IMPUTAN A NÉSTOR POR FALSIFICAR ACTA DE INTERVENCIÓN DEL PJ

El gastronómico denunció que algunos de los que firmaron el documento no estuvieron en la reunión donde se decidió intervenir Catamarca.

El ex presidente Néstor Kirchner fue imputado formalmente este viernes por el fiscal Eduardo Taiano, que lleva adelante la investigación judicial que intenta determinar si el ex mandatario falsificó un acta pública que le permitió intervenir el Partido Justicialista de Catamarca en perjuicio del sindicalista gastronómico, Luis Barrionuevo.

El gremialista se presentó ante la Justicia luego de corroborar que varias de las personas que firmaron el documento de intervención no estuvieron en Buenos Aires cuando se reunió la Mesa Nacional del Consejo Nacional Justicialista que dispuso la intervención del distrito provincial. Tras la denuncia, la jueza María Servini de Cubría había declarado nulo el procedimiento partidario.

En su denuncia, Barrionuevo expone que varios funcionarios que figuran presentes en la asamblea partidaria que, realizada según las actas el 5 de junio, estaban en sus respectivas provincias en plena campaña electoral. De esta manera, el líder sindical aseguró que no hubo quórum para tomar la decisión y que las firmas fueron agregadas a posteriori.

Barrionuevo denunció que ni el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ni el de Mendoza, Celso Jaque, estuvieron en el encuentro realizado en Olivos cuando el acta fue firmada por ambos. De esta manera, el denunciante quiere determinar si Kirchner y el ministro Florencio Randazzo estaban en la reunión ya que ese día llegaron a Mar del Plata en un helicóptero de la Prefectura Naval.

Taiano, que impulsó la investigación que está en el juzgado de Norberto Oyarbide, pidió una serie de medidas que el juez ha comenzado a realizar. En su requerimiento de instrucción, en el que imputó a Kirchner y al apoderado del PJ, Jorge Landau por lo delitos de falsedad ideológica y uso de documento adulterado falso, el fiscal pidió que los medios certifiquen las pruebas aportadas por Barrionuevo, según publicó el blog Política y Pelotas.

Otras solicitudes fueron el allanamiento de la sede del PJ, que la Dirección de Ceremonial de la Quinta de Olivos nforme los ingresos y egresos de personas de aquel 5 de junio, que los gobiernos provinciales envíen copias de los decretos por los cuales los gobernadores que estuvieron en Olivos hicieron el traspaso de mando en sus respectivos distritos y que se haga una pericia caligráfica para determinar si las firmas del acta son verdaderas, entre otras.

COMENTARIOS

No puede sherrrrrrrrrrrrr 43 años
Neshtor trucho, no jodás Barrionuevo.... si es muy respetuoso de las normas, el gran defensor de la demochanta argentina

Da 0 años
No, tranquilo no, preocupate por que van a compartir celdas. Es increible la justificacion de los k hacia el mayor chorro argentino despues de su maestro.

Daniel 0 años
Cada vez que se lo nombra al señor que trabaja de presidente en las sombras es para un macanazo tremendo, o se queda con algo que no es suyo o se lleva puesta a la republica.

Alex 40 años
Debe ser un error como pensar eso del primer señor, el actual presidente de la Democracia Feudal K.

A los y las que hablan sin saber 33 años
El Doctor Eduardo Taiano es un irreprochable Fiscal Federal. Tal vez el mejor de la Argentina. Una trayectoria dignísima -hay que informarse, nada más- e intachable. Un poco de cautela y cordura antes de opinar. Y sobre todo INFORMACIÓN. ¿Mucho pedir? INFORMARSE ANTES DE HABLAR. Saludos a todos y todas aquellos/as que reflexionen antes de escribir y no usan el "slogan" fácil. A los/las otras, estudien que la mejor educación en este país sigue siendo gratuita.

Leopold Bloom 49 años
Mortal esa foto de Luisito! ¿No la tienen como wallpaper? Es un golazo!

taiana automotores dicen ? 0 años
nada que ver con taiana cancller venta de franquicias diplomaticas para revender autos importados con matas,machines,minujen,los manrique,amiano,rodriguez pablo,gonzalez,ricardo serfaty,blasco, galli,tapia,guillermo pino,pulenta,zurraco,etc.esperamos que el fiscal sea taiano.agrupacion damnificados causa autos diplomaticos.

Watson 0 años
Tranquilo Nestor, el denunciante es Barrionuevo .

Carlos 56 años
Biennnn Don Carlossss!!!

malo malo malo 89 años
por la foto tadavia vive randazzo es de no creer un tiempo sin salir en los medios el caradura y el totuer jajajajajajajaja

EL SECRETARIO DE CFK SE HIZO UNA CASITA DE UN PALO VERDE EN CALAFATE

Es el patagónico Fabián Gutiérrez, un hombre que comparte la intimidad del matrimonio presidencial. La construcción tiene 480 metros cuadrados, pileta climatizada y gimnasio. El perfil del hombre de la Presidenta.

