.
* Trabajó en el Concejo Deliberante porteño, donde conoció a Aníbal Ibarra, a quien asesoró durante la crisis post Cromañón.

* El periodista Horacio Verbistky la vinculó en esa tarea, con una de las operaciones de prensa más infames que se recuerden: aquella que adjudicó al fallecido hijo de José Iglesias, haber sido quien arrojó la bengala que produjo el incendio de ese boliche.

* Al mismo tiempo asesoraba al Casino Flotante de Puerto Madero de estrechísima relación con Ibarra, a través del entonces director del Banco Ciudad, Pablo Maggioli.

* Casada con Jorge Gándara, un radical vinculado a Nosiglia, fue contratada por Víctor Alderete, el ex titular del PAMI.

* Tiene una relación privilegiada con Daniel Hadad.

* Por sus oficinas pasaron una amplia cartera de clientes: el banquero Jorge Brito; el salteño Juan Carlos Romero; el tucumano José Alperovich; y Héctor Colella, el heredero de Alfredo Yabrán.

* Esa estructura operativa fue contratada por el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañez, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa se sintió acosado por las investigaciones sobre el pago de sobornos en el Senado.
* También prestó servicios al ministerio de Acción Social durante las gestiones del radical rionegrino Daniel Sartor y a Hilda González de Duhalde.

* Experta en misiones imposibles, Rafuls promovió -y fracasó estrepitósamente- la candidatura presidencial de Jorge Sobisch, una de las más costosas que se recuerden.

Alderete, Zanola y la “solidaridad”

El paso de Víctor Alderete como interventor en el ex Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB), dejó un pésimo recuerdo entre sus afiliados. Investigado por el entonces juez federal Adolfo Bagnasco, se lo acusó del desguace de esa obra social, cuando decidió la transferencia de 470.000 afiliados e inmuebles -por más de 20 millones de pesos- en favor de la actual Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), también conocida con el paradójico nombre de "Solidaridad" –para una prestadora acusada de entregar a sus pacientes medicamentos adulterados- y cuyo titular es el propio Zanola.

Alderete fue denunciado por la presunta comisión de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio del Estado, por esa tarea que le encomendó Menem.

Para los querellantes, la desaparición del ISSB fue parte de una maniobra que involucra más de 2000 millones de pesos. Según surge de la denuncia, todo habría sido armado para que los bancos dejaran de aportar el dos por ciento sobre los intereses y comisiones que les correspondía por ley y para favorecer a la OSBA.

TEMOR SINDICAL


La preocupación se funda específicamente por los allanamientos en la causa de los medicamentos truchos, al sindicato de los bancarios. La información indica que son varios en la cúpula de la CGT quienes empiezan a mirar con preocupación los allanamientos de Oyarbide, temerosos de que la investigación lleve al juez hasta sus obras sociales.


El negocio de los medicamentos, viene denunciando Ocaña, toca de lleno a muchos sindicatos del país. “En esta joda están todos. O con el negocio de los remedios o, como mínimo, compartiendo proveedores”, explicó a La Política Online una fuente sindical.


Mientras tanto, los gremialistas se empiezan a mirar unos a otros sin entender cómo Néstor Kirchner no logra frenar el impulso de la Justicia contra sus intereses. El paraguas político K, empiezan a entender, es cosa del pasado.


Otro caso grave


La situación de Obra Social de La Bancaria (OSBA) no sólo es grave por el vínculo con el tráfico de medicamentos truchos.


Internamente y bajo la gestión de Zanola, vive una crisis terminal con denuncias múltiples, juicios de sus propios empleados y un vaciamiento grave. Ayer se vivió un caso que refleja esto: Ingresó una chica de 22 años con un caso de apendicitis. Fue llevada al quirófano –“lo peor de toda la clínica, cuentan”-. En plena intervención sufrió un paro cardíaco. Cuando quisieron aplicarle el desfibrilador, no andaba. El padre de la chica ya hizo la denuncia penal.

ES MUY POSIBLE QUE EL 10% DE LOS MEDICAMENTOS EN EL PAÍS SEA FALSO

El ministro de Salud bonaerense reconoció que las "posibilidades de elucubrar situaciones para estafar al Estado" con remedios "son infinitas". Y aseguró que la renuncia Alberto Costa ya estaba decidida



Además, dijo que la droguería San Javier, de la que es titular el detenido Néstor Lorenzo, estaba en una situación "casi delictual", por lo que había advertido a todos los funcionarios de la cartera para que no le compren medicamentos.

