viernes, 21 de mayo de 2010

LA CÁMARA ELECTORAL OBLIGA A LOS PARTIDOS A DEPURAR SUS PADRONES





Los partidos políticos deberán afrontar un desafío que dilatan desde hace tiempo. Se suma, además, a los requisitos que deben cumplir para adecuarse a la nueva norma de la Reforma Política, entre ellos tener 4 por mil afiliados por distrito para no desaparecer.
Es que la Cámara Nacional Electoral emitió ayer un nuevo fallo a través del cual exhortó a los partidos políticos a depurar los padrones partidarios a fin de sincerar las afiliaciones.
En la Argentina la cifra de afiliaciones venía aumentando desde 1983, cuando hubo una ola de afiliaciones masivas, y no se frenó en los últimos años, pese a la crisis de representatividad que se agudizó en diciembre de 2001. En el padrón de electores figuran hoy 23.313.000 argentinos, según datos oficiales de la elección 2009. Al mismo tiempo, la suma de los padrones de los partidos políticos nacionales alcanza 7.591.843 afiliados, lo que representa más de un 29% de todos los ciudadanos en condiciones de votar.


Ni los expertos, ni los funcionarios de gobierno, ponen en duda que el número de afiliaciones que tienen los partidos políticos se trata de una “ficción” que no concuerda con la cantidad de personas que participa tanto en la elección interna como en la vida activa de los partidos.
En este sentido, el fallo de la Cámara destaca que “la transparencia en los registros de afiliación se encuentra íntimamente relacionada al derecho de participación democrática, ya que afiliarse a un partido constituye la expresión plena del ejercicio de un derecho político al amparo del artículo N´ 37 de la Constitución Nacional”.
Por otra parte, el texto considera que “la permanente depuración y actualización de los registros y padrones de afiliados, resulta indispensable para garantizar su certeza y exactitud, de modo tal que aquellos reflejen adecuadamente la composición del cuerpo electoral partidario”.

El fallo de la Cámara Electoral llama a los partidos a que adopten las medidas necesarias tendientes a sincerar el estado de las afiliaciones pero que sea con las garantías correspondientes. La Cámara pone el acento en que el proceso de reafiliación debe responder al debido proceso legal: “Tales procesos requieren garantías a fin de que todos los afiliados estén en condiciones reales de manifestar su voluntad”, destaca el texto. Y apunta a que exista publicidad suficiente, en orden a lograr una adecuada y eficaz difusión”.
Asimismo menciona que es necesario establecerse “un trámite simple –que, por no tratarse de una nueva afiliación sino de la ratificación de la anterior, no se halla sujeta a nuevos requisitos ni es pasible de aceptación o rechazo por parte de la agrupación– y un plazo razonable –que, por consiguiente, no sea exiguo– para realizarla”.

Los plazos de la “Ley de democratizacion de la representación politica, la transparencia y la equidad electoral”, para que las fuerzas políticas se adecuen a los nuevos requisitos, vencen en menos de un mes.
La Cámara Electoral flexibilizará en los próximos días esos plazos, dando así un poco de oxígeno a los partidos pequeños que hoy están complicados para reunir la cantidad de afiliados.

"ES UNA CORRUPTA DE LO PEOR QUE HAY"

Raúl Castells, fundador y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, señaló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo es "una mascarada" para encubrir el "mayor negociado de dinero del Estado que termina en el bolsillo de los Kirchner".


Castells dijo que Hebe de Bonafini es "una corrupta de lo peor que hay y que forma parte de una banda de delincuentes mientras el pueblo chaqueño se caga de hambre", según sus declaraciones a FM Identidad.






“Han hecho un negocio con los derechos humanos y levantan la bandera de los derechos humanos pero de los muertos, en particular de los años 70, pero no respetan los derechos humanos de los vivos en el 2010”, acusó Raúl Castells, fundador y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), acerca de Hebe de Bonafini y su Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Castells,
en declaraciones al programa 'Esta Lengua es mía', de José Benegas por FM Identidad, señaló que las Madres de Plaza de Mayo son “la mayor caja de corrupción que tenga el Estado a nivel nacional…. Le han dado a Hebe de Bonafini y Sergio Shocklender la construcción de 14.000 viviendas sin ningún tipo de licitación… y son casas de 50 metros cuadrados con las paredes de telgopor”.

Denunció que se les adjudican sin licitación a un precio de $140.000 que “dejan $100.000 limpios de ganancias” y él especuló con que de ahí se derive dinero hacia gente del gobierno como el ministro Julio De Vido o el propio Néstor Kirchner.

A partir de esa situación “ha habido enfrentamientos a tiros y a la jueza Barretos le rompieron el coche, que tiene embargado en el Chaco los bienes y los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.

Castells agregó que “la impresión que nosotros tenemos es que el agujero por el cual se saca el grueso de la plata del Estado para fines ilícitos es el tema de la construcción de obras públicas en particular esto que sale del lado de Fundación Madres de Plaza de Mayo”.

En el Chaco son “1.700 viviendas más esto que le mencioné, tienen $288 millones, alrededor de setenta y pico de millones de dólares, de los cuales con los costos que tienen… con paredes de telgopor y techos de chapa, les deja algo así como $150 millones, $170 millones limpios, solamente en el Chaco, y solamente en el 2010. No puede participar ningún municipio, no puede participar ninguna empresa constructora”.

Respecto de las Madres de Plaza de Mayo, Castells dijo que “han bastardeado absolutamente todo, hoy es una mascarada para encubrir el mayor robo que se hace del Estado con fondos púlbicos, superior a cualquier negociado, ya sea desde las coimas de la comercialización con Venezuela o ilícitos de distinto tipo, hoy el agujero grande, de donde se saca la plata grande del Estado que termina en mano de los Kirchner, lo que se usa es la mascarada, han bastardeado y traicionado la sangre de miles de jóvenes que eran idealistas”.

Finalizó diciendo que “Bonafini es una corrupta de lo peor que hay y ha traicionado y bastardeado la sangre de sus hijos por los negocios del kirchnerismo” y “es una banda de delincuentes de la que ella participa mientras el pueblo chaqueño está cagándose de hambre”.

LOS LEGISLADORES NO LEEN LO QUE VOTAN

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad el rechazo a los dichos de Ernesto Sanz sobre la Asignación Universal.
Lo bochornoso es que los propios radicales votaron en contra del presidente del partido, por no haber leído los detalles de los proyectos.


Los senadores radicales respaldan a Sanz
y dicen que
"el kirchnerismo es sinónimo de corrupción"




La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad 4 proyectos de resolución donde se repudian las declaraciones vertidas por el senador nacional por la UCR, Ernesto Sanz, en referencia a la asignación universal por hijo implementada por el Gobierno Nacional.

Lo que resulta bochornoso es que los propios radicales votaron a favor de las resoluciones que rechazan de plano los dichos vertidos por el presidente del partido del cual forman parte.

En la sesión, el presidente del bloque del PJ, Carlos Bianchinelli pidió la aprobación de cuatro proyectos, los cuales se sancionaron por unanimidad. Tras esto, dijo: “Quiero agradecer la amplitud de criterio de la Cámara por haber respaldado el repudio a las declaraciones que hiciera Ernesto Sanz”.

Recién ahí los radicales comenzaron a darse cuenta lo que habían votado y comenzó un debate donde ambos bloques se acusaron mutuamente, por las prácticas legislativas utilizadas.

Si bien desde la UCR reconocieron que se equivocaron por no haber preguntado sobre lo que se votaba, aseguraron que esta situación: “rompe la confianza y los códigos”.

"Hay un principio legal que dice que ninguno puede alegar (como defensa) su propia torpeza", dijo el cobista Andrés Marín, quien después remató "y torpes podemos haber sido quienes habilitamos el tratamiento de los proyectos".

"El que avisa no traiciona pero se ve que esa metodología no se aplica", lanzó Alejandro Molero presidente del bloque UCR. Roberto Infante después añadió "nos hacemos cargo de lo nuestro".

Los justicialistas por su parte, sostuvieron “que no hubo picardía” porque en ese momento presidía la sesión el radical Roberto Infante, y porque se les consultó sobre los proyectos.

Antecedente escandoloso

En agosto de 2009, y por votar sin leer, el oficialismo aprobó un proyecto de Francisco De Narváez que bajaba las retenciones.

El hecho se convirtió en escándalo, ya que el oficialismo protestó diciendo que se trató de "un error". La realidad es que no habían leído lo que votaron.

El proyecto, del peronista disidente Francisco De Narváez, sostenía en su artículo 4 que queda exenta de retenciones la producción agropecuaria de 22 distritos bonaerenses de las retenciones. A la vez, la iniciativa indica que el cobro de derechos a la exportación se reducen al 50% en otros 15 distritos.

La ley fue votada en general por unanimidad en la Cámara de Diputados y ratificada en el Senado. Fuentes kirchneristas indicaron que "debe haber existido un error en la misma comisión de Agricultura y cuando pasaron el despacho, no habrán tomado el borrador donde estaba tachado ese artículo".

Azorado, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Alberto Cantero Gutiérrez, admitió que si se aprobó así en el Senado "hubo un error" porque la "instrucción" que había dado el oficialismo era que los beneficios por la emergencia agropecuaria se limitaran al pago de impuestos o créditos, pero no incluyeran las retenciones. "La instrucción que dimos fue que todo lo que estaba fuera de la ley 22.913 no debía ser incluido en la prorroga de emergencia", dijo Cantero Gutiérrez.

Este es sólo otro ejemplo que trascendió sobre la ignorancia de los legisladores acerca de lo que votan, pero debe haber muchos más que no han tomado estado público.

jueves, 20 de mayo de 2010

“EL DERECHO A ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN DERECHO HUMANO”

Así lo expresó el Director de los Programas de Justicia y Transparencia del CIPPEC en la jornada sobre transparencia y acceso a la información que se realizó en Rosario.

Funcionarios provinciales, legisladores, representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, docentes y alumnos participaron de la jornada sobre transparencia y acceso a la información pública que se llevó a cabo en Rosario, en el marco del Foro Democracia de Santa Fe coordinado por la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia.

El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UNR y contó con la disertación del Dr. Manuel Garrido, Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

La presentación estuvo a cargo de la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Griselda Tessio, quien comenzó remarcando “la necesidad de pensar estrategias para transformar en transparente los actos de gobierno en una democracia”.