El Calafate sigue siendo el lugar de peregrinación elegido por los funcionarios K. Esta vez, se supo que Fabián Gutiérrez, uno de los Secretarios de mayor confianza que tiene la presidente Cristina Fernández de Kirchner, se está construyendo una casa de un millón de dólares en “el lugar en el mundo” de los K, cerca de la morada de su jefa, según informó el portal de noticias OpiSantaCruz. En estos momentos, Gutiérrez está con la Presidente en los EE.UU. Pero en sus viajes a la Patagonia se lo suele ver conduciendo la Honda CRV de la primera mandataria cuando llega a descansar a El Calafate o en sus esporádicos viajes a Río Gallegos.

En el ingreso a la ciudad de El Calafate, el joven funcionario construye un edificio de líneas modernas. La propiedad posee una superficie cubierta de 480 metros cuadrados y está construida en un terreno de 1.000 m2.

Según el cronista de OpiSantaCruz, desde el exterior se puede observar un sector de la casa vidriado, elevado a unos 6 metros del suelo que corresponde a una pileta de natación climatizada. Otras de las comodidades con las que cuenta la casa es un gimnasio de 40 metros cuadrados.Eso no es todo, según el portal, el secretario de la mandataria nacional adquirió en la suma de 200 mil dólares un amplísimo terreno contiguo a su propiedad.

Víctor Fabián Gutiérrez comenzó su carrera kirchnerista en el año 1994 cuando ingresó a la Caja de Servicios Sociales como cadete. A mediados del año 1995 llegó al círculo presidencial y comenzó a trabajar junto a Néstor en su segundo mandato provincial.

Cuando Kirchner asumió la Presidencia, Fabián Gutiérrez lo acompañó y fue designado secretario adjunto. Pero antes de llegar allí, fue el compañero inseparable de Cristina Kirchner en su carrera política, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la Nación.

Ya con Cristina en el poder, por decreto 64/2007 fue designado como Secretario Adjunto de la Presidenta de la Nación con rango y jerarquía de Secretario.


COMENTARIOS

OMAR 50 51 años
me parece que a los argentinos nos tomaron de estúpidos, me pregunto cuando vamos a reaccionar

CARO 0 años
Eso es redistribución de la riqueza, lo que pasa que hay que hacer una fila y sacar número. Vieron que segun el INDEC, bajó la pobreza?, por eso ayuda a su secretario. Si ya casi no hay pobres, no hay nada para darles a ellos. Se nos burlan en la cara.

Bien por vos, Fabi! 0 años
Esta perfecto...si ningún juez le objeta es porque está bien y tiene todo en orden!

COMUNICADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA CORRENTINO

A través de un comunicado los intendentes justicialistas hicieron pública su determinación orgánica en lo que se refiere a la contienda electoral provincial, en los puntos elaborados fijan la posición que adoptarán, quedando a determinar en próxima reunión la postura a tomar con respecto a la 2a vuelta electoral.

Los puntos:

1) Ratificar el apoyo a las medidas judiciales y administrativas tomadas por el Partido Justicialista en pos de lograr la transparencia del escrutinio definitivo y la denuncia del fraude electoral cometido en el municipio de Santa Lucía.

2) Ante la situación de que las elecciones de segunda vuelta se realicen el 4 de octubre próximo, sin participación de nuestra fórmula Fabián Ríos-Rubén Pruyas, es que resolvemos apoyar la decisión que tome orgánicamente el partido respecto a la orientación del voto hacia alguno de los candidatos a Gobernador que se presenten en el ballotage.

3) Como criterios generales para realizar acuerdos electorales en esta oportunidad proponernos:a) Que se respeten las realidades locales en todo sentido, garantizando la participación de los Intendentes previa y posterior en las acciones del Gobierno Provincial en territorio municipal.

b) Que se eleve al 17% la coparticipación municipal en el término de dos años, con los compromisos de garantizar a todos los trabajadores municipales un sueldo digno y los beneficios sociales correspondientes.

c) Que el Gobierno Provincial remita en tiempo y forma a los Municipios los fondos que correspondan por Programas Nacionales y Provinciales, sin intermediarios y evitando la formación de “municipios paralelos” que menoscaben a las autoridades legítimamente constituidas.

d) Que se implemente el Fondo de Reparación Histórica para la Capital de Corrientes, que signifique un aporte sustancial con la finalidad de que en el mediano plazo se mejore la calidad de vida de sus vecinos.

e) Que se conforme un Organismo de Consulta Permanente entre los Municipios y los distintos Ministerios y reparticiones para lograr la efectiva implementación de las medidas descriptas y destrabar los obstáculos que se presenten en lasa gestiones que realicen los Intendentes.

f) Que las autoridades provinciales faciliten y no obstruyan las gestiones autónomas que se realicen a nivel nacional por parte de cada municipio.

g) Que se garantice la gobernabilidad de los municipios, promoviendo la transparencia y el control a través de los Concejos Deliberantes excluyendo la promoción de conflictos políticos-partidarios que impidan el desarrollo normal de la gestión local.

h) Que en definitiva se realicen los esfuerzos necesarios para lograr la efectiva implementación de las Propuestas del Proyecto Esperanza que fueron apoyadas por un tercio del Pueblo Correntino, que anhela salir definitivamente de la postración para lograr la felicidad y la grandeza de Corrientes.

LA GIRA DE CRISTINA

El destacado analista político, Rosendo Fraga, efectúa un pormenorizado estudio sobre los objetivos de la gira hecha por la presidenta Cristina Fernández esta semana a los Estados Unidos y Venezuela, para participar en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, las cumbres del G-20 y de los jefes de estado de África y América Latina .