Zin hizo estas declaraciones a Radio 10 un día después de desplazar a su subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, luego de que éste quedara involucrado en el caso de la presunta mafia de los medicamentos.
La falsificación de medicamentos es "un delito internacional, pero acá parece que se hace con más saña que en otros lugares. Está en riesgo la vida de la gente", expresó Zin.

Al respecto, admitió que "es muy posible que el diez por ciento de los medicamentos" que circula en el país "sea falsificado".

Las "posibilidades de elucubrar situaciones para estafar al Estado" con medicamentos "son infinitas", agregó.

Citó como ejemplo a "droguerías, entre ellas San Javier, que fabrican troqueles, el cartón del envase del medicamento, que se abrocha a la receta para que finalmente pague el Estado, pero contra nada, porque no se suministró ningún medicamento".

Además, también se "venden muestras médicas (gratuitas), o se retocan las fechas de vencimiento", para colocar en el mercado remedios en mal estado.
Sobre la salida de Costa, explicó que se le había pedido la renuncia "la semana pasada, porque su gestión estaba entrando en una meseta".

"Anunciamos el relevo de Costa, iba a ser una transición programada", pero al admitir el funcionario su vínculo con Lorenzo, su salida se adelantó, reseñó Zin.
Según explicó el ministro bonaerense, el funcionario desplazado "no tomó en cuenta" la recomendación de no tejer vínculos con el farmacéutico detenido.
"Les advertí a todos que este grupo estaba en una situación casi delictual. El señor Costa sabía, por supuesto. Les dije a todos. De ahí para adelante fue una cuestión personal correr el riesgo de acercarse a esta gente", concluyó Zin.

En el marco de la investigación que sigue adelante el juez federal Norberto Oyarbide, Costa fue vinculado por el magistrado con la empresa San Javier, de propiedad de Lorenzo, acusada de proveer al Estado y a obras sociales medicamentos adulterados.

EL POLICLÍNICO BANCARIO Y JUAN JOSÉ ZANOLA EN LA MIRA



El centro médico de la obra social La Bancaria de Juan José Zanola no sólo funcionaba como depósito de los medicamentos adulterados investigados por el juez Oyarbide. La cuestionada Superintendencia de Servicios de Salud acumula denuncias de irregularidades. Médicos truchos, muertes por falta de insumos y cadáveres en el piso de la morgue son la fotografía del horror. La mujer del sindicalista y la “caja” interna.

Cuando un juez avanza en una investigación que parece alcanzar una profundidad inédita suele utilizarse como recurso literario decir que destapó una “olla”. Si al caso de los medicamentos adulterados que investiga el juez Norberto Oyarbide pudiera caberle una aproximación a ese término, podría decirse sin margen de error que esa olla, en los últimos días, es el Policlínico Bancario (POBA), el gigante centro médico de la Obra Social La Bancaria (OSBA) del sindicalista K Juan José Zanola.

Lo primero que desnudó el magistrado fue que allí dentro funcionaba el depósito de remedios truchos del laboratorio San Javier, propiedad del detenido Néstor Lorenzo, el “Yabrán de los medicamentos truchos” según Graciela Ocaña.

La relación, de hecho, llega hasta la ruta de la efedrina, el triple crimen mafioso de General Rodríguez y los aportes a la campaña de Cristina Kirchner. Fuentes internas confirmaron la semana pasada que se lo vio a Sebastián Forza días antes de hallarse su cadáver acribillado –es uno de los tres asesinados- retirando mercancía junto a Paula Aballay, la mujer de Zanola y un oscuro personaje dentro del POBA.

De hecho, la camioneta incendiada de Forza apareció a sólo cuatro cuadras del Policlínico ubicado en la avenida Gaona y Donato Álvarez. A esta altura, nada parece casualidad.

La recaudadora de Zanola

Aballay es apuntada por varios testigos como la verdadera cabeza del poder dentro del POBA. Enfermera de profesión, llegó al cargo impulsada por su relación con Zanola. Hoy es, entre otras cosas, la “recaudadora” del edificio.