“Para construir ciudadanía necesitamos transparencia y un derecho garantista, porque el derecho que no sea garantista no es derecho y la democracia que no esté asentada sobre el derecho legítimo, no es democracia”. En este sentido, la vicegobernadora agregó: “Al concepto de una democracia moderna, organizada alrededor de aquella vieja idea del siglo XVIII pero fraguada en el siglo XIX del estado-nación, se accede con el pensamiento de que no puede haber actos secretos, ya que eso es propio de las monarquías o de las dictaduras. Los actos del poder administrador son actos públicos”.

Por último, Tessio mencionó a modo de ejemplo algunas acciones que se llevan a cabo en este sentido desde la Presidencia del Senado, como la publicación en la página web institucional de todos los subsidios otorgados por la Presidencia, el listado del personal de planta permanente y autoridades superiores de la Cámara, como así también de los colaboradores de la Vicegobernación. Y abogó por la pronta sanción de una ley de acceso a la información pública en la provincia de Santa Fe: “Tenemos que revertir esa posibilidad, tenemos que abrir las puertas de la comunicación porque también vale decir que no hay democracia sin participación ciudadana y esa es una forma de participar”.

Informarse para poder ejercer derechos

Garrido inició su exposición aclarando que haría hincapié en algunos casos en los que actuó como fiscal. Cabe destacar que fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas; Director de Investigaciones y Jefe de la Oficina Anticorrupción; secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; y es fundador del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de la República Argentina.

En primer lugar remarcó la conveniencia de separar los conceptos de transparencia y acceso a la información del de corrupción, ya que “la transparencia tiene más que ver con el ejercicio de la ciudadanía”, y que si bien esto tiene como efecto una disminución de la corrupción, no hay que confundirlos.

"El acceso a la información posibilita empoderar a la ciudadanía para ejercer sus derechos y es uno de los puntos de una agenda de transparencia: hay otros objetivos que todavía son agenda pendiente en Argentina".

Remarcando la importancia de garantizar el ejercicio de este derecho, Garrido fue contundente: "El derecho de acceso a la información ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es un derecho humano". En este sentido, explicó que los derechos humanos sólo pueden restringirse de manera excepcional cuando esos límites sean necesarios en una sociedad democrática. Por lo tanto, "si no tenemos una regulación clara y expeditiva para acceder a esa información estamos violando un derecho humano", dijo el miembro del CIPPEC.

Brindando su experiencia a través de varios casos, como los de solicitud de información al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre los beneficiarios de ayudas sociales, sobre la pauta publicitaria del gobierno nacional, o sobre el listado de jueces subrogantes en la Justicia Federal, Garrido reconoció que si bien la mayoría pueden considerarse con saldo negativo de acuerdo a la información obtenida, sí posibilitaron adquirir experiencia sobre lo deseable en materia de transparencia y acceso a la información. “Las normas que elaboremos deben ser lo más taxativas posible en cuanto a las excepciones”, dijo ejemplificando con el caso de la solicitud del CIPPEC al Ministerio de Desarrollo Social, que fue denegado porque el estado consideró que era información sensible.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que estas políticas tengan continuidad en el tiempo y de trabajar en una ley que apunte al reconocimiento con amplitud del derecho a acceso a la información, que debe dirigirse a la máxima divulgación, y remarcó la importancia “de la existencia de una autoridad autónoma que garantice el ejercicio de ese derecho”.

“La experiencia en estos años revela la importancia de la voluntad política para concretar el derecho de acceso a la información, no sólo a nivel normativo sino también en su ejecución”, finalizó.

miércoles, 19 de mayo de 2010

EL PLAN SILENCIOSO DE LULA PARA HACER FUERTE EL MADE IN BRASIL EN ARGENTINA

Primero sedujo a empresas nacionales con subsidios atractivos.
Luego vino la ola de compras de compañías locales.
Ahora, de manera sigilosa, despliega su artillería para hacer crecer a la industria brasileña en territorio argentino.
¿Por qué empresarios hablan de dumping encubierto?
La operatoria



El mítico Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) históricamente fue señalado como un verdadero ejemplo de la sólida política de Estado del país vecino.

De hecho, constantemente los empresarios argentinos lo toman como el modelo “a copiar” a la hora de diseñar una entidad 100% orientada a apoyar el desarrollo de negocios.

Sin embargo, así como para algunos el BNDES es considerado como el “Santo Grial”, la realidad es que hoy comienza a despertar cada vez más temor entre directivos de compañías nacionales, que ahora lo ven como un “enemigo silencioso” que ya está dando los primeros pasos para operar en la Argentina con un único objetivo: fomentar las exportaciones con sello “made in Brasil” hacia el mercado local.

En efecto: industriales y directivos de bancos alertaron a iProfesional.com que el coloso brasileño -que en 2009 otorgó créditos por un total de 97.000 millones de dólares-, ya comenzó a desplegar una agresiva estrategia, basada en otorgar préstamos baratos a firmas argentinas.

¿Cuál es la exigencia que tendrán que cumplir los empresarios locales a cambio? Únicamente podrán destinar el dinero a la compra de productos fabricados en Brasil para luego ser traídos al mercado doméstico. Esto es, para muchos empresarios, un dumping encubierto.

El “anzuelo” consiste en tasas de interés muy competitivas que estarán apoyadas, justamente, en subsidios del propio BNDES, a los que ahora podrán acceder ejecutivos locales y no sólo aquellos que ya se ven beneficiados en el país vecino.

Tal como confirmaron desde diversos bancos locales, en el mes de junio comenzarán a estar operativas estas líneas que, en un primer momento, estarán orientadas a la compra de bienes de capital de origen brasileño pero que, en una segunda etapa, podrían ampliarse a piezas, accesorios, insumos y hasta camiones y camionetas.

Un ejemplo: si un empresario local desea financiar la compra de una máquina fabricada en el país, estará sujeto a condiciones de tasa y plazos impuestos por el mercado doméstico. Si en cambio opta por la adquisición de la misma máquina, pero fabricada en Brasil, puede acceder –vía un banco brasileño con sede en la Argentina- a un interés un 60% más barato, en promedio, y plazos más extensos.

Estas “ventanillas” del BNDES en la Argentina, para quien compre productos del país vecino, según pudo saber este medio, posteriormente se extenderán a entidades de todo origen.

Es así como, para algunos fabricantes locales esto implicará, claramente, un potencial daño a la industria nacional, ya que temen que aquellos empresarios que necesiten equiparse e invertir, comiencen a volcarse por bienes producidos en el país vecino.

Incluso, algunos hasta hablan de que se trataría de una maniobra que roza el dumping, una práctica prohibida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que consiste en vender en el país de destino -en este caso la Argentina- un producto a un valor por debajo del precio en el mercado de origen -Brasil-.

Más allá de la polémica, lo cierto es que, según los expertos, esta jugada es la tercera fase de un plan agresivo e integral. Así, al mix de estrategias que ya venía aplicando Brasil con fondos del BNDES, -esto es “llevarse” empresas nacionales con subsidios atractivos para que se radiquen en su territorio, o comprar compañías argentinas pertenecientes a sectores clave-, ahora se suma este plan para fomentar el “made in Brasil” directamente desde la propia Argentina.

Tasas ultracompetitivas

Actualmente, el nivel de tipos de interés para los clientes que acceden a las mejores condiciones (exportadores, principalmente) puede rondar el 5% en dólares o el 17% en pesos.

Sin embargo, estos niveles pasarán a ser "caros" si se los compara con los que, a partir del mes próximo, empezarán a ofrecer algunas entidades gracias a los subsidios de origen brasileño. Según adelantaron, las tasas de estas líneas respaldadas en “megafondos” del BNDES, a la que podrán acceder ejecutivos locales, sí y sólo sí compran e importan productos de Brasil, partirán de un 2% en dólares.

Un ejecutivo de banca corporativa de un banco de capitales europeos, que pidió mantener su nombre en reserva, se mostró muy preocupado: “Son tasas difíciles de empardar para el promedio del mercado local”.

La moneda en que estarán nominados los préstamos es el dólar, por lo que si bien estos créditos baratos estarán accesibles para todos, su foco estará puesto en clientes argentinos que tengan perfil exportador.

Pero no todo es cuestión de bajos costos: hay otro atractivo adicional, sumamente importante a la hora de encarar inversiones a gran escala, y es que los plazos que darán serán mayores: ofrecerán hasta cuatro años para cancelar el préstamo, algo imposible de igualar en la actualidad, si se tiene en cuenta que el promedio del mercado es de apenas de 24 meses.

Desde la filial argentina del Banco Itaú, Glauber Ruffo Semino, gerente de Productos Internacionales, confirmó que actualmente el departamento de riesgo del BNDES ya está analizando los contratos para aprobar las líneas que operará cada banco.

El plan de créditos "baratos" que maneja el Itaú, y que presentará en sociedad en las próximas semanas, estará compuesto por la Libor (0,45%) más un 1%. A este número, luego se agregará un cargo que variará según el nivel de riesgo del cliente. Ese costo adicional puede ir desde medio punto porcentual para las firmas de primera línea hasta tres puntos para las Pyme.

"Es un producto que no tiene competencia directa, porque hoy un empresario argentino que quiera acceder a un préstamo a pagar en cuatro años no tiene oferta disponible en el mercado”, afirmó el ejecutivo del Itaú.

Cabe destacar que los créditos con alma "verdeamarelha" no serán exclusivos de entidades de capitales brasileños. Por el contrario, el BNDES está saliendo a ofrecer estas líneas subsidiadas a todo tipo de bancos. Eso sí: siempre a cambio de fomentar la industria de su propio país.

En medio de la polémica que desató esta iniciativa, Semino intentó bajarle el tono: “Esto es una forma de apoyar a los empresarios argentinos más allá de los exportadores brasileños. El exportador quiere cobrar al contado, y el importador quiere pagar a crédito, y lo que hace el BNDES es brindar esa ventaja directamente en la Argentina".

A la caza de empresas nacionales

Si bien los créditos recién estarán disponibles a partir de junio, la realidad es que algunas entidades ya salieron a “cazar” clientes, adelantándoles las ventajosas condiciones que tendrán las líneas subsidiadas desde Brasil en el mercado interno.