El viaje que realiza Cristina Kirchner al exterior esta semana, tiene tres objetivos, más allá de la participación en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas: la relación bilateral con los EEUU, la participación en la Cumbre del G20 y en la Cumbre de jefes de estado de África y América Latina que se realiza en la Isla Margarita, Venezuela.

Son pocos los avances que podrá lograr en la relación con los EEUU en el campo político. Obama hasta el momento ha recibido a cuatro presidentes de América Latina: Calderón, Lula, Bachelet y Uribe, en este orden cronológico.

Que los presidentes de México y Brasil hayan tenido prioridad sobre Argentina resulta lógico tanto por la dimensión, como por la importancia estratégica que ambos países tienen para Washington en el contexto latinoiamericano.

Pero no resulta tan lógica la prioridad de los dos restantes, cuyo PBI es menor que el argentino. La tiene Colombia por una razón estratégica que no tiene Argentina, como lo acaba de demostrar el reciente acuerdo entre Washington y Bogotá para el uso de siete bases militares en el país. En cuanto a Chile, fue el primer TLC de EEUU en América del Sur y es el país presentado por Obama como un modelo económico a seguir en la región, algo que no sucede con la Argentina.

La relación bilateral entre Argentina y los EEUU no es conflictiva como el caso de Venezuela, pero tampoco es buena como en los cuatro casos mencionados anteriormente.

Por esta razón, la Presidente buscará centrar su visita a la primera economía del mundo, más en el campo de las finanzas y los negocios que en el específicamente político.

Las gestiones que puedan realizarse para buscar cierto acercamiento con el FMI, algún acuerdo con parte de los bonistas que no entraron en el canje y las conversaciones con el Club de París, posiblemente sean el campo en el cual la Presidente argentina trate de mostrar algunos progresos, los que difícilmente pueda obtener en el ámbito político.

La participación en la Cumbre del G20, que tiene lugar en la ciudad de Pittsburgh el 24 y 25 de septiembre, es el segundo objetivo de este viaje.

Se trata de un ámbito internacional en el cual la Argentina tiene un rol singular, ya que integran el Grrupo sólo diecinueve de los más de doscientos países que integran la UN y también la UE.

Países europeos como España y Polonia han quedado fuera del Grupo y de América Latina lo integran tres: las dos primeras economías de la región (Brasil y México), más Argentina, que es la tercera. Por esta razón el país tiene en este ámbito el rol que no ha tenido en la agenda de Obama.

La Cumbre del G8 -las siete economías más desarrolladas más Rusia- se ha ido convirtiendo en las últimas reuniones en G14 -cuya formalización ha pedido Sarkozy- al incluir a China e India por Asia, Egipto y Sudáfrica por África y Brasil y México por América Latina. Argentina queda así fuera de este ámbito, pero no del G20, de allí la conveniencia de utilizar en plenitud su rol en él.

La crisis económica global ha dado al grupo un rol relevante, aunque no son muchas las medidas concretas que ha podido adoptar. No será una reunión fácil. Los países europeos piden mayor regulación del sistema financiero, en la que EEUU y el Reino Unido prefieren no avanzar para no aminorar el ritmo de la reactivación. El llamado grupo BRIC (Rusia, India, China y Brasil), integrado por las potencias económicas emergentes, reclama mayor poder de decisión en los organismos financieros internacionales y los países desarrollados demoran dársela.

La Argentina llega con un punto en contra y uno a favor. El primero es que, junto con Indonesia, fueron los únicos dos países del Grupo que se negaron a aceptar que el FMI inspeccionara sus sistemas financieros, algo que aceptaron todos los demás como un paso tendiente a mejorar la transparencia y la coordinación financiera internacional.

El segundo es que, junto con Brasil, logró que se aceptara la inclusión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -el organismo de la UN especializado en la temática laboral- en el Grupo, para integrar así la dimensión social de la problemática global.

Es posible que Argentina busque protagonismo junto con Brasil y las potencias emergentes, pero con algún perfil propio, el que no será fácil de definir en este ámbito, dado que el país es una de las economías más chicas del Grupo.

La gira de Cristina culmina en Venezuela en la Cumbre de los Jefes de Estado de África y América del Sur. En este caso será un encuentro en función de la llamada cooperación Sur-Sur, dentro del mundo en desarrollo.

Sólo Brasil, Argentina y Sudáfrica participarán en la Cumbre del G20 y en el encuentro de la isla Margarita.

Brasil buscará en este encuentro especial protagonismo y para ello viene dando en los últimos tiempos importancia a su dimensión afro-brasileña. Cabe señalar que en el último censo, 44% de la población se autodefinió como parda (o mulata) y 7% como negra. Es decir que más de la mitad de los brasileños étnicamente se asumen de origen afro.

Venezuela, dadas las características del liderazgo de Chávez, buscará tener un rol protagónico, alentando posiciones contra los EEUU.

Argentina probablemente tendrá un perfil más bien bajo, pero así como en Washington las gestiones económicas buscarán una diferenciación con el modelo chavista, en la isla Margarita habrá cierto acercamiento.