“El estacionamiento cobra 5 pesos a todos, afiliados y no afiliados, médicos y empleados. Al final del día pasa Aballay y se guarda en su cartera lo recaudado. Lo mismo hace con el kiosco y el locutorio que funcionan adentro”.

Pero su influencia no se queda ahí. Enterada del seguimiento del diario Perfil y la aparición de una nota en la revista Gente que profundizaba el caso de los medicamentos truchos, se encargó de que nadie dentro del edificio pueda leerlo. Personalmente, ordenó confiscar todos los ejemplares de ambos medios que se venden dentro o en la puerta del POBA.

Dos casos: Mirta y Juan Carlos

El caso de la revista Gente es el de Mirta Bentos, a quien la OSBA le cortó el envío de medicamentos para sus hijos Yanina y Gabriel, pacientes de enfermedades terminales, quienes murieron hace pocos años.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), uno de los organismos apuntados por sus vínculos con la mafia de la efedrina, acumula en sus archivos más de 9.500 denuncias de irregularidades, desde el año 2006 hasta la actualidad. Esto mismo fue reconocido por Fernando Finvard, quien ocupa el cargo de Defensor del Beneficiario de la SSS, en una reunión con colaboradores de Ocaña. El 80 por ciento, aproximadamente, corresponden al POBA. “Esto quiere decir que muchas muertes pudieron haberse evitado”.

Cansada ya de pelear contra el sindicato de Zanola, Mirta ahora espera que le paguen la indemnización por la muerte de su hija Yanina –la de su hijo Gabriel ya la cobró-. Por esta demora, una abogada de la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia que recayó, casualmente, en el juzgado de Oyarbide.

Zanola denunció a Bentos, insólitamente, por daños y perjuicios. Como no la encontraba, llegó a un límite nefasto: la ubicó siguiendo sus influencias hasta llegar a obtener sus datos en la escuela de Yanina, la hija de Mirta que murió en el POBA sin medicación.

Como Mirta, hay otros pacientes del POBA dispuestos a dejar a Zanola entre rejas. Uno de ellos es Juan Carlos Barrentos, quien se ganó el apodo de “el loco” cuando se encadenó frente a la Legislatura porteña porque, como paciente trasplantado, le suspendieron el medicamento. “Sin la medicación, está condenado a muerte” contó con terror una fuente que conoce el caso muy de cerca.

Barrentos, a su vez, tiene en sus manos otra denuncia contra la OSBA que podría empezar a tomar cuerpo en los próximos días. Se trata de la utilización para tratamientos críticos de médicos truchos.

Hace algún tiempo, contaron fuentes de la OSBA, La Bancaria contaba con un centro de atención ubicado en el edificio de un ex laboratorio. Hasta allí llegaban, por ejemplo, pacientes trasplantados como Juan Carlos. Pero el funcionamiento interno nada tenía que envidiarle al Policlínico. Dentro, no sólo se vendían varios de los medicamentos adulterados –que incluso debían entregarse de forma gratuita- sino que los profesionales que atendían ni siquiera eran matriculados.

Cuando Barrentos sacó a la luz esta situación lo convocaron de urgencia de la SSS. “Le pidieron 10 días para investigar, pero eso fue hace muchas semanas ya”, relató ya sin ánimo la fuente.

LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS QUEDÓ AL DESCUBIERTO, PERO ¿LLEGARÁ LA SOLUCIÓN?


La renuncia del Subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, reabrió el debate de la mafia de los medicamentos en la sociedad. Hasta dónde llega y a quienes abarca un problema que sigue sin solución en nuestro país.


La Argentina de hoy parece estar dominada por varias acciones que en muchos casos rozan lo delictivo, como es el caso de la mafia de los medicamentos, que anualmente mueve millones de dólares, y que deja al desnudo el descontrol estatal en la materia, así como también la complicidad de infinidad de funcionarios públicos a lo largo y a lo ancho del país.


En el día de ayer, el Subsecretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires, Alberto Costa, renunció a su cargo envuelto en una causa judicial que sigue el juez federal Norberto Oyarbide en donde está enredado un complejo sistema de corrupción que mezcla la salud de los enfermos de cáncer, sida y hemofilia con la política y el sindicalismo.


