jueves, 24 de septiembre de 2009

CÓMO FINANCIAN EL PLAN "KIRCHNER 2011" CON FONDOS PARA COOPERATIVAS

Las sospechas son en torno al Plan de Ingreso Social con Trabajo que anunció Cristina en agosto. Son $1.500 millones para delegar obras menores en cooperativas que adjudican los municipios. Aunque los trabajos no se terminan, funcionarios municipales firman los certificados a cambio de “retornos”. El pago es la fidelidad a Kirchner, a quien ya le organizan actos para lanzar su carrera presidencial. La mirada sobre Emilio Pérsico.
La campaña presidencial Néstor Kirchner 2011 parece que ya tiene adjudicados los primeros fondos oficiales de financiación. Según una dura denuncia que están lanzando desde agrupaciones sociales no alineadas a la Casa Rosada, el Plan de Ingreso Social con Trabajo de 1500 millones de pesos que anunció Cristina Kirchner hace un mes tiene como destino final, mediante un circuito perverso y habitual de clientelismo, asegurarle al ex presidente la fidelidad de los denominados piqueteros K y de varios intendentes del conurbano bonaerense.

Unas veinte organizaciones sociales realizaron ayer una marcha articulada con cortes simultáneos en los accesos a la Capital Federal y en otras trece provincias para denunciar la existencia de un “manejo clientelar” en el plan de 100 mil nuevos empleos que la presidenta presentó el 14 de agosto pasado.

Ese proyecto se encuentra recién en un “plan piloto” del Ministerio de Desarrollo Social denominado PRIST (Programa Ingreso Social con Trabajo). A través de él y por intermedio de las distintas municipalidades, el área que comanda Alicia Kirchner baja fondos a los intendentes para que estos, a su vez, deriven la inversión a cooperativas locales. Su trabajo es realizar obras menores y no calificadas, como ser el barrido de calles, arreglo de plazas o hasta recolección de basura.

La Política Online viene denunciando la situación que se dio en Almirante Brown, donde un funcionario del intendente Darío Giustozzi tuvo que renunciar por el manejo de estos planes.
El círculo vicioso
Básicamente, lo que hacían era entregar el trabajo a una cooperativa a dedo, previo acuerdo con un puntero kirchnerista y fiel. La remuneración pautada para cada trabajador de la cooperativa social era de 800 pesos. Cómo de esa plata se quedaba un “peaje” el puntero en cuestión, empezó a generarse un fuerte malestar en los cooperativistas, que se cansaban y abandonaban las obras.

Cuando la municipalidad enviaba un inspector para verificar el fin de obra y así poder pagarle a la cooperativa, se anoticiaba de que la obra no se había terminado. Ahí venía el acuerdo: el funcionario en cuestión entregaba el certificado de obra a cambio de un “retorno” del dinero que debía cobrar la cooperativa. El pago con “mano de obra” que deberían dar las cooperativas es mandar a su tropa a los actos kirchneristas para la pelea por la sucesión de Cristina. Todo, mientras un amplio grupo de agrupaciones piqueteras “alineadas” ya mueven sus piezas y organizan un acto para el lanzamiento oficial de Kirchner 2011. Una jugada típica del clientelismo del PJ bonaerense con los pobres.

“Lo que sospechamos es que hay un acuerdo político del gobierno de Kirchner con los intendentes y los piqueteros alineados de cara al 2011. Son 1.500 millones para cooperativas que, como dicen, nunca terminan los trabajos pero la plata les llega igual. Otra parte, va a los intendentes. Ahí cierra el círculo”, pensó en voz alta una fuente bonaerense que investiga este círculo perverso.

La previa al plan de Cristina fue el PRIST, que según fuentes piqueteros consultadas por La Política Online manejó personalmente Emilio Pérsico, que en los papeles ocupa el cargo de subsecretario de Comercialización de la Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero que en el terreno real es el nexo directo del gobierno con los movimientos sociales que aún siguen encolumnados detrás de la figura de Néstor Kirchner.

Pérsico, el motor
Este medio dialogó con voceros del Frente Darío Santillán, uno de los que ayer marchó en la ciudad denunciando esta situación y que ya vivió en carne propia “la experiencia de acercarnos a algún municipio con algún plan de trabajo y ver cómo los punteros bajan con los camiones y te pasan por encima”.
“Antes del anuncio de Cristina se lanzó una prueba piloto que se llamó PRIST (Programa Ingreso Social con Trabajo), que estuvo a cargo de Pérsico. En Ezeiza nosotros conseguimos algún trabajo. Cuando charlamos con Pérsico él nos decía: `Vamos a saltearnos los municipios, hablen directamente conmigo´”, comentó la fuente piquetera. Esto fue hace dos meses.

Pero después del anuncio de los 1.500 millones, el PRIST dejó de depender directamente de Pérsico, sino que se empezó a girar a los municipios.
Con las intendencias como “filtro”, se empezó a preparar el terreno para la llegada del proyecto de Cristina, anunciado con bombos y platillos cuando el mismísimo Vaticano ponía el ojo en la desigualdad y la pobreza en la Argentina. Claro que Pérsico no quedó afuera del programa: lo relegaron al monitoreo de algunos municipios, como Almirante Brown o Lomas de Zamora, donde a su vez delegó esa función en su número dos en el Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

Ahí cambió la lógica. Si antes había que hablar con Pérsico para conseguir trabajos para las cooperativas, ahora las adjudicaciones pasaron a depender directamente de cada Municipalidad. Pero una cosa se mantuvo constante: las agrupaciones beneficiadas con los planes en cuestión fueron las que Pérsico acercaba.

Por eso, en Almirante Brown, el funcionario que debió dejar su cargo por estos manejos turbios respondía directamente a Pérsico, mientras que en Lomas todas las miradas apuntan a Navarro, diputado provincial del kirchnerismo. Este medio se comunicó brevemente con el funcionario y líder del Movimiento Evita, quien pidió una comunicación más tarde. No volvió a atender los llamados.

A los casos del Almirante Brown y Lomas de Zamora, otras fuentes sociales sumaron el caso de Presidente Perón. “En Guernica quisimos conseguir algún trabajo, pero no nos dejaron ni pisar”, explicaron a La Política Online desde ese distrito, subrayando que allí el intendente, Aníbal Regueiro, es la mano derecha de Oscar Rodríguez, ex jefe de la SIDE. “Es la derecha más nefasta”, cerró el vocero consultado con un alto grado de indignación.
CONFUSA DESMENTIDA
Desde el Ministerio de Desarrollo Social intentan desarticular las denuncias que apuntan al PRIST como un posible canal de clientelismo. Para ello, se basan en que el pago de sueldos –unos 1.350 pesos por mes- se hará mediante tarjetas, aunque reconocen que “las obras a encarar las designan los municipios” y que “los distintos actores de las localidades se inscriben en una preselección”, según informa hoy Página/12, un medio con excelente información oficial.

“La tarjeta puede ser un obstáculo pero no el fin del clientelismo. El universo privado del puntero empieza por a quién anota y a quién no”, opinó la escéptica fuente, recordando el caso del ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, quien impulsó la digitalización de los bolsones de comidas y acabó con los dos pies afuera del gobierno de Daniel Scioli.

“Queríamos ver las reglamentaciones del plan y nos decían que todavía no los tenían, las sospechas que tenemos son las mismas que tienen todos”. Comentaron voceros del Frente Darío Santillán, mientras detallaban cómo los municipios hacen la “preinscripción” recorriendo los barrios, lo que se traduce directamente como un mecanismo de filtrado. Con la lista en la mano, la asignación del trabajo se hace a dedo: “Lo digitan directamente desde el municipio”.

El ministerio que conduce Alicia Kirchner, según el diario oficialista, explicó el procedimiento por el que se van a otorgar los beneficios del programa. “Se coordina con los distintos actores de las localidades y se inscriben en una preselección, luego se cruzan con las bases de datos del Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social y del registro de efectores de la economía social. Después se evalúa si esa persona es vulnerable o no para poder ser monotributista social, la AFIP le da el número de CUIT y pasa a formar parte de una cooperativa de la economía social. Y una vez firmado el convenio con este programa y los municipios, las cooperativas comienzan las tareas”.

Cuando anunció el plan en Olivos, Cristina Fernández confirmó que se destinarían 1,5 millón de pesos al programa, y que las contrataciones del personal se harían por intermedio de las intendencias, pero aclaró que no se iba a permitir que existieran “rehenes de cualquier naturaleza” en el otorgamiento del beneficio.

Carlos Castagneto, titular de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional y jefe directo de Pérsico, se comprometió a comunicarse con este medio pero tuvo una jornada plagada de reuniones. Pero, en síntesis, esta información no hace otra cosa que confirmar que la tarea del reparto de los trabajos dependerá directamente de los intendentes, los cuáles esperan los “retornos” con los brazos abiertos.