Fuente: Dr. Rosendo Fraga. Centro de Estudios Nueva Mayoría. www.nuevamayoria.com

AMPLIO RECHAZO DE LA SOCIEDAD A LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Así lo demuestra un trabajo efectuado por Isonomía Consultores el pasado fin de semana en todo el país. El 60% de la gente se muestra contraria al proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso.

La nueva ley de Servicios Audiovisuales que pretende imponer el gobierno nacional en el Congreso, ha sido objeto de estudio por parte de varias consultoras sobre qué piensa la sociedad sobre la misma. Si tomamos el trabajo realizado por Isonomía Consultores, la misma da que la gran mayoría de la población se muestra contraria a la misma y que estaría de acuerdo en que el Congreso que ingrese el próximo 10 de diciembre cambie sus principales contenidos.

Todo esto resulta de un estudio de alcance nacional realizado por Isonomía Consultores con relación al tratamiento de la Ley de Comunicación Audiovisual o nueva Ley de Radiodifusión. Vale aclarar que el relevamiento se realizó sobre un total de 3275 casos entre el 19 y el 21 del corriente mes, momento en el que el proyecto ya tenía media sanción desde la Cámara de Diputados.

Una de las preguntas efectuadas por Isonomía fue “Cómo evalúa usted la nueva ley de radiodifusión que el Gobierno nacional quiere impulsar en el Congreso?, donde el 59,9% de la gente se muestra contraria a la misma, contra el 22,3% de la población que se muestra a favor de la misma, y un 17,8% que no sabe/no contesta.

Sobre la posibilidad de que, en caso de que se apruebe la ley, pueda modificarse con la nueva conformación del Parlamento que asumirá el próximo 10 de diciembre, aparece una alta correlación en los encuestados en relación a la anterior pregunta, ya que el 60,1% está de acuerdo en que se trate; cerca de un cuarto, el 23,6% considera lo contrario y el resto, el 16,2% no sabe o no contesta.

Esto le daría pie a la oposición para que trate de imponer en ese sentido cambios a la ley en caso de que se apruebe dentro de dos semanas en la Cámara Alta, una de las cosas que vienen manifestando distintos actores de la política, especialmente desde el PRO, la Coalición Cívica y el peronismo disidente.

En cuanto al valor, desde lo abstracto, que los encuestados creen que el gobierno le da a la libertad de expresión, la negatividad en sus evaluaciones llega a la mitad de los encuestados, un 50,9% que cree que el kirchnerismo no respeta la libertad de expresión; contra un 27,1% que considera positivo el trato que le da el gobierno a la prensa en nuestro país, y un 22% no tiene una opinión formada respecto a esta cuestión.

El trabajo efectuado por Isonomía también preguntó sobre que opinión tiene la sociedad de la labor de la oposición al respecto del tratamiento, que en su gran mayoría se retiró de la Cámara Baja para no tratarla.En esta cuestión una gran mayoría de la sociedad, el 44,3% se mostró contraria a la actitud asumida por el sector opositor que se levantó del debate parlamentario y se retiró de la Cámara Baja; contra el 32,7% que consideró apropiada esta actitud opositora; y el 23% de la gente supo que responder o no tiene una opinión formada respecto al tema.

Las variables medidas con relación al proyecto de la nueva ley de medios, evidencian que existe, por parte de importantes segmentos poblacionales, cierto alejamiento a la propuesta del Gobierno Nacional. Dependiendo de la variable en particular medida, el rechazo va entre el 50% y el 70% de la población, detectando de manera firme un grupo poblacional con tendencia a apoyar las iniciativas y acciones del gobierno, que oscila entre un 25% y un 40%.

Si se analizan algunas variables con más profundidad, parece evidenciarse que el alejamiento por un lado, como así también el apoyo hacia el proyecto, está asociado a elementos más generales en términos de apoyo/no apoyo al gobierno nacional en general, siendo circunstancial la situación en cuanto a la ley de medios. Esto es, la población no conoce con detalle el proyecto y su contenido en general y su disposición remite más a elementos previos ya consolidados.

Resulta interesante resaltar que las críticas también recaen en la oposición, siendo que la aprobación sobre sus acciones remite a menos de un tercio de los encuestados y casi la mitad desaprueba sus gestiones en el tratamiento de la ley. Por último, vale destacar que 6 de cada 10 encuestados se mostraron a favor de volver a tratar la ley en caso de ser aprobada y menos de un cuarto se manifestó en contra.

* Pablo Knopoff, titular de Isonomía Consultores, en diálogo con el programa radial "La Tecla en vivo", que se emite por la radio platense Cadena Río (FM 88.7).

REMEDIOSGATE

Al igual que la reflexión de Hamlet, al enterarse de la extraña muerte del rey, que era su padre, los hechos acaecidos hora tras hora con respecto al “remediosgate” da una resultante que lejos está en encontrar la punta del ovillo

La Justicia allanó anoche una propiedad del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, una vivienda vinculada a Néstor Lorenzo y la droguería San Javier, en el marco de la causa que investiga la llamada mafia de los medicamentos.

Como una Caja de Pandora, la investigación sobre las obras sociales inquieta a los jerarcas sindicales que, adeptos a las conspiraciones, presumen que la Casa Rosada no es ajena a los movimientos. En defintiva, dicen, la investigación oficial, encarada por la SSS, “va más rápido que la que hace la propia Justicia”.

Esto, a pesar de la cobertura que, se asume en privado, le estaría dando el Gobierno a Juan José Zanola al menos en el frente político para que el dirigente bancario no sea desplazado de su gremio, donde estaban previstas elecciones para el miércoles, que fueron suspendidas por la Justicia que detectó irregularidades en los padrones.

Los operativos fueron ordenados por el juez federal Norberto Oyarbide detalla Ambito Financiero, a cargo de la pesquisa sobre la venta de remedios adulterados, vencidos o inocuos a obras sociales sindicales, para tratar a afiliados con enfermedades complejas como cáncer, HIV y hemofilia. El juez, que el martes pasado ordenó el secreto de sumario sobre el caso, había señalado que va a citar a declarar como imputados, tanto a Lorenzo, propietario de droguerías como San Javier (eje de la investigación) y Multipharma y arrestado hace 20 días por su supuesta responsabilidad en el caso, como a Zanola, titular de la Bancaria.

Oyarbide investiga sobre las supuestas conexiones que existirían entre el empresario farmacéutico y el sindicalista. En este punto fue central la pesquisa sobre el Policlínico Bancario -allanado varias veces por el juez-, donde se encontraron remedios vencidos, sin etiqueta, registros escondidos y hasta una oficina de San Javier que funcionaba en el interior del centro clínico. Estas pruebas reforzaron la hipótesis de una supuesta connivencia entre los medicamentos que habrían sido suministrado por la obra social del gremio y su proveedor.

Según señaló el magistrado, también se indagará en 10 días a la mujer de Zanola y gerenta de Atención a Beneficiarios del policlínico, Paula Aballay, además de al resto de los posibles imputados, una vez que termine el análisis de las pruebas y testimonios recolectados en las últimas semanas.

El miércoles pasado el fiscal del caso, Luis Comparatore había solicitado la ampliación de la pesquisa a otras 50 obras sociales, incluida la del líder de la CGT, Hugo Moyano, actualmente investigada por el juez Claudio Bonadío por supuestas irregularidades en la distribución de fondos de la Administración de Programas Especiales a la obra social de los camioneros.

La medida dispuesta anoche por Oyarbide apuntó directo contra el titular de los bancarios, quien mantuvo su cargo como secretario general, ya que el martes pasado la Justicia suspendió las elecciones internas debido a una denuncia de supuesto intento de fraude, pero es el eje de sospechas e indagaciones desde que estalló el escándalo de la mafia de los medicamentos.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) terminaba, anoche, la auditoría sobre las 300 obras sociales del sistema sindical de salud, para detectar cuáles mantuvieron, en los últimos tres años, trato comercial con las empresas de Néstor Lorenzo.
Los datos remitidos por las obras sociales, a pedido del interventor Ricardo Bellagio, permitirán determinar cuáles adquirieron medicamento a las droguerías San Javier y Multipharma.

Además, para un control paralelo, la SSS pidió un informe a la APE, que está a cargo del moyanista Hugo Sola, sobre los pagos que efectuó ese organismo sobre operaciones que involucraron a algunas de esas dos firmas, atribuidas a Lorenzo, investigado por el juez Norberto Oyarbide.

Un análisis preliminar, que anoche hacían contra reloj los técnicos de la Súper, arrojaba que el número de obras sociales superaría las dos docenas, pero sin llegar a las 51 que tendrían vínculo con Lorenzo, según el planteo del fiscal Luis Comparatore.
De ese modo, se ampliaría el número de obras sociales ligadas a Lorenzo luego de que la SSS certificó que ese empresario vendió medicamentos a siete prestadoras sindicales, entre ellas, la de La Bancaria, pero también las de otros seis gremios, entre ellos, Aeronavegantes y UTPBA.

Entre las que se mencionan dentro del nuevo paquete figura la de Camioneros, el gremio de Hugo Moyano, que fue investigado en otra causa y ante lo cual el jefe de la CGT dijo, desafiante, que le manden a “200 inspectores” -como al Grupo Clarín- para pesquisarlo.

Sobre dicha causa el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, Héctor Capaccioli, debe presentarse hoy a declarar ante el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga las supuestas irregularidades en los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) destinados a la obra social de los camioneros, que habrían beneficiado de manera ilícita a su titular, Hugo Moyano.

El ex funcionario albertista sería una de las figuras clave de varios casos que se tramitan hoy en la Justicia penal, vinculados con los aportes de campaña de 2007 y la llamada mafia de los medicamentos. De hecho, el juez Norberto Oyarbide ya ha asegurado que lo citará como imputado dentro de 10 días, en la pesquisa que sigue por la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos para pacientes con cáncer y HIV, que habrían sido suministrados a afiliados de la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA).

De perfil más bajo, Bonadío avanzó en la investigación contra Moyano y esta semana dispuso la citación como testigos de todos los responsables, hasta la actualidad, de la APE y la SSS, incluido Capaccioli, sobre quien hoy todos concentran la mira. El juez indaga sobre los criterios de distribución de los fondos de la APE a las obras sociales sindicales, así como qué montos se utilizaron entre 2003 y 2009 para estos programas (que tratan pacientes con enfermedades de alta complejidad, como el cáncer, el HIV y la hemofilia) y cómo fueron administrados. Para eso, quiere interrogar a todos los responsables de área, incluido Juan Rinaldi (quien declaró el miércoles pasado), el abogado moyanista que se habría cruzado de verdad para investigar las «cajas» de los gremios junto a la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña; el actual titular, Ricardo Bellagio (que debe asistir el lunes próximo) y Capaccioli.

Centro de las acusaciones en las causas que denuncian las supuestas irregularidades en la campaña presidencial, y algo alejado de sus antiguos protectores (perdió el amparo oficialista al ser relevado de su cargo por la pulseada interna que protagonizó contra Ocaña, y Alberto Fernández mostró frialdad y distancia desde que estalló el caso de la mafia de los medicamentos), el ex recaudador se enfrentaría ahora a una oleada de citaciones e imputaciones.
En este punto, la convocatoria de Bonadío sería una de las menos comprometidas para el ex funcionario. Este juez investiga una denuncia presentada en 2006 por el sindicalista opositor de la UOCRA Juan Pablo Medina, estos recursos habrían sido desviados en supuesto beneficio del líder de la CGT, Hugo Moyano, y su familia, ya que su mujer, Liliana Esther Zulet, estaría detrás de la administración de la obra social. Esta caja ascendería a $ 20 millones anuales y abarca a más de 700 mil miembros.

Pero ese es sólo el comienzo de las visitas de Capaccioli a Comodoro Py: ya tiene citación anunciada por parte de Oyarbide y un pedido de indagatoria de la Coalición Cívica, que lo acusa de presunto tráfico de influencias, a cargo del juez Ariel Lijo. En este punto, el doble rol de Capaccioli como ex funcionario de Salud y recaudador empieza a tomar otras dimensiones preocupantes.

Este aspecto fue enfatizado varias veces por el propio Oyarbide, quien también señaló una posible relación entre el triple crimen de General Rodríguez, el tráfico de efedrina, las droguerías proveedoras a las obras sociales sindicales y los fondos de la campaña presidencial de la fórmula “Cristina, Cobos y vos”. Uno de los datos centrales son los cheques firmados por propietarios de empresas farmacéuticas para financiar la elección, como los del asesinado Sebastián Forza, Gabriel Brito y Carlos Torres.

LA POBREZA ¿SE MIDE O SE SOLUCIONA?

Mientras la clase dirigente se enfrasca en discusiones estériles sobre las formas de llevar adelante el tratamiento de los problemas centrales de la Argentina , la pobreza aumenta y se desparrama a lo largo y ancho del territorio nacional. Por qué esta situación lleva al país al borde del precipicio y los números del Indec sobre la pobreza que son una vergüenza mundial

La Argentina de hoy es un país dividido no sólo por las diferencias políticas entre los distintos actores de la realidad nacional, sino también por las diferencias sociales que cada día son más marcadas en un país donde los que no tienen están totalmente marginados del sistema.

En estos momentos vemos como el arco político no toma conciencia de un problema que puede llegar a estallarle en las manos a la dirigencia, más allá de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), haya dicho que en el primer semestre de este año la pobreza afectaba al 13,9% de las personas y al 9,4% de los hogares.

Un año atrás eran pobres, siguiendo los datos del organismo público, el 17,8% de los habitantes del país, mientras que el índice era del 15,3% en el primer semestre de este año. Estos datos contrastan visiblemente con los brindados por las entidades privadas, que aseguran que la pobreza alcanza a un nivel mucho más elevado de la población, echando por tierra estos datos oficiales que sólo en mentes de funcionarios como Guillermo Moreno pueden entrar.

La pobreza para organismos privados, como por ejemplo Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), mostraba que en la población hasta 18 años de edad ascendía al 41%; en la población entre 19 y 60 años, la incidencia de la pobreza era del 22%; y entre los mayores de 60 años, la pobreza llegaba al 12%. Para mediados del año pasado, SEL Consultores calculó que el índice de pobreza se ubicaba en el 32,3%. Datos proporcionados por la Consultora Ecolatina , dan cuenta que la pobreza trepó al 31,8% y la indigencia al 11,75 en el primer semestre de 2009, por lo que más de 17 millones de argentinos tienen sus necesidades básicas insatisfechas, precisando que 12,7 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones indigentes.

Pero el de la pobreza no es un tema que involucre sólo a nuestro país sino que es algo que abarca al mundo entero y tiende a ser un problema que se agrava a cada momento. En el día de ayer se conoció un informe realizado por la agencia humanitaria Oxfam, que dice que cada minuto cien personas más se hunden, sin poder evitarlo, en la pobreza por culpa de la crisis global, donde se insta a los países del G20 a emprender acciones urgentes para remediar esa situación.

En lo que parece una falta de toma de conciencia por parte de la mayoría del arco político, vemos como hoy se está utilizando todos los medios de comunicación para debati r los controvertidos índices que el Indec periódicamente lanza como forma de justificar o explicar los beneficios globales que arroja la economía kirchnerista.

Con el inefable Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manejando todas las cifras del país, queda claro la máxima propiciada por el matrimonio presidencial desde el comienzo de su gestión, que es cómo la distribución de la riqueza en épocas K ayuda a los que menos tienen, y que todo lo hecho en este tiempo es para reparar las injusticias emanadas por tantos años de política liberal y con todo esto logros se ha podido integrar a los hasta aquí excluidos de la sociedad.

En su úl­ti­mo in­for­me men­sual, Ernesto Kritz, director de SEL Consultores ofre­ce una al­ter­na­ti­va con­cre­ta pa­ra asig­nar 100 pe­sos por hi­jo a to­dos los ho­ga­res ar­gen­ti­nos, más allá de la con­di­ción de ac­ti­vi­dad de los pa­dres. La me­di­da sur­gi­ría de rea­sig­nar 15 mil mi­llo­nes de pe­sos que se uti­li­zan anual­men­te en una se­rie de ins­tru­men­tos: las asig­na­cio­nes a asa­la­ria­dos por hi­jo a car­go (sa­la­rio fa­mi­liar), be­cas de es­tu­dio, pla­nes so­cia­les y el cos­to fis­cal que im­pli­ca la de­duc­ción del Im­pues­to a las Ga­nan­cias por hi­jo a car­go.

De ese to­tal, só­lo las asig­na­cio­nes fa­mi­lia­res im­pli­can el 78 por cien­to, mien­tras que de acuer­do a los cál­cu­los del es­tu­dio "más del 95 por cien­to del mon­to de trans­fe­ren­c ias be­ne­fi­cia a los asa­la­ria­dos for­ma­les, que en su gran ma­yo­ría es­tán so­bre la lí­nea de po­bre­za, y a los no asa­la­ria­dos de las cla­ses me­dia al­ta y al­ta".

La con­sul­to­ra de Kritz cal­cu­ló qué im­pac­to ten­dría eli­mi­nar la mul­ti­pli­ci­dad de trans­fe­ren­cias ac­tua­les y reem­pla­zar­las por una asig­na­ción uni­ver­sal de 100 pe­sos por hi­jo. En el 30 por cien­to in­fe­rior de la pi­rá­mi­de, el al­za por hi­jo se­ría cer­ca­na a 90 por cien­to, y en el 20 por cien­to su­pe­rior, la pér­di­da se­ría de al­go más de 60 por cien­to.

Los más fa­vo­re­ci­dos con es­te ré­gi­men al­ter­na­ti­vo se­rían los ho­ga­res más po­bres, que tie­nen más hi­jos a car­go, con una ba­ja pro­por­ción cu­bier­ta por las trans­fe­ren­cias, y con asig­na­cio­nes de me­nor va­lor. En el ex­tre­mo in­fe­rior de la pi­rá­mi­de, don­de es­tas va­ria­bles se com­bi­nan con gran in­ten­si­dad, el in­gre­so per ca­pi­ta fa­mi­liar au­men­ta­ría 2,4 ve­ces con re­la­ción a la si­tua­ción ac­tual; en el se­gun­do de­cil su­bi­ría cer­ca de 20 por cien­to. “Es­to ten­dría un im­pac­to sig­ni­fi­ca­ti­vo en la re­duc­ción de la in­di­gen­cia", ex­pli­ca el informe de SEL Consultores.

El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de Argentina, el obispo Jorge Casaretto, consideró que ningún proyecto de ley, por importante que sea, puede desplazar la discusión sobre cómo resolver el problema de la pobreza. Casaretto pidió "acordar seriamente algunas políticas de Estado" y recordó que cuando el Papa Benedicto XVI habló en agosto pasado del "escándalo" de la pobreza en Argentina no lo hizo para "molestar a alguien" sino para exhortar a "tomar conciencia" sobre "este gran problema".

Las declaraciones de Casaretto no hicieron más que poner en el centro de la escena una problemática que venía siendo ocultada en los últimos tiempos de las grandes discusiones nacionales por las elecciones legislativas, y que cuando se trataba se defenestraba al que lo hacía por decir que se estaba haciendo política con el hambre de la gente y no se pensaba en soluciones ráp idas y reales para la gran parte de la población que sufre este problema.

Mientras cifras oficiales indican que la pobreza afecta a algo más del 15 por ciento de la población argentina, para la comisión de Pastoral Social ese índice es del 40 por ciento. La Iglesia católica reafirmó que los niveles de pobreza y exclusión social en Argentina son "escandalosos" y llamó a los dirigentes políticos a colocar a este problema como la prioridad de los debates públicos.

El 50% de las muertes que se producen en América Latina tienen como telón de fondo la desnutrición y nos hablan a las claras de una falla social grave, que la Argentina no ha podido modificar, y con el correr del tiempo lo único que hace es crecer, sin que las políticas implementadas surtan el efecto deseado de bajar tan lamentables índices, que dejan en claro la verdadera situación social de nuestro país.

No se puede a esta altura estar discutiendo sobre la forma de medir la pobreza. Sería interesante que los dirigentes actuaran para poder solucionar este flagelo que azota a buena parte de la población, peor aún en un país que tiene potencialmente todos los elementos para erradicar este mal y que por la ineficacia de la clase dirigente, debe padecer males que en el mundo moderno tendrían que ser dejados de lado.

La ayuda con la que cuentan las áreas y organismos estatales para paliar la pobreza no son pocos, más bien los mecanismos de empleo son decadentes y obsoletos. A esta altura no se puede estar llenando formularios y más formularios para llevar un poco de comida y un poco de ropa a los más necesitados; ni que hablar de trabajo, las declaraciones juradas que se llenan, provocan que la mayoría de los recursos terminen en el aparato burocrático comandados en su conjunto por personas totalmente alejadas de la problemática de entender que tipo de soluciones se tendrían que aplicar, ya no para solucionar sino para mitigar mínimamente la injusticia mayor que como un águila sobrevuela el cielo del territorio nacional.

Sólo con una fuerte política de Estado que tienda al mejoramiento gradual y sustancial de la situación social, que lleve a un mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, que procure atender las causas y no que atienda los hechos consumados, la Argentina podrá volver a recuperar la excelencia que supo tener en una época, y evitar que se siga cayendo en el desgaste y deterioro de las últimas décadas.

Informe internacional de Corrupción dispara contra el kirchnerismo

El trabajo Global Corruption Report 2009 criticó duramente la situación del Indec, en donde dijo tiene gran influencia Néstor Kirchner. También apuntó contra el proyecto del Tren Bala: Dijo que el costo de “4 billones de dólares” incrementará la “deuda externa” y que está dirigido a un público de alto nivel socioeconómico. También critica a Alstom.

La Argentina recibió críticas por el proyecto del "tren bala" y la situación del INDEC en un informe sobre la corrupción a nivel mundial realizado por Transparencia Internacional, y que fue desarrollado en base a un reporte de la Fundación Poder Ciudadano.

Según el informe Global Corruption Report 2009, el proyecto del "tren bala, con un costo aproximado en 4 billones de dólares ha generado numerosas preocupaciones legales, financieras y técnicas".

"Si el proyecto se convierte en realidad, la Argentina incrementará su deuda externa para construir un tren que compite con el transporte aéreo, dirigido a un público que difiere significativamente -en número y estatus socioeconómico- de aquel que usa el actual sistema férreo metropolitano de Buenos Aires en la actualidad", se indicó.

El informe pone reparos en la concesión del proyecto a la compañía francesa Alstom. Se indica que la empresa está "actualmente bajo investigación en Francia y Suiza por supuestos pagos impropios por 200 millones de dólares". "También el gobierno mexicano ha penalizado a Alstom", precisó el informe.

Según el reporte, intentos de la "sociedad civil" para reunir información sobre el proyecto resultaron infructuosos. "El Gobierno ha fallado en múltiples frentes en la tarea de desarrollar su política de transporte", evaluó.

Sobre la situación del INDEC, el reporte señala que fuentes periodísticas indican que el ex presidente Néstor Kirchner tuvo injerencia en los indicadores económicos para "mantener la inflación baja".

Además, tras citar protestas de trabajadores del INDEC contra los manejos en el organismo, se afirma que las versiones sobre posibles cambios en la entidad y la "remoción de funcionarios controvertidos" para "restaurar la confianza pública" en los indicadores, no se concretaron.

"La irreal alteración de los datos de inflación oficial tiene consecuencias de gran alcance", se afirmó en el informe que lleva la firma de Federico Arenoso, Julieta Arias, María Batch, Manuel Calvagno, Josefina Palma y Varina Despite, integrantes de Poder Ciudadano.

En el reporte, a nivel internacional, se afirmó que "el masivo alcance de la corrupción global como consecuencia de sobornos, carteles de fijación de precios e influencia indebida sobre las políticas públicas, tiene un costo de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico sostenible".

"Impulsar una cultura de integridad corporativa es fundamental para proteger las inversiones, incrementar el éxito comercial y asegurar la estabilidad que buscan países ricos y pobres por igual, especialmente mientras salimos de una crisis histórica", manifestó la Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle.

LOS TENTÁCULOS DE LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

La obra social de los empleados públicos chaqueños es epicentro de un nuevo escándalo que salpica al gobernador Jorge Capitanich.

Una auditoría interna encontró drogas oncológicas pertenecientes a las partidas adulteradas que investiga la justicia federal, recetas de médicos con firmas y sellos apócrifos, el robo de medicamentos por más de 1,2 millón de pesos de la farmacia sindical y afiliados que denuncian haber sufrido las consecuencias del consumo de remedios truchos.

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la provincia de Chaco (Insssep) se transformó así en la primera obra social provincial que aparece vinculada a la mafia de los medicamentos.

DE JOHN WILLIAM COOKE A CLAUDIO LOZANO

La expropiación de La Prensa que concretó Juan Perón también se sancionó en un trámite parlamentario express, que tuvo como miembro informante del oficialismo a John William Cooke. Como Claudio Lozano en su defensa de la ley de medios, Cooke habló de luchar contra los monopolios.

La Prensa tiene contraída con el pueblo de la República la deuda de sus grandes pecados”.

Diputado John William Cooke, Diario de Sesiones, 1951.

No fue en la prehistoria. Después de años de hostigamiento sobre diarios, revistas y diarios, cuyos dueños fueron presionados de todos los modos posibles para malvender sus empresas, todavía quedaban en pie unos pocos, La Nación y La Prensa, entre ellos.

Restricciones de papel, inspecciones sanitarias, demandas judiciales. No se salvaban ni los más amigos, como Jaime Yankelevich, que había facilitado su emisora para desplegar la novedosa herramienta de comunicación que tuvo Juan Domingo Perón para ganar en las elecciones en1946. Le cerraron la radio y no tuvo más remedio que venderla. Tuvo que contentarse con que lo dejaran como director, a cambio de un sueldo.

Algo similar sucedió con el diputado oficialista Eduardo Colom, fundador y dueño de La Epoca. No era suficientemente obediente con las