Néstor Osvaldo Lorenzo es de los hombres que creen en la impunidad. A pesar de que en noviembre pasado el juez Norberto Oyarbide había allanado su casa y la droguería San Javier, buscando pruebas en la causa que investiga una mafia que vendía medicamentos truchos y en la que él es el principal imputado, el empresario farmacéutico nunca tuvo cuidado. Lorenzo habló. Dijo por teléfono todo lo que nadie revelaría si supiera que lo están escuchando. Lo hizo durante meses y cada una de sus palabras están registradas en el expediente judicial.

“La prueba principal está centrada en importantes escuchas telefónicas. Hay diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud, el señor Costa, y Lorenzo, que no se privó de hablar con nadie. Habló y burló varios procedimientos, pero en éste no le fue posible”, dijo el juez. Como resultado de estas escuchas y de la acumulación de pruebas, el viernes detuvo al empresario en la misma casa a la que había ido a buscar documentación nueve meses atrás. También encomendó treinta allanamientos en Capital y provincia de Buenos Aires. Lorenzo quedó libre el sábado a las tres y media de la tarde. Su declaración indagatoria tiene fecha incierta. En el Juzgado Federal Nº 5 necesitan tiempo para procesar las pruebas que acumularon en los últimos días.


En las charlas con Costa se hablaba sin disimulo de dinero y de los remedios oncológicos. Quizá por esa razón, el doctor Claudio Zin actuó con tanta velocidad y anunció su separación del cargo. Aunque negó que Lorenzo sea proveedor de la provincia a través de sus sociedades y mantuvo distancia sobre su vínculo con Costa, lo cierto es que el ministro de Salud provincial solía estar acompañado de su número dos en la mayoría de las reuniones de gestión tanto bonaerenses como nacionales. Y ese hombre tenía a su cargo la compra de medicamentos.


La causa judicial que sigue los pasos del empresario tiene en sus fojas información que puede afectar no sólo los negocios ilegales con medicamentos de alta complejidad alterados si no también la connivencia del Estado y algunos sindicatos en esta operación. De todo esto habló Lorenzo en los últimos ocho meses mientras creía que nadie lo escuchaba.


En la causa también pueden llegar a estallar nuevamente el tema de los aportes de campaña en el 2007 a la presidenta Cristina Fernández, ya que en las escuchas telefónicas a Néstor Osvaldo Lorenzo, el empresario farmacéutico que es el principal acusado en la causa de la mafia de los medicamentos, constan conversaciones con Gabriel Alejandro Brito, titular de Global Pharmacy Services y aportante de 310 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.


Brito fue un hombre desesperado el año pasado. A pesar de que no lo reveló públicamente, cuando su nombre apareció como donante a la campaña de Cristina, pidió audiencia con el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, para pedir ayuda. Lo recibió un asesor que le recomendó ir a la Justicia y hacia allí fue este empresario, que quebró en octubre de 2008 y que tenía entre su principal acreedor a la cooperativa de crédito Vernet. Su sede estaba en el segundo piso de 25 de Mayo 293, cuatro niveles más abajo que la cueva financiera que funcionaba en el consulado de Guinea Bissau, a la que iban a cambiar cheques el asesinado Sebastián Forza y muchos otros titulares de droguerías. Vernet estaría vinculada directamente con Lorenzo, según fuentes del mercado de los medicamentos. En ese sentido, se presentarán hoy para sumar pruebas al expediente la ex ministra de Salud Graciela Ocaña y el senador provincial Santiago Nardelli.


¿Por qué Brito dijo que no aportó, pero su nombre aparece en el informe de financiamiento? La respuesta parece estar, otra vez, en Lorenzo. En noviembre del año pasado, la Policía Federal llegó, por orden de Oyarbide, a la casa del empresario en Senillosa 957 y encontró una carpeta que tenía escrito en la carátula “Aportes a la campaña 2007”. En su interior había recibos por 945 mil pesos entregados para la candidatura de Cristina Kirchner. A pesar de que su nombre no aparece en el listado de aportantes, Lorenzo tenía en su poder los recibos y las copias de los cheques donados por personas y empresas de su entorno y también los recibos pertenecientes a los aportes de Global Pharmacy.

