
En esta trama de remedios adulterados, sobreprecios, contrataciones directas, tráfico de drogas, aportes a campañas presidenciales y negociados millonarios –que empieza a ramificarse con una lógica fractal y hoy golpeó a la administración de Daniel Scioli- sorprende la recurrente aparición de un nombre: Alejandra Rafuls.
Esta poderosa consultora de comunicación, especializada en personajes de la política tan disímiles como el kirchnerista Florencio Randazzo, el bonaerense Carlos Stornelli o el macrista Guillermo Montenegro, comenzó en los negocios grandes de la mano de su marido, el ex secretario de Coordinación Económica del alfonsinismo, Jorge Gándara, de estrechos vínculos con Enrique Nosiglia.
Gándara se convirtió luego de su paso por el gobierno en un hombre de consulta del ya entonces titular del gremio de bancarios, Juan José Zanola. Tan fuerte era su presencia en el entorno de este sindicalista que en el gremio bancario se hablaba del “Grupo Gándara”, como una organización paralela con puestos claves en toda la estructura gremial y en la obra social, que respondía directamente a Zanola.
Sin embargo, en un comportamiento que luego se haría norma, ni Alejandra Rafuls ni Gándara ocupaban cargos formales en el gremio bancario. “Siempre se cuidaron que la firma la pusieran otros”, afirmó
En aquellos años de negocios florecientes, Zanola se enorgullecía de su obra social “La Bancaria”. La mala administración y ciertos negocios perjudiciales para los afiliados terminaron colocando a esta institución en una delicada situación financiera, lo que motivó la designación de Víctor Alderete como interventor, por decisión del entonces presidente Carlos Menem.
Lejos de perder influencia, el desastre en la obra social bancaria que motivó su intervención terminó beneficiando a Rafuls, que trabó una excelente relación con Alderete a quien acompañó en lo que sería una de los contratos más grandes de su carrera: el manejo de la comunicación del Pami.
Cuando Rafuls estaba en La Bancaria, su consultora (que por entonces se llamaba RKL) subcontrató a otra empresa llamada AB, que se encargó de la comunicación gráfica, e imprimía todos los materiales de la obra social. Cuando esta empresaria pasó al Pami junto a su nuevo amigo Alderete, ya con presupuestos casi ilimitados, volvió a subcontratar a la firma AB, que una vez más se encargó de la impresión de folletos.
De ese época le queda uno de sus peores recuerdos, entre otras denuncias contra Alderete, el ex titular PAMI fue procesado por el delito de administración fraudulenta por haber contratado a la consultora AB para la impresión del célebre "Libro verde", un panegírico que Alderete repartió entre los funcionarios a manera de "resumen" de su gestión.
El juez Claudio Bonadío, que llevó la causa, entendió que Alderete no debía haber contratado a AB: "Las tareas entusiastamente encargadas a AB Grupo Comunicación -escribió en su fallo el magistrado-, pudieron y debieron haberse llevado a cabo por el personal del INSSJP", dijo en referencia a la sigla real del organismo por aquellos años. Las sospechas que sobrevolaron la Justicia es que en esos contratos a terceros podrían haber existido pago de sobreprecios, como recuerda una investigación del diario Río Negro.
Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la causa no afectó a Rafuls ya que su nombre no aparecía en ningún expediente, aunque si derivó en el procesamiento de una de sus más estrechas colaboradoras.
No deja de sorprender la increíble coincidencia que plantea el hecho de que esta mafia de los medicamentos comenzó a trascender cuando Ocaña llegó al Pami y empezó a nombrar al “Yabrán de los medicamentos”, como bautizó a Néstor Lorenzo, nombre que vuelve a surgir cuando estalla el escándalo de la obra social bancaria.un directivo de esa organización gremial. Cuidado que Rafuls no exendió a sus empleados y fue así que una de sus más leales colaboradoras terminó procesada por la justicia.
Como sea, el lobby de Rafuls –y sobre todo de su discreto marido, Jorge Gándara-, excede largamente la comunicación. Con fuerte llegada en determinados despachos de jueces federales –en Comodoro Py todos mencionan su buena sintonía con Ariel Lijo, además de la conocida con Montenegro a quien impulsó para el gobierno de Macri y continúa asesorando-.
Pero acaso el amigo que más contribuyó a su éxito empresarial haya sido el eterno operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, que entre otros clientes le acercó al dueño del Banco macro, Jorge Brito; y al presidente de River, José María Aguilar, dos buenos amigos del ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín.
El nombre de Alejandra Rafuls provoca en el mundo de los medios y las consultoras de prensa una serie de emociones -en su mayoría negativas-, pero nunca la indiferencia. Muchos circunscriben su influencia a las empresas del grupo Hadad, y señalan que la mayoría de sus clientes terminan rodeados de escándalos y con problemas en la Justicia.
Otros sin embago, le reconocen cierta capacidad para morigerar crisis severas, aunque sea por un tiempo. "Ella no está más con la bancaria, si Zanola siguiera siendo su cliente, los medios no lo destrozarían como están haciendo", exageró ante una fuente del sindicato.
STORNELLI: JUEZ Y PARTE
La relación de Rafuls con Stornelli se suma al largo catálogo de delicados vínculos que esta consultora mantiene con hombres destacados de la función pública y que agravian el mínimo sentido de la higiene. Es que esta empresaria sumó la operación de prensa de Stornelli cuando este asumió como ministro de Daniel Scioli, pese a que este ex fiscal, la estaba investigando.
Stornelli tenía la causa que acusa a sindicalistas de haber estafado al Banco Mundial, en la que constató que Rafuls cobró un millón y medio de dólares de la Asociación Bancaria, incluida en un crédito internacional destinado a la “modernización de obras sociales”.
Stornelli llegó incluso a solicitar la indagatoria de Rafuls, hecho que al parecer no le planteó ninguna contradicción a la hora de confiarle el manejo de su imagen pública y la relación con los medios.
En su último libro, Propaganda K, María O’ Donnell, repasa brevemente la biografía profesional de Alejandra Rafuls:
* Fue productora en Radio Splendid, cuando la emisora se encontraba bajo el control del radical Enrique Nosiglia.
* El periodista Horacio Verbistky la vinculó en esa tarea, con una de las operaciones de prensa más infames que se recuerden: aquella que adjudicó al fallecido hijo de José Iglesias, haber sido quien arrojó la bengala que produjo el incendio de ese boliche.
* Al mismo tiempo asesoraba al Casino Flotante de Puerto Madero de estrechísima relación con Ibarra, a través del entonces director del Banco Ciudad, Pablo Maggioli.
* Casada con Jorge Gándara, un radical vinculado a Nosiglia, fue contratada por Víctor Alderete, el ex titular del PAMI.
* Tiene una relación privilegiada con Daniel Hadad.
* Por sus oficinas pasaron una amplia cartera de clientes: el banquero Jorge Brito; el salteño Juan Carlos Romero; el tucumano José Alperovich; y Héctor Colella, el heredero de Alfredo Yabrán.
* Esa estructura operativa fue contratada por el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañez, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa se sintió acosado por las investigaciones sobre el pago de sobornos en el Senado.
* Experta en misiones imposibles, Rafuls promovió -y fracasó estrepitósamente- la candidatura presidencial de Jorge Sobisch, una de las más costosas que se recuerden.
Alderete, Zanola y la “solidaridad”
El paso de Víctor Alderete como interventor en el ex Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB), dejó un pésimo recuerdo entre sus afiliados. Investigado por el entonces juez federal Adolfo Bagnasco, se lo acusó del desguace de esa obra social, cuando decidió la transferencia de 470.000 afiliados e inmuebles -por más de 20 millones de pesos- en favor de la actual Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), también conocida con el paradójico nombre de "Solidaridad" –para una prestadora acusada de entregar a sus pacientes medicamentos adulterados- y cuyo titular es el propio Zanola.
Alderete fue denunciado por la presunta comisión de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio del Estado, por esa tarea que le encomendó Menem.
Para los querellantes, la desaparición del ISSB fue parte de una maniobra que involucra más de 2000 millones de pesos. Según surge de la denuncia, todo habría sido armado para que los bancos dejaran de aportar el dos por ciento sobre los intereses y comisiones que les correspondía por ley y para favorecer a la OSBA.