En este contexto, Roberto Lenzi, presidente de la Cámara de Industrias Refrigeradas y Aire Acondicionado, y además titular de Briket, una de las principales fábricas de heladeras de la Argentina –con una producción de 700 unidades diarias-, confirmó a este medio que ya fue “tentado” con esta suerte de “preventa” por parte de un banco de primera línea.

“Estamos gestionando un crédito de 1 millón de dólares para renovar la fábrica pero hasta ahora nos fue imposible. Los bancos nacionales me están ofreciendo apenas u$s200.000. Yo necesito invertir para ampliar la producción y cambiar máquinas, que tienen más de cinco años de uso y así es inviable. Pero desde un banco brasileño ya me adelantaron que espere unas semanas, que no tome ningún crédito en otro lado, porque iban a tener una alternativa muy conveniente, con baja tasa, a largo plazo y por el monto que yo necesito. Eso sí, únicamente la máquina que tengo que comprar es de origen brasileño”, explicó el titular de la compañía.

En la misma línea, Hugo Ganim, presidente de la Cámara de Fabricantes de Artefactos de Gas (Cafagas), que nuclea a empresas como Orbis, Longvie, Gafa y Escorial, destacó que “tenemos conocimiento de que hubo negociadores brasileños que vinieron a la Argentina para implementar líneas directamente con fondos del BNDES".

¿Práctica legal o dumping?

Esta situación ha llamado la atención de los industriales y economistas argentinos, que consideran la política crediticia brasileña como algo asimilable a un "dumping vía tasas", ya que su consecuencia práctica es el abaratamiento de los productos que entran desde Brasil y que pueden, de esa forma, “morder” el market share de industriales locales.

Desde Brasil, se niega de plano cualquier posibilidad de que esta situación infrinja algún acuerdo comercial o que sea comparable con esta modalidad prohibida por la OMC.

“Nada más lejos de nuestra intención. Esto es conceptualmente algo muy distinto, ya que no vendemos por debajo del precio del mercado, y además se benefician simultáneamente el vendedor brasileño y el comprador argentino, que a su vez es un exportador que gana competitividad”, argumentó el directivo del Itaú.

En la misma línea, el ejecutivo de banca corporativa de un banco de capitales europeos sostuvo que “la aplicación de estos subsidios al crédito no constituye una infracción a las normas del Mercosur”.

Sin embargo, advirtió que “hacen bien en preocuparse los proveedores argentinos, porque ahora pasará a ser más atractivo comprar productos brasileños” atados a tasas bajas.

Al respecto, Gregorio Hernández, gerente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la Producción (Carmahe) alertó que la nueva “ventanilla” del BNDES en el país puede afectar a su industria: “La preocupación por la política agresiva de Brasil es histórica y siempre está a la orden del día. Y este tipo de acciones muestra que ellos nunca descansan, siempre salen a dar pelea, buscando alternativas para ser más competitivos”.

El directivo agregó que la financiación que otorga Brasil no tiene rivales: "En la Argentina conseguir un crédito para invertir y comprar bienes de capital es muy difícil. Por eso, estamos preocupados, tenemos que evitar a toda costa que esto impacte en nuestras industrias y nos dejen sin trabajo”.

El gerente de Carmahe, además, recalcó que este desembarco silencioso del BNDES en la Argentina “obedece a que Brasil tiene una política industrial firme. Acá trabajamos muy a los ponchazos, necesitamos ya mismo un plan sustentable para que el financiamiento deje de ser un problema”.

El BNDES se prepara para el “batacazo”

Si bien será el Itaú el primero en llevar la punta de lanza de los créditos baratos, este plan que está desplegando el coloso brasileño está por pasar a un nivel superior: desde sus oficinas de San Pablo, el analista internacional y CEO de la consultora Center Group, alertó que el desembarco del Banco do Brasil en el Patagonia tiene como uno de sus principales objetivos ayudar a la consolidación de la industria brasileña desde la propia Argentina.

“Es evidente que, a partir de la compra del Patagonia, las empresas locales van a tener mucho más acceso a líneas de financiamiento con fondos del BNDES. Es inevitable: este banco se va a convertir en la gran puerta de acceso para los bienes de capital fabricados en Brasil”, alertó.

Para el experto, hay una razón muy clara que fundamenta que el Patagonia pase a ser parte de esta agresiva estrategia de créditos baratos: su controlador, el Banco do Brasil, es el principal colocador de fondos del BNDES en el país vecino.

Los que más pueden perder

De acuerdo a Segré, “unos de los más afectados serán los fabricantes de maquinaria agrícola”, dado que todas las grandes marcas de cosechadoras y tractores -multinacionales de la talla de John Deere-, tienen sus fábricas instaladas en tierras de Lula da Silva y desde allí exportan a la Argentina.

En este contexto, José María Alustiza, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), se mostró muy preocupado por este plan de créditos baratos ya que la única línea que financia la compra de equipos nacionales con subsidios del Banco Nación, hasta ahora no está operativa, y este es un momento crítico, dado que los productores ya están con la mente puesta en invertir de cara al año próximo, alentados por una nueva “megacampaña”.

Por otra parte, Segré alertó que la iniciativa no estará circunscripta a bienes de capital únicamente, sino que, en una segunda etapa, los beneficios del crédito barato "verdeamarelhos" estarán también disponibles para que una empresa argentina pueda comprar partes, piezas e insumos clave para la fabricación de bienes de consumo final.

“La estrategia es sólida y seria. Cualquier producto exportable de Brasil con valor agregado tiene potencial para ser financiado en la Argentina con fondos del BNDES”, sostuvo Segré.

Un país “agresivo” por naturaleza

Si bien la medida tomó por sorpresa a muchos industriales, para los expertos no sorprende si se la analiza a la luz de la situación económica brasileña.

Sucede que, preocupado por el impacto negativo que sufrió la balanza comercial ante la apreciación del real, desde comienzos de año el gobierno del presidente Lula está impulsando medidas para apoyar a los exportadores. Y a cualquier precio.

De hecho acaban de lanzar un paquete de medidas que incluyó la creación de un fondo de u$s6.800 millones, la devolución de tributos y la creación de una nueva línea de créditos en el BNDES por u$s3.980 millones

Cabe resaltar que la institución ha jugado un rol fundamental en el desembarco brasileño en la Argentina: de los más de u$s12.000 millones que Brasil ha invertido para comprar empresas o iniciar emprendimientos en el país, una parte sustancial provino de sus créditos blandos.

Así, gracias al BNDES, los brasileños pudieron hacerse de empresas estratégicas como Quilmes, adquirida en u$s1.200 millones, Perez Companc Energía (u$s1.100 millones), Acindar (u$s240 millones) o el propio Banco Patagonia, por el cual el Banco do Brasil pagó u$s500 millones por una parte del paquete accionario.

En este contexto, el gerente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas Electromecánicas (Cadieel), Claudio Kramer, sintetizó lo que, hoy por hoy, sienten muchos ejecutivos argentinos: “La estrategia de Brasil me genera envidia. Tienen grandes recursos y los aplican en defensa y promoción de sus empresarios. Cada gobierno que llega al poder entiende que hay que poner todo en juego para promover la industria”.

“La política de Estado es asegurar fondos para que crezca el sector privado y, por lo tanto, el país. Acá, en cambio, tenemos políticas de Gobierno, pero espasmódicas, como poner trabas a las importaciones, retenciones a las exportaciones o demorar la devolución de reintegros”, disparó.

En la misma línea, Hernández de Carmahe, se quejó de que “en la Argentina hacen falta muchas inversiones y las industrias argentinas, por sí solas, no pueden desarrollarse, necesitan ayuda. Los brasileños tienen claro eso y aplican una batería de beneficios. Mientras tanto, acá los subsidios no existen y lo cierto es que tienen que implementarse cuanto antes, porque sino, corremos riesgos de ir quedando más y más relegados. Y eso es menos industria y menos empleos”.

EL REAL PONE NERVIOSOS A LOS EMPRESARIOS ARGENTINOS

La moneda del país vecino se mueve al compás de la crisis europea. Más allá de la apreciación de ayer, los industriales argentinos temen que un fortalecimiento del dólar haga más competitivos a sus competidores brasileños. Expertos analizan el futuro del real y su impacto en el “made in Argentina".




La crisis que vive la Eurozona, y que las autoridades del Viejo Continente intentan encapsular con el colosal fondo de 720.000 millones de euros, se asemeja a una gran superficie donde cada ficha que cae, genera un “efecto dominó” con importantes efectos.

Así, cada vez que estornuda Grecia, no sólo se contagia Europa. Los efectos también pegan en el dólar, impactan en el real y, por último, provoca temor entre los empresarios argentinos.

El miedo de los industriales locales es muy concreto: más allá de la fuerte apreciación que experimentó la moneda brasileña ayer, tras los anuncios del “megapaquete” del domingo, gran parte de los analistas señalan que el real indefectiblemente terminará el 2010 devaluándose.

Y esto, traducido en negocios, implicaría una clara desventaja para los empresarios locales. No es para menos, ya que parte del futuro del “made in Argentina” depende principalmente de dos factores: el férreo control de las importaciones y un tipo de cambio competitivo o, por decirlo de otra manera, un dólar y un real caro y, por lo tanto, un peso desvalorizado.

Y lo cierto es que, hoy por hoy, los industriales están más pendientes de la moneda brasileña que del billete verde. Esto se debe a que el país vecino hoy adquiere casi u$s4 de cada u$s10 de los productos industriales que exporta la Argentina y, como contrapartida, desde ese mercado se importa el 35% de todo lo que ingresa bajo ese gran rubro.

Y el “subibaja” en el que se embarcó el real en lo que va del año causó fuerte temor entre aquellos empresarios que dependen de un tipo de cambio ultracompetitivo, ya sea a la hora de salir al exterior o para hacer frente al ingreso de bienes importados. En efecto: la semana pasada, cuando la crisis helénica se desparramó como un virus sobre los mercados internacionales, el real se devaluó un 6% con respecto al dólar, siendo la mayor pérdida de valor en meses, como muestra la infografía





Sin embargo, tras el anuncio del “megafondo” europeo, este lunes la moneda brasileña se apreció casi un 4%, la mayor suba desde noviembre de 2008.

Esto no alcanzó para revertir la tendencia de todo 2010, dado que el real ya se devaluó casi un 2%, es decir que los hace más competitivos frente a los productos argentinos.

En este contexto, el economista Pablo Rojo destacó que “las monedas en el mundo cayeron y el real brasileño fue uno de los más afectados porque se produjo una suerte de flight to quality, que provocó que el dólar se convirtiera en el refugio por excelencia para los inversores. Sin embargo, el paquete que armó Europa evidentemente fue convincente y se revirtieron los movimientos de la semana anterior. En esto fue clave incluir al Banco Central Europeo, que ahora está habilitado para comprar deuda en el mercado, el último gran tabú que quedaba para llevar tranquilidad”.

Sin embargo, hasta antes de la apreciación de ayer, los empresarios argentinos, por varios días, estuvieron en una situación de alerta, pendientes del "minuto a minuto" de la moneda del país vecino.

En diálogo con iProfesional.com, Hugo Ganim, presidente de la Cámara de Fabricantes de Artefactos de Gas (Cafagas), que nuclea a empresas como Orbis, Longvie y Gafa, reconoció que los grandes rivales son los industriales brasileños y lo que suceda con su moneda es decisivo para su negocio.

“Hoy estamos más pendientes del real que del dólar, de eso no hay duda, porque ellos tienen una industria poderosísima y, con que se vuelvan un poco más competitivos, a nosotros nos puede perjudicar enormemente”, destacó.

Ganim reconoció que, cuando la semana pasada el real se devaluó, regresaron los temores de épocas que prefiere olvidar: “Nunca nos vamos a olvidar de lo que sucedió en el 99, cuando el real se devaluó y después nos pasaron por encima. Por eso todos los días miramos la cotización con mucha preocupación”.

”Si hubiese continuado la devaluación que se inició los otros días sería grave porque, apenas tienen un incentivo, los brasileños nos invaden el mercado”, disparó.

Por su parte, Raúl Zylbersztein, secretario general de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que nuclea a empresas de diversos sectores, como indumentaria, calzado, avícola y juguetes, aseguró que “todas estas oscilaciones nos hacen pésimo. Atentan contra nuestro negocio”.

Según el directivo, “el efecto serrucho que tiene la cotización del real provoca que desistan de importar desde la Argentina. Prefieren comprar en su propio mercado, pagar y cobrar en reales y no jugarse a importar más barato en nuestro país porque temen que la moneda se devalúe y después salir perdiendo”.

Sucede que, cuando se realiza una operación de venta internacional, el empresario en Brasil hoy en día corre el riesgo de pasar hasta 120 días expuesto a una potencial devaluación.

“Cuando el cambio está estable y se va moviendo lentamente, en forma tranquila, es más probable que haya más negocios que con estas estampidas bruscas. Esto directamente es una tómbola”, disparó Zylbersztein.

El directivo de la CGERA recalcó que “esto está perjudicando a numerosos sectores empresarios argentinos, sobre todo a los que exportan bienes industriales”.

La delgada línea roja

En estos momentos, la moneda brasileña está en 1,77 por dólar. ¿Cuál es el nivel en el que el “made in Argentina” se podría ver realmente dañado?

Mauricio Claverí, economista de Abeceb.com, sostuvo que “el real puede empezar a complicar a varios sectores industriales una vez que cruce la línea de los 2,10 por dólar”.

El experto no dudó al asegurar que, “en caso de que llegara a darse esta fuerte devaluación, los empresarios más golpeados van a ser los de sectores como autopartes, textil, juguetes, electrónica, celulares, televisores y línea blanca, principalmente cocinas, lavarropas y heladeras”.

El futuro del real

En este contexto, ¿qué posibilidades ciertas hay de que la moneda brasileña comience a transitar un sendero de devaluación y ponga en riesgo a la industria local, en momentos en que el dólar aparece como refugio de los inversores?

Desde sus oficinas en San Pablo, el analista Gustavo Segre, sostuvo a iProfesional.com que hay dos escenarios: “Si el megafondo surte efecto, como demostró al menos este lunes, no debería haber mayores variaciones y el real seguiría firme, con una muy leve depreciación”.

Si, en cambio, “el escenario se torna negativo y la crisis europea no puede controlarse, el tipo de cambio podría ubicarse por encima de los 2 reales por dólar”.

A la hora de analizar las causas, el experto destacó que “en primer lugar, esto se debería a que habría una caída de las exportaciones brasileñas a Europa y esto provocaría una menor entrada de divisas y un achicamiento fuerte del superávit comercial, con lo cual, se tendería a apreciar el dólar”.

Además, destacó que “si la crisis se agrava, los capitales de corto plazo naturalmente se irían a títulos de la deuda del tesoro americano, y esto sería grave porque en Brasil hay muchos capitales especulativos que saldrían a comprar dólares ante una nueva señal. De hecho, antes de la crisis de 2008 había u$s340.000 millones en inversiones de corto plazo y ahora la cifra supera los u$s500.000 millones. La situación podría ser complicada”.

Sin embargo, Segre recalcó que “esta devaluación sería únicamente por cuestiones coyunturales y no estructurales”. De este modo, “en teoría consideramos muy difícil que esto se prolongue en el tiempo. Estaríamos hablando de un efecto que no sería de mediano ni largo plazo y rápidamente todo volvería a la normalidad porque la economía de Brasil está muy sólida”.

Así, para fin de año, el experto prevé que la moneda brasileña estará en el orden de los 1,80 por dólar, lo que implicaría una pequeña devaluación del 3% para todo el año.

En este contexto, no dudó en afirmar que “las oportunidades en Brasil continuarán para los empresarios argentinos”.

Por su parte, Pablo Rojo no dejó lugar a dudas: “El tema Grecia, Portugal y España está terminado. El mercado pedía que ingrese el BCE y las medidas fueron tomadas. Por eso, a partir de ahora, el real volverá a tender a revaluarse”.

Sin embargo, para el ex presidente del Banco Hipotecario, esto no será suficiente para lograr que el “made in Argentina” salga bien parado: la presión inflacionaria, sumado a un dólar que permanece planchado en el país, provocará que la competitividad cambiaria indefectiblemente retroceda.

“Vamos a perder competitividad con Brasil, de eso no hay dudas. La suba de costos con un tipo de cambio estable es una combinación nefasta”, disparó Rojo.

En la misma línea, Osvaldo Cado, economista de Prefinex, sostuvo que “en Brasil siguieron entrando capitales y, más allá de la devaluación de la semana pasada, al gobierno de Lula le sigue costando depreciar el tipo de cambio.

Para fin de año, desde la consultora prevén que el real estará en el orden de los 1,85 por dólar a fines de año, es decir, una devaluación nominal del 6% en 12 meses. Sin embargo, “la Argentina igual habrá perdido terreno”, destacó el experto.

Sucede que, para evaluar la competitividad entre ambos países es clave analizar el tipo de cambio real bilateral, que mide las cotizaciones y los índices inflacionarios a cada lado de la frontera:

Actualmente, cada real equivale a 2,35 pesos argentinos.

Para fin de año, con un dólar que en el plano doméstico avanzaría apenas unos centavos más y una inflación cercana al 25%, el tipo de cambio real con respecto a Brasil se ubicaría en 2,25 pesos por real.

De confirmarse estos valores, en 2010 la Argentina habría perdido un 10% de competitividad con respecto a Brasil.
De este modo, Cado no dudó al afirmar que “se deprecie o no el real, los industriales argentinos van a salir a reclamar porque les suben los costos y el dólar se va a mover muy poco”.

Un plan “a la medida” del temor argentino

Por otra parte, hoy por hoy un foco de preocupación extra entre los empresarios se generó tras el reciente anuncio por parte del gobierno brasileño de un paquete de estímulo de medidas de estímulo a las ventas externas.

Presionado por la caída del superávit y la mayor competencia internacional, Brasil decidió:

Crear un fondo garantizador de comercio exterior, que operará en una etapa inicial con reservas de 12.000 millones de reales (unos 6.800 millones de dólares) para que los exportadores de ese país cuenten con respaldo al salir al exterior.

Se acelerará la devolución de parte de los tributos pagados por empresas que destinen a mercados externos más del 30 por ciento de su producción. Ese proceso, que hoy llega a tardar cinco años, será abreviado a 30 días.

El paquete de medidas incluye además la creación de una línea de crédito de 7.000 millones de reales (unos 3.980 millones de dólares) para las exportaciones de bienes de consumo. La financiación será concedida por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), a tasas de interés de entre un siete y un ocho por ciento anual.

El presidente de Cafagas alertó que “estos planes hay que seguirlos muy de cerca, porque le pueden hacer mucho daño a la industria argentina. Todo esto puede derivar en una competencia muy fuerte de cara al futuro mientras tanto sigamos teniendo esta escasez de financiamiento”.


Juan Diego Wasilevsky

BRASIL LANZA UN MEGAPLAN

LOS INDUSTRIALES LOCALES ESTAN ATERRADOS


Para muchos directivos, la flamante iniciativa podría derivar en una nueva guerra comercial. Los incentivos que ofrece Lula sumarían a 10.000 nuevas firmas “verdeamarelhas” al negocio exportador, es decir, casi el 70% de las compañías argentinas que venden al mundo. ¿Qué beneficios incluye?


Los empresarios argentinos, por estas horas, tienen un nuevo motivo para preocuparse: al problema de la continua suba de costos, ahora se suma la novedad de que el gobierno brasileño avanzando en un ambicioso plan que busca fomentar el potencial del "made in Brasil" en todo el mundo.

Afectada por la excesiva suba de importaciones, un creciente déficit de cuenta corriente y un tipo de cambio poco competitivo, la administración del presidente Luis Inácio Lula da Silva imprimirá una mayor agresividad a las empresas "verdeamarelhas" que salen a vender al exterior.

Es así como Brasil, que tiene como meta convertirse en la quinta economía del mundo, ya comenzó a desplegar toda su artillería para alcanzar ese objetivo y seguir ganando terreno, desplazando a otros competidores en su carrera por abastecer de productos a las principales economías del mundo.

En este contexto, expertos e industriales estiman que las flamantes medidas podrían traer inconvenientes a compañías argentinas a la hora de competir por cada centímetro de mercado alrededor del globo.

No es para menos: este "megaplan" permitiría que salgan al exterior, por primera vez, casi tantas compañías brasileñas como exportadores argentinos existen en la actualidad.

La artillería de beneficios que ofrece Lula es variada e incluye fuertes incentivos fiscales, líneas de créditos blandas, tasas de interés preferenciales y un amplio espectro de ventajas.

Entre otras medidas, el megaplan recientemente anunciado contempla:
Crear un fondo garantizador, que operará en una etapa inicial con reservas de 12.000 millones de reales (unos 6.800 millones de dólares) para que los exportadores de ese país cuenten con respaldo suficiente al salir al exterior.

Acelerar la devolución de parte de los tributos pagados por empresas que destinen a mercados externos más del 30 por ciento de su producción. Ese proceso, que hoy llega a tardar cinco años, será abreviado a 30 días.

El paquete incluye además el lanzamiento de una línea de crédito de 7.000 millones de reales (unos 3.980 millones de dólares) para las exportaciones de bienes de consumo. La financiación será concedida por el ya conocido Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), a tasas de interés de entre un siete y un ocho por ciento anual.

Además, el Gobierno creará un mecanismo para que las empresas puedan facturar más sin tener que saltar de categoría tributaria, evitándoles así pagar mayores impuestos. Es decir, aquellas pequeñas y medianas empresas registradas en el sistema de tributación simple (equivalente al Monotributo local) podrán excluir de sus obligaciones ante el fisco todo lo que vendan al exterior para así no sobrepasar el límite máximo permitido. Por ejemplo, una compañía que factura 2,4 millones de reales en el mercado interno, podrá exportar por el mismo monto sin que estas operaciones se vean alcanzadas.

Otra medida que empujará a la competitividad de la industria brasileña, y como contrapartida afectará a los exportadores argentinos, es que se diseñará un sistema mediante el cual las exportaciones efectuadas el año anterior otorgarán un derecho para comprar insumos brasileños con alícuota cero de impuestos. Por ejemplo, si una firma vendió al exterior por 3 millones de reales, podrá adquirir, libre de tributos, insumos por hasta ese monto.

Además, el gobierno va a priorizar en su sistema de compras, que mueve unos 56.000 millones de reales, a los productos con el sello brasileño.

Boom de nuevos exportadores

En diálogo con este medio, Gustavo Segré, CEO de la consultora Center Group, explicó desde San Pablo que "el plan es sumamente agresivo y generó muy buenas expectativas porque va a permitir que muchas empresas recuperen parte de la competitividad perdida por el tipo de cambio".

A la hora de analizar el potencial de este "megaplan" y su impacto en la estructura exportadora brasileña, cabe resaltar que unas 25.000 empresas brasileñas venden al exterior anualmente. Sin embargo, este número podría cambiar sustancialmente.

No es para menos: según Segré, de las 3.000.000 de empresas que hay en el país -sumando microemprendimientos- unas 500.000 tienen condiciones para exportar.

Y, “con que entre el 1 y el 2% de ese total comiencen a vender al exterior gracias a estos beneficios, estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 compañías, es decir, más del 20% de las que hoy están exportando”, disparó el experto.

De este modo, Brasil podría incorporar "de un saque" un número de compañías equivalente al 70% de los exportadores argentinos, que apenas suman 14.000 firmas.

Preocupación local

En este contexto, Hugo Ganim, presidente de la Cámara de Fabricantes de Artefactos de Gas (Cafagas), que nuclea a empresas como Orbis, Longvie y Gafa, alertó que “estos planes hay que seguirlos muy de cerca, porque le pueden hacer mucho daño a la industria argentina. Todo esto puede derivar en una competencia muy fuerte de cara al futuro, mientras sigamos teniendo escasez de financiamiento en el mercado doméstico”.

Al respecto, el directivo llamó a continuar protegiendo la industria “porque nos costó muchísimo lograr que la participación de los productos argentinos gane terreno, dejando atrás las peores épocas, cuando más de la mitad de lo que se vendía era de origen brasileño”.

“Ellos tienen una industria poderosísima y, con que se vuelvan un poco más competitivos, a nosotros nos puede perjudicar enormemente”,
recalcó.

Por su parte, un industrial autopartista de primera línea, que pidió reserva de identidad, también se mostró muy preocupado: “Vamos a monitorear muy de cerca cómo avanza este plan”.

“Brasil siempre tiene una estrategia exportadora agresiva y este paquete de medidas puede llevar a prácticas no autorizadas por la Organización Mundial del Comercio", alertó.

"No descartamos que, para obtener más beneficios impositivos y crediticios, los exportadores brasileños salgan a vender aún por debajo de sus costos, a precios de dumping. Hay que estar alertas para que no haya competencia desleal”, disparó.

El empresario, que exporta a más de 20 países, recalcó que “esto puede ser el inicio de una nueva guerra comercial con Brasil”.

Por su parte, Raúl Zylbersztein, secretario general de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), destacó que “todas las medidas que hagan más eficiente a una industria que compite con nosotros nos va a generar un impacto negativo fuerte. Tenemos que estar preparados”.

“El Estado brasileño no escatima recursos, lanza cañonazos para hacer a su industria más poderosa”, aseguró el dirigente, quien alertó que “esto claramente aumentará la brecha en la captación de inversión extranjera”.


En este contexto, se quejó de que “muchas de estas iniciativas son subsidios disfrazados, que no están contemplados por la legislación internacional. Pero no les importa, ellos lo aplican y están dispuestos a dar pelea. Tenemos que estar alertas. Cada una de estas iniciativas las estamos analizando, especialmente en los rubros donde más perjudican a la industria local”.

Frente a estos temores, Raúl Ochoa, ex subsecretario de Comercio Internacional, afirmó que “este plan perjudicará a varias empresas argentinas que compiten por el mercado interno”.

Cabe destacar que este temor se fundamenta también en que el Gobierno local se vio obligado a "abrirles las puertas" a los productos brasileños.

En efecto: hubo que agilizar las licencias no automáticas y llevar su aprobación a un lapso de menos de 60 días desde su solicitud, tras fuertes presiones del país vecino.

Así, el Ministerio de Industria hoy cuenta con una herramienta menos para controlar el ingreso de bienes desde el exterior.

La postura brasileña

A la hora de analizar las causas por las cuales Brasil lanzó este paquete, cabe destacar que, si bien este país fue la primera economía de la región en salir de la crisis, aún debe lidiar con un problema que opaca la buena performance a nivel macro que exhibe: la competitividad cambiaria.

No es para menos: en lo que va del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que en 2007 inició su segundo mandato, la moneda brasileña ya se apreció casi un 100%.

Y si bien las perspectivas indican que este año el real culminará con una devaluación, ésta no alcanzaría, ni por asomo, para darle el aire suficiente a los exportadores de ese país, dado que el nivel apenas llegaría a un 10%

En este contexto, el gobierno brasileño ya comenzó a sentir en carne propia esta menor competitividad que está provocando un fuerte déficit de la cuenta corriente, según destacó el diario Valor, producto de la aceleración de las importaciones en la post crisis. Así, la previsión del Ministerio de Hacienda es que en 2010 se alcanzará un déficit de 42.000 millones de dólares, equivalente a más de 2 puntos del PBI.

Ante esta coyuntura, el ministro de Hacienda del país vecino, Guido Mantega, aseguró que "hoy vivimos una crisis internacional en el exterior. Acá no tenemos grandes conflictos, pero se agudiza la competencia y tenemos que adoptar siempre medidas para que la producción brasileña sea más competitiva".

El "megapaquete" que hoy pone nerviosos a los industriales argentinos, habla por sí solo

Juan Diego Wasilevsky

martes, 18 de mayo de 2010

VICISITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LAS REFORMAS JUDICIALES

Se reclaman decisiones políticas serias y consistentes -no simples declaraciones en discursos de ocasión- para devolver la imagen de un Poder Judicial que decida en tiempo oportuno los conflictos, exhibiéndose a la vez sin especulaciones bajo la apariencia de ser prudente, imparcial e independiente, sobre todo en el control y demarcación de los límites constitucionales para los actos de los poderes políticos del Estado, lo cual tiene que resolverse en el instante pertinente sin incurrir en demoras que vuelvan abstracto lo decidido.-

Hay que superar el descreimiento ciudadano en ciertos jueces paradigmáticos, que muestran descaradamente su connivencia con el poder de turno y son arietes de campañas de desprestigio de dirigentes y sectores políticos rivales.-

Debemos lograrlo aplicando los procedimientos institucionales depurativos, sin depender de Consejos de la Magistratura que responden a intereses sectoriales visualizables y los utilizan para premiar a los adictos y castigar a los independientes.-

Quizás por esas deficiencias la mayoría de la sociedad no ve a la justicia como solución de sus problemas y diferencias, verificando con preocupación que desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo no se adoptan decisiones legítimas, ni se utilizan medios indispensables para lograr eficiencia en los delitos más graves (violencia y criminalidad económica, tráfico de drogas, corrupción, lavado de dinero, trata de personas, etc.), cometidos desde el poder o por allegados super protegidos, ni se allanan las dificultades para el acceso y permanencia de las víctimas en los procesos ante la incuria o negligencia de los órganos estatales, que en especial a los menores y a las familias no le reconocen en la realidad cotidiana el trato digno que merecen y los resultados que pretenden.-

Se perciben demoras en el dictado de fallos por la CSJN -que algunos califican de deliberados y oportunistas- en materia de decretos de necesidad y urgencia (DNU), los planteos sobre la inconstitucionalidad de las modificaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación, los superpoderes otorgados al Jefe de Gabinete acerca del presupuesto, en el diferente tratamiento brindado a los ilícitos comunes respecto de los llamados delitos de lesa humanidad, vinculado a la aplicación restringida o no de principios básicos del debido proceso -irre­troactividad de la ley penal, prescripción, principio de legalidad, cosa juzgada, prisión preventiva sin límites de tiempo y sin medidas morigeradoras, ley penal más benigna, condiciones de alojamiento por edad avanzada, entre otros-, que como regla general no deben ser vulnerados en su esencia.-

Por lo demás, en materia penal es notorio que inexplicablemente se dejan sin tratamiento legislativo proyectos concluidos y debatidos de reforma integral al Código Penal y todas las leyes complementarias -año 2005-; de un nuevo C.P.P. para la Nación, de instalación del juicio por jurados y de un procedimiento rápido y adecuado para los delitos en flagrancia; mientras se da otra vez curso rápido a reformas inconstitucionales en materia excarcelatoria y de mano dura en la persecución penal en la provincia de Buenos Aires, donde se sigue insistiendo en eso y en el cambio de funcionarios pero sin aportar soluciones de fondo que superen la remanida prisión preventiva como adelanto de pena en determinados delitos con repercusión mediática y de coyuntura, que los jueces independientes declararán inconstitucional quedando a merced de las solicitudes de juicio político por parte de esos mismos funcionarios políticos ineficientes.-

Por otro lado, se han agudizado ciertos vicios graves en la Administración de Justicia, a saber:
- Vemos acentuada la delegación de funciones por los jueces en todas las instancias, a través de “relatores sentenciantes” y de funcionarios que proveen y dirigen las causas hacia determinados resultados, sin mayor control de quienes firman.-
- No se crean las policías judiciales necesarias para auxiliar la tarea de los Fiscales, ni los Jueces de Ejecución cuentan con equipos técnicos suficientes para hacer realidad el control jurisdiccional efectivo en esa etapa decisiva de ejecución penal que completa y hace realidad lo resuelto en la sentencia.-
- No existe el control de gestión ni los funcionarios administrativos responsables e independientes que garanticen la continuidad del cronograma de actividades y de audiencias, sin suspensiones inesperadas para los justiciables.-
- Es notoria la presión mediática desde el Poder Ejecutivo y en el Consejo de la Magistratura sobre los jueces independientes que llevan causas de interés político.-
- Los nuevos Códigos Procesales acusatorios tropiezan con la falta de asignación por los poderes políticos de partidas suficientes a fin de garantizar estructuras edilicias y de personal mínimas para su funcionamiento.-
- Ciertas actitudes ante los medios y en el trámite de las causas en función, con la participación de reconocidos operadores judiciales, han creado la sensación pública de la “politización” del fuero criminal de la Capital Federal, por lo cual no se ha querido tal vez producir allí la unificación de los fueros ordinarios y federal, ya que aquel estado de cosas le conviene al poder de turno.-
- Es contradictorio con los objetivos de la Ley Nº 24.660 el estado edilicio y la atención en la mayoría de los establecimientos penitenciarios de la Nación y de las provincias, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de dicha norma tan importante a fin de desactivar conductas antisociales e ilícitas, dentro de un esquema de prevención especial y general eficaz.-
- Falta políticas públicas, planes, programas y estrategias para atender realmente a los menores inimputables de hasta 16 años, con personal idóneo, recursos suficientes y capacidad edilicia adecuada, que por lo pronto están depositados en establecimientos de manera similar o peor que los imputables.-
- No está debidamente organizado el procedimiento y la actividad de operadores especializados para incorporar como etapa previa insoslayable a la iniciación del proceso a los métodos alternativos de mediación y conciliación entre las partes involucradas, la posibilidad de la reparación sustitutiva en beneficio de la víctima, la prestación de servicios comunitarios y demás posibilidades idóneas para no arribar siempre a la decisión jurisdiccional conclusiva tradicional.-

Todo ese arsenal de respuestas positivas pendientes debería integrar las decisiones de política criminal que faltan adoptar desde la cúpula del poder, en base a estadísticas confiables y respetando los contenidos de la C.N., para dar respuestas convincentes a la realidad de la delincuencia en nuestras sociedades, sin refugiarse en ideas autoritarias de mano dura, de excepción o extraordinarias propias del derecho penal del enemigo, ni en un garantismo inconducente y paralizado en el respeto sacral de dogmas intocables, con desconocimiento de los cambios sociales y sin atender la necesidad de superar la degradación de la convivencia que provocan las nuevas y más violentas formas delictivas.-

Además, la intervención del Estado no puede ser mínima para encarar la criminalidad económica y la corrupción, que con o sin violencia amenaza los bienes jurídicos y los principios más trascendentes de la sociedad y de las personas.-

También hay que atender los factores estructurales que favorecen la comisión de delitos con políticas sociales de inclusión y de prevención, sin objetivos clientelistas, ni creer igualmente en las bondades de la inocuización o aislamiento definitivo de ciertos delincuentes (abusadores sexuales, delincuentes violentos sin medida y con adicción a las drogas, etc.) por gobernantes que carecen de iniciativa, imaginación e ideas para pergeñar algo mejor sin afectar la dignidad y los derechos de los personas.-

Igualmente sería bueno lograr con la participación activa y constante de los partidos políticos y de los medios de comunicación que la comunidad toda intervenga con propuestas concretas y viables que, sin salirse del contexto institucional vigente, superen la petición de mano dura y de imponer hasta la pena de muerte, a partir de su propia auto exculpación en los factores generadores del delito.-

Quizás así se acepte como regla que toda pena impuesta legítimamente por los jueces de la Constitución debe cumplirse, en carácter de factor principal de prevención y para erradicar la creencia cada vez más extendida que el poder es impunidad y permite eludir las sanciones merecidas por la comisión de ilícitos.-

El año del Bicentenario debería ser propicio para replantear actitudes y sobre todo de parte de quienes ejercen el poder, a fin de responder al mandato recibido del pueblo soberano y reencontrarse con el camino trazado por nuestros patriotas que abrieron la simiente para un futuro de grandeza.-
Por Carlos A. Chiara Díaz
Abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, títulos otorgados por la Universidad Nacional del Litoral.-
Director del Suplemento de Administración de Justicia de elDial.com (www.eldial.com)
Miembro honorario del Instituto Jurídico Privado de Córdoba “GIOVANNI LEONE”, desde 1988.-
Miembro de la Comisión de Factibilidad para la instalación del Tribunal Federal de Casación Penal de la Nación, año 1988.-
Miembro fundador del Instituto Forum de Entre Ríos, el cual presidió en 1992.-
Miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desde 1988, el cual presidió durante los años 1994 y 1995, y del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, con una antigüedad de treinta y nueve años en el Poder Judicial de dicha provincia, habiendo comenzado como Secretario de Primera Instancia en lo Laboral de Paraná.-
Profesor titular de Derecho Público y Derecho Procesal Penal en las Universidades de Entre Ríos, del Litoral y Católica Argentina -Sede Paraná-, y profesor invitado para dictar cursos de posgrado en las Universidades Austral, Belgrano, UBA, UCA y Notarial Argentina, siendo Director del Area de Reformas Judiciales de esta última.-
Conferencista, autor y coautor de veinte libros y opúsculos publicados, y de numerosos artículos en revistas jurídicas, como asimismo de relatos, ponencias, investigaciones y conferencias en Congresos, Jornadas y reuniones académicas y científicas de Derecho Procesal Penal y sobre Administración de Justicia.-
Delegado Regional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro titular de los Institutos Iberoamericano y Panamericano de Derecho Procesal.-
Miembro activo del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario desde el 23/9/1995.-
Integrante de los Tribunales de Concurso para proveer a los cargos de profesores titulares de D.P.P. en las Universidades Nacionales de La Plata, Mendoza, Lomas de Zamora.-
Miembro de la Comisión que elaboró el actual Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (1996-1997).-
Miembro integrante de las Comisiones que elaboraron el Anteproyecto de C.P.P. para la Nación y las modificaciones puntuales a la parte general del Código Penal, designado por el P.E.N. en los años 1998/99.-
Miembro fundador e integrante de las tres primeras Comisiones Directivas de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales.-
Miembro del Triunvirato Ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.-
Miembro por Decreto Nº 1.152/96 MGJE de la Comisión que se pronunció sobre la factibilidad del juicio por jurados en materia penal en Entre Ríos y proyectó su funcionamiento en 1997.-
Miembro de Honor de la Fundación Cuadernos de la Cátedra de la Provincia de Corrientes, desde 4/8/1998.-
Miembro Asesor ad-honorem, junto con los Dres. Edgardo Alberto Donna y Angela Ledesma del Consejo de la Magistratura para la selección de Magistrados y Funcionarios del fuero penal de la Provincia de Buenos Aires, año 1998.-
Ex Presidente y actual Vicepresidente del Tribunal Electoral de Entre Ríos.-
Director de la Carrera de Especialización y Maestría en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano, desde el año 2004.-
Miembro Titular Actual de la Comisión de Reformas al Código Penal, designado en el 2005 por el Ministerio de Justicia de la Nación

CHILE: REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES. HUELGA EN MINERA COLLAHUASI. HABRÍAN DISPARADO A MATAR

Se consolida criminalización de lucha social: Con violencia y a 4.400 metros de altitud aterrizó un avión Hércules de la FACH, con más de 10 carros policiales y, por lo menos, 300 efectivos para ahogar la huelga de los trabajadores contratistas de la Minera de Collahuasi. Según un trabajador que salió al aire el 12 de mayo en Radio Bío Bío, los policías habrían “disparado a matar” contra varios centenares de trabajadores que ocupaban la ruta. Hasta ahora, hay confirmados tres heridos.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores tercerizados que representan a 4 mil personas levantó un pliego de peticiones incontestado por la empresa, propiedad de las multinacionales Xstrata plc (44%), Anglo American (44%), y un consorcio japonés (12%) compuesto por Japan Collahuasi Resources BV, Mitsui & Co. Ltd., Nippon Mining & Metals Co. Ltd. y Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. La empresa operadora es la Compañía. Minera Doña Inés de Collahuasi.

La Minera Collahuasi se ubica a menos de 200 kilómetros de Iquique y a 1.800 de Santiago. Produce el 3 % del metal rojo que oferta la industria del cobre en Chile a todo el planeta.

Las peticiones
Los mineros cupríferos demandaban diálogo con la gerencia para mejorar las condiciones del campamento donde alojan por graves problemas de hacinamiento, entre otras deficiencias. Asimismo, los trabajadores reivindicaban un bono de 1 millón 500 mil pesos proveniente de las ingentes utilidades de la mina (alrededor de 800 mil millones de pesos anuales o 1. 500 millones de dólares); equidad en temas de alimentación y atención de salud en la faena respecto de los mineros contratados directamente por la empresa; y la aplicación de la parte de la ley laboral correspondiente a trabajo pesado. Es decir, sólo demandas de este mundo.

La movilización
Con el objetivo de presionar por sus exigencias, los mineros en huelga, ya rotas las conversaciones por las negativas de la gerencia, bloquearon las rutas de acceso a la mina. Sin embargo, la respuesta de los intereses empresariales contra los trabajadores se tradujo en un represivo operativo militar y policial, dejando una vez más al descubierto la verdadera naturaleza del Estado y el gobierno de turno.

La estrategia represiva del Estado
Como si no bastara con la violencia armada impuesta contra la movilización minera, la empresa presentó una querella por “daños y secuestro”. Del otro lado, los trabajadores realizarán una acusación contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “por violaciones a tratados internacionales.”

De acuerdo a fuentes que solicitaron mantener su anonimato ante posibles represalias, “la Minera Collahuasi paga medios de comunicación en la zona; paga instituciones; paga candidaturas.” Ello explicaría la opaca, arbitraria y parcial información en relación al conflicto sindical.

En este sentido, pero de manera ampliada, esta vez fuentes de La Moneda, explicaron la nueva estrategia gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente, el 9 de marzo (Día de la Mujer), lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”.

La estrategia es sencilla y antigua. Fuertes medidas “precautorias” como llenar de fuerzas especiales de carabineros y gases lacrimógenos los escenarios de concentración; intimidar por número y presencia; y efectuar allanamientos a discreción. Los objetivos y procedimientos están ligados a la criminalización de la protesta y organización social; el establecimiento de un Estado policíaco; y la defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de los asalariados.

De todos modos, el “nuevo” plan ya habría sido inaugurado antes de la llegada de Piñera, con la militarización e imposición del toque de queda en las regiones siniestradas por el terremoto-maremoto del 27 de febrero. También es posible advertir el mismo estilo –empleado durante los gobiernos de la Concertación- contra líderes del pueblo mapuche. De hecho, el pasado jueves 13 de mayo en Temuco, fue allanada la casa de Waikilaf Cadin Calfunao donde se aloja Alejandro Stuart, poeta, fotógrafo y miembro de la Asociación de Reporteros Independientes. Waikilaf ya había sido detenido, junto a otras 16 personas, en una marcha por la libertad de lo presos políticos mapuche.
Andrés Figueroa Cornejo

MENDOZA: LEY Nº 7722, NADA DE LEY ANTIMINERA, LEY PIONERA EN LA DEFENSA DEL AGUA

En junio de 2007 Mendoza se convertía, a nivel nacional e inclusive internacional, en una de las pioneras respecto del cuidado del medio ambiente. Tres años después, la ley sancionada a partir de la lucha popular de una provincia que decidía proteger sus bienes comunes, corre peligro.

Hablamos de la Ley Nº 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias toxicas en la actividad minera, y que hoy, bajo el marcadamente tendencioso titulo mediático de “ley Antiminera”, soporta los ataques de funcionarios, empresarios, medios de comunicación y sus periodistas. Esta campaña se manifiesta a través del frustrado proyecto del senador justicialista Serralta, (que pretendió cambiar del texto de la ley la palabra prohíbe por la de restringe), de los titulares de los grandes medios gráficos de los últimos días y, no menos importante, del discurso de Celso Jaque, fue enfático el 1 de mayo: “Mendoza tiene que volver a discutir el tema minero y hay que impulsar el desarrollo de esta actividad”. Sumado a las recientes palabras de la flamante directora de minería de la provincia, Adriana Blesa quien declarara que la ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto, tiene poca lógica.

Los intereses de la gran minería involucran a sectores poderosos: grandes empresarios, legisladores pero, por sobre todo, al gobierno provincial, que al igual que en la época de Cobos, las miradas positivas a estas empresas fueron eje de política minera en Mendoza. Esto nos lleva a recordar al vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos, quien fuese el primero en estimular la inversión megaminera y quien vetara en el 2006 la ley que prohibía la minería a cielo abierto, que en aquel entonces presentara Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos.

La ley provincial 7722, que fue aprobada por la legislatura provincial en junio de 2007, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto. La misma se discutió en medio de un profundo debate entre quienes defienden esta actividad y distintas organizaciones que se oponen a estos megaemprendimientos. El pueblo de Gral. Alvear se levantó en una gran pueblada, que mostró rutas, calles y plazas tomadas por el pueblo, bajo la nieve, durante más de 15 días. A la vez, San Carlos veía, la ruta nacional 40, cortada durante tres días. Esta expresión popular es la que intentan poner en cuestión a partir de los constantes avances en la problematización de una ley que no prohíbe la minería sino una forma de hacer minería.

A lo largo de los últimos tres años, las organizaciones sociales, asambleas de vecinos, académicos, ciudadanos de las comunidades potencialmente afectadas, y partidos políticos han logrado generar una importante conciencia social respecto de la protección de los bienes comunes, en especial el agua. Esto ha sido posible a partir de un gran esfuerzo de investigación, formación y debate en el interior de dichas organizaciones, enriquecido por el aporte técnico de profesionales que no temen denunciar una realidad que muchos de sus colegas e instituciones que los contienen se empeñan en ocultar y de la constante prédica de importantes referentes nacionales comprometidos con esta lucha . Rechazamos enérgicamente que se pretenda hacer creer que esta es una lucha impulsada por “fundamentalistas” o “ecoterroristas”. Todo lo contrario: responde a una genuina preocupación de comunidades que vieron instalarse la amenaza de la megaminería sobre sus territorios y que ven en Andalgalá el futuro que rechazan.

Paradójicamente, al mismo tiempo que en Mendoza se llevaba a cabo esta campaña de ofensiva contra la ley mencionada, el Parlamento de la Unión Europea resolvía el pasado 5 de mayo, “la prohibición completa del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedentes de la actividad minera”. Y dentro de los considerandos que motivaron tal decisión, se encuentra “que el uso de cianuro en la minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”. Sin perder de vista el importante antecedente que significa esta medida adoptada por casi todo un continente, no debemos olvidar que el cianuro es una sustancia toxica más de las tantas que utilizan las tecnologías propias de la minería a gran escala.

En Mendoza, a la fecha hay dos proyectos que intentan entrar en la fase de explotación: Potasio Río Colorado, en Malargüe y San Jorge, en Uspallata. Ambos proyectos son fuertemente cuestionados por las distintas asambleas provinciales, nucleadas en Asambleas Provinciales por Agua Pura (AMPAP). El gobierno provincial intenta hacer oídos sordos a la voluntad y la decisión popular. De la mano de la megaminería, intentan propiciar políticas represivas con la reforma del Código Contravencional, conocido también como Ley de Faltas, se busca criminalizar la protesta y la pobreza como hizo José Luis Gioja en la provincia de San Juan, para dejarle el camino libre a la Barrick Gold con los emprendimientos: Veladero y Pascua Lama. Mendoza dijo no, y el no es no; gritan las asambleas a lo largo y ancho de la provincia.

Es importante dejar en claro, frente a los mecanismos de engaño y difamación de los grandes medios, que las asambleas socio ambientales y las organizaciones sociales y políticas que promueven la defensa de los bienes comunes, como así también los vecinos directamente perjudicados por estos proyectos megamineros, no nos oponemos caprichosamente a la actividad minera en general, sino a un determinado modo de explotación a gran escala que implica el uso de tóxicos que causan efectos irreparables en la sociedad y el territorio y que no constituye, de ninguna forma, una alternativa válida de desarrollo, como desde el gobierno provincial y nacional quieren hacernos creer. Antes bien: es otro episodio más de una larga historia de saqueo y explotación de nuestro continente.

Los acontecimientos de los últimos días hacen evidente la relación directa que existe entre el poder económico, el gobierno local, y profesionales y científicos adeptos a los mismos, con los grandes medios.

Por todo lo expuesto es que vez tenemos la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que prohíba en todo el territorio nacional la mega minería contaminante. Hoy vienen por esta ley mendocina, pero no faltará mucho para que se animen a sepultar las otras leyes provinciales que 7 legislaturas se animaron a legislar.

Hace unos días el gobernador Jaque entregó Llancanello, un humedal mendocino, ubicado en Malargüe, donde migran todas las aves del continente a Repsol. A 200 años de aquella epopeya revolucionaria que rompió las cadenas que nos ataban al Imperio español, hoy se entrega a los españoles este reservorio natural…

HISTORIADORES REVELARON LA TRAMA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN


Se pusieron en práctica en la Argentina mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, para recluir a los mapuches e integrantes de otros pueblos originarios que capitulaban ante el avance estatal. Investigador de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, Alexis Papazian saca a la luz la historia de la isla Martín García, ello en el marco de la Muestra Fotográfica "Campaña del Desierto - Wingka Malon".

Por adrián Moyano –
Bariloche, Puelmapu


Azkintuwe


Al aludir a campos de concentración, la imaginación recreará rápidamente imágenes que tengan que ver con la terrible experiencia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en estas latitudes, la metodología se puso en práctica mucho antes y por resolución de las autoridades argentinas que idearon el traslado y la reclusión de familias indígenas como mecanismo de control social.

Sobre esa temática investiga Alexis Papazian, historiador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El joven expuso en el marco de los paneles que acompañaron el desarrollo de “Wingka malon – campañas al desierto”, la muestra que se exhibió en Bariloche por el lapso de un mes. El espacio se denominó “Mecanismos de control social durante y después del awkan” y se integró además con Marcelo Musante y Pilar Pérez.

Papazian integra la Red de Investigación en Genocidio y Política Indígena y junto a su colega Mariano Nagy, detuvieron la mirada en “los campos de concentración, específicamente uno: el de la isla Martín García”. Sobre ese espacio de triste memoria “se pueden decir muchísimas cosas porque la cantidad de documentación que se encuentra es muy vasta. Lo que se observa es un sistema controlado y ordenado para tener un control sobre los cuerpos de los indígenas que fueron reducidos, en períodos previos a lo que fue la Campaña al Desierto, pero también durante y después”.

La isla en cuestión se encuentra en el río Uruguay, que separa a la Argentina de la república del mismo nombre. La confinación en aquella geografía no fue una “solución” que resultó de la improvisación. “Es muy interesante, porque la isla funcionó como un sistema ordenado, con sus propias instituciones y también con conexión con otros lugares: Buenos Aires, Misiones, Chaco o Patagonia. No sólo se trajo indios a la isla, también se los llevó a distintos lugares para repartirlos. Eso es parte de lo que nosotros llamamos un proceso genocida. Fue un campo de concentración que funcionó dentro de ese proceso, mucho más complejo”, aseveró el historiador.

Calvarios familiares

Los propios archivos oficiales evaporan toda duda sobre su funcionamiento. “Esto no quiere decir que no se pueda modificar la información si después aparecen más datos, pero tenemos registros de indígenas que fueron llevados desde 1872, bastante antes de la campaña. Básicamente, eran indígenas de la zona fronteriza de Buenos Aires que fueron remitidos a la isla, donde fueron repartidos en instituciones internas, porque podía ser que entraran como presos pero también para ser utilizados en las canteras como mano de obra o al batallón de la Armada”, explicó el investigador.

Pero no finalizó allí el calvario de los mapuches que cayeron en desgracia. “Luego, se observan pedidos, a veces de particulares, a veces del Estado, para ser remitidos a estancias, a casas de familia en Buenos Aires, a la Marina o al Ejército para ser soldados. Eso es claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio. Ese es el trabajo que venimos haciendo y es muy importante para nosotros estar en Bariloche porque sabemos que hay relatos orales y memorias que mencionan a la isla. Eso es parte de los temas que a uno le interesan porque más allá de lo que venimos investigando, también nos interesa saber cuál es el conocimiento que tiene la gente del lugar al respecto”, señaló el historiador.

Para Papazian “está claro y no hay duda”: en la segunda mitad del siglo XIX se practicó un genocidio contra las poblaciones indígenas todavía libres. “El concepto de genocidio es posterior a la práctica genocida porque fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, pero si alguien va a poner en duda el genocidio con respecto a los pueblos originarios por el mero de hecho de ser un concepto acuñado posteriormente, también tendría que poner en duda el Holocausto, el genocidio armenio y buena parte de los genocidios que tuvieron lugar antes de 1947. Negar eso es ridículo, uno puede discutir otras cuestiones pero eso es bastante ridículo para nuestro punto de vista”.

Cabe destacar que a Martín García “no fueron enviados solamente lonkos, fueron familias enteras. Eso es muy importante para nosotros porque cuando uno ve los repartimientos que se hicieron posteriormente, sobre todo con los pedidos privados desde Buenos Aires, se pedían mujeres y niños para que fueran a trabajar. Esto es mucho más complejo, porque no fueron a la isla solamente lonkos o konas de pelea, como se podría pensar. Se mandó a toda la gente y no por algún crimen, sino por su calidad de indígena”.

Una vez más, los papeles que se acumulan en los archivos dicen mucho. “Así lo mencionan los documentos. Con respecto a Pincén, Epumer Rosas o los Catriel, se encontraron en la isla durante un tiempo y es interesante ver la resistencia de aquellos momentos porque hasta hubo intentos de fuga. A veces fueron recapturados porque las fugas desde la isla eran bastante complejas, parece que la marea siempre lleva para el lado de Uruguay y hay muchos datos sobre comunicaciones del gobierno argentino con el uruguayo para que se devuelvan a los indígenas que se habían escapado. Entre ellos, estaba Pincen... Después, hay una salida de Pincen de la isla, pero no parecería estar enmarcada en una fuga sino en un permiso que se le dio o en una repartición”, describió Papazian.

Añadió que “para profundizar, tendríamos que seguir los itinerarios de estos lonkos y ver bien dónde terminan... Ahora estamos en estudios preliminares, concentrados en la profundidad de la isla. Pero es cierto que Pincén, Purran, Epumer Rosas y una serie de lonkos, terminaron en la isla, lo que no significa que hayan finalizados sus días ahí, sino que estuvieron recluidos”. Historias todavía doloras que esperaron demasiado tiempo su escritura.

LA CRISIS EUROPEA EN EL ESPEJO DE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

Raúl Zibechi, periodista y analista uruguayo reflexiona sobre los últimos ciclos de luchas sociales en América Latina y lo que podría aportar a las reflexiones de quienes hoy luchan en Europa contra la brutal ofensiva del capital.

Sigo atentamente la crisis europea y muy en particular lo que viene sucediendo en el Estado español, quizá porque no puedo ni quiero renunciar a esas casi dos décadas en las que viví en la península, cuando en estas tierra campeaba el autoritarismo militar. Porque me interesa y me duele, quisiera reflexionar brevemente sobre el último ciclo de luchas sociales en América Latina y lo que creo puede aportar a las reflexiones de quienes hoy luchan en Europa contra la brutal ofensiva del capital financiero contra los trabajadores.

Leo las declaraciones del secretario general de Izquierda Unida, Cayo Lara, en DIAGONAL donde se lamenta del miedo que está paralizando a los trabajadores. "Soy de los que piensa que hay una parte muy importante de miedo en la propia clase trabajadora a salir a hacer protestas incluso en la calle, porque la situación en estos momentos es de un cierto deterioro social", dice Lara. En la misma edición Miren Etchezarreta sostiene que "uno de los problemas que se observa en esta crisis es que las clases populares no hemos reaccionado", y agrega: "Estamos tremendamente debilitados y nos están dando todas las tortas que quieren darnos". Son apenas dos ejemplos desde posiciones políticas diferentes. Creo que ambas reflejan lo que está sucediendo en toda Europa, incluyendo por ahora a Grecia.

Lo primero que quisiera decir, y que a menudo se olvida en los momentos de éxito, es que en América Latina las reacciones fuertes llegaron cuando la crisis era ya muy evidente, o sea cuando la mierda nos llegaba a la nariz, o más arriba. Antes de eso, las multinacionales con el respaldo de los gobiernos elegidos por el pueblo, habían robado todo lo que se podía robar. En los países donde no lo hicieron completamente, no fue por levantamientos populares sino porque una parte de las elites sintió que también ellas serían desestabilizadas si se aplicaban a fondo las recetas del Consenso de Washington. El ataque a las economías populares fue atroz. Implacable. Un par de datos del Latinobarómetro para ilustrar la catástrofe. En 1995 el 76% de las familias tenían vivienda con alcantarillado; en 2006 sólo el 62%. En 1995 el 57% tenían agua caliente por cañería; en 2006 sólo el 32%. En 1995 el 33% tenía coche; en 2006 el 22%. Lo mismo sucedió con al posesión de lavarropas, refrigeradores y demás electrodomésticos. En suma, entre el 20 y el 45% de los bienes que tenían los latinoamericanos, incluyendo servicios esenciales, les fueron arrebatados por la especulación financiera, ¡¡sin que reaccionáramos!!

Lo segundo, es que quienes se echaron a la calle no fueron los trabajadores con empleo fijo y derechos sociales sino los desocupados, los que habían perdido todo, los llamados marginados. No me estoy refiriendo a los pobres de siempre sino a los nuevos pobres, aquellos para los cuales la crisis fue un verdadero terremoto social y cultural en sus vidas. Familias que de un día para otro se quedaron sin nada, sobre todo sin sueños, sin esperanzas. Familias obreras y de clases medias acostumbradas a enviar a sus hijos a la universidad y a que cada generación llegara algún peldaño más arriba que la anterior, fueron las que comenzaron las rebeliones. No lo hicieron por ideología, sino por necesidad, porque la sobrevivencia estaba amenazada.

En tercer lugar, la protesta no la canalizaron ni la dirigieron los sindicatos. La protesta surgió fuera de las estructuras sindicales y las grandes centrales se plegaron tarde y en muy pocas ocasiones. Diría más, y a explicar esto he dedicado varios libros y decenas de artículos: la protesta y la rebelión se abrió paso contra lo instituido o, por lo menos, pasándole por un costado o directamente por arriba. No creo en términos como "traidores" o "vendidos" para explicar esta situación. Cada ciclo de protesta nace en los márgenes y a contrapelo de lo existente. Y las organizaciones creadas al calor de cada ciclo suelen convertirse en peso muerto para el siguiente. Por más radicales que sean los dirigentes de los grandes sindicatos, sus bases no tienen ni la necesidad ni el hábito del tipo de protesta que es necesaria para revertir las cosas en una situación como la que se vive actualmente.

En cuarto lugar, el papel de las mujeres fue y es decisivo. No es cuestión de feminismo, aunque apoyo el feminismo. Es algo diferente. Cuando la crisis es tan profunda que desestructura el mundo popular, las mujeres son -digamos- algo así como un principio de orden, ya sea por su papel de madres y las obligaciones que conlleva para con sus hijos; o porque son las que muestran capacidad para sobreponerse a la debacle del mundo formal del trabajo asalariado, quizá por su fuerte imbricación en la economía de lo doméstico, lo informal, lo local y lo afectivo. Por lo menos en América latina sucede algo de esto.

En quinto término, no alcanza con manifestaciones y huelgas. El Caracazo de 1989 fue una insurrección que sólo pudo aplastar el ejército con un saldo de no menos de 500 muertos. Las guerras bolivianas (dos del gas y una del agua) derrotaron a los aparatos represivos, aún al costo de más de cien muertos. La media docena de levantamientos ecuatorianos o los argentinazos, fueron procesos lo suficientemente intensos como para destruir, completa o parcialmente, el sistema de partidos existente. Pero también a los movimientos sociales que habían nacido décadas atrás. Todos estos hechos, y otros que omito para no alargarme, tuvieron tal magnitud, que los de arriba no podían mantenerse ya más tiempo allí. Más de una decena de presidentes debieron renunciar ante multitudes en las calles.

Creo que en Europa las cosas no tienen por qué transcurrir por los mismos carriles. Sólo pretendo recordar hechos, no se me pasa por la cabeza decir qué deberían hacer otros. Un solo punto más. En Europa tienen la experiencia, más o menos reciente, de haber transitado por grandes rebeliones o importantes movilizaciones sin que las elites hayan recurrido a la masacre. Me refiero a mayo del 68 en Francia y al más reciente 13 de marzo de 2004 en el Estado español. No es mérito de esas elites. Aunque en Europa hay más institucionalización que en América latina, lo que complica por cierto la acción directa, también es verdad que hay mucho más espacios para la disidencia de todo tipo.

* Raúl Zibechi es analista y editor del semanario uruguayo Brecha.