Una causa que deja al desnudo los contactos del poder político, sindical y judicial con la mafia de los medicamentos, y que puede llegar a traer consecuencias judiciales inimaginadas para muchos de los personajes más influyentes de nuestro país, y que puede llegar a a acabar con uno de los negocios más millonarios de la Argentina en los últimos tiempos, y que mueve millones de dólares anualmente.

GRACIELA OCAÑA

ZANOLA TAMBIÉN ES CÓMPLICE DE LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

La ex ministra de Salud apunta contra el titular de La Bancaria, al que acusa de confundir "lo público y lo privado". Pide investigar los fideicomisos y anticipa que habrá más pesos pesados en la causa por remedios truchos.

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña consideró ayer que el sindicalista Juan José Zanola es, como mínimo, “cómplice” de la mafia de los medicamentos y aseguró que el dirigente de los bancarios confunde “lo público y lo privado” con su particular manejo del dinero de la obra social de su gremio.


–Además del empresario Néstor Lorenzo, a quien usted denunció y que aportó casi un millón de pesos a la campaña kirchnerista, ¿qué otras personas están involucradas en el negocio irregular de remedios?

–Lorenzo ya estuvo involucrado en los años noventa en la venta de leche en mal estado, la leche de Vicco, que debía ser destinada a un plan materno infantil. Con esto quiero decir que es un hombre que hace años que trabaja con una red de personas que seguramente tienen un importante grado de impunidad.


–¿Quiénes son esas personas?

–Gente que se apropia de los medicamentos y que lo hace pasar por la “lavandería” –o sea, que rehacen su caja y falsifican su fecha de vencimiento– para volverlos al mercado.


–No me dio nombres aún.

–Lorenzo hacía negocios con Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen; con Vilán, el que se suicidó; Unifarma; Romano; Capaccioli... Los nombres son siempre los mismos. Hay que mirar para ahí.

–¿Podía funcionar esa red sin la complicidad del Gobierno?

–Yo comparé a Lorenzo con Yabrán porque es un personaje que hacía negociados anónimamente gracias a los contactos, sobornos y aprietes. Usted me pregunta si hay complicidad del Gobierno y yo le digo que ya apareció involucrado Alberto Costa, un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires. Si lo echaron de su cargo, alguna responsabilidad debe tener. Seguramente van a aparecer nuevos involucrados de peso.

–¿Quiénes?

–En eso está la Justicia. El juez Oyarbide dijo que las grabaciones son reveladoras. Hay que fijarse bien en el fideicomiso que crearon Zanola, titular del gremio bancario; el propio Lorenzo, y también Néstor Vázquez, un hombre de José Luis Lingeri que viene de los años noventa, pero que con Kirchner también cumplió funciones importantes.

–¿Y que hacían con ese fideicomiso?

–Lo que ingresaba a ese fideicomiso beneficiaba a dos empresas: a una gerenciadora que trabaja toda la parte de salud, y a la droguería San Javier, la de Lorenzo, la de Forza, que se ocupaba de la provisión de medicamentos. Luego del triple crimen la sacaron y pusieron a otra de las “sociedades máscara” de Lorenzo.

–¿Usted dice que Zanola, como mínimo, es cómplice de la mafia de los medicamentos?

–Claro. Acá hay una gran complicidad del señor Zanola. San Javier proveía a otras obras sociales, pero básicamente a la Bancaria. El fideicomiso garantizaba el negociado.

–Esto sucede desde antes de su gestión. ¿Se puede inferir que los ministros de Salud fueron cómplices o hicieron la vista gorda?

–Creo que antes había una mirada de la Justicia que era denunciar los hechos uno a uno, como si fueran aislados. Los actores siempre eran los mismos. Que ahora sea la Justicia la que determine el grado de complicidades.

–¿Zanola es el único “cómplice” entre los sindicalistas?

–Hay sindicalistas que se apropian del dinero de los trabajadores. Zanola se confunde entre lo público y lo privado. La esposa de Zanola maneja la Policlínica Bancaria y a la vez tiene empresas que son prestadoras de la Policlínica. Y no es lo único. La esposa de Moyano maneja la gerenciadora de la obra social de camioneros. Droguería Urbana, que le provee a la obra social de camioneros, era de la misma gente de Forza.

–¿Me está respondiendo que Moyano hace lo mismo que Zanola?

–Le estoy respondiendo que la Justicia tiene que investigar.

Crítica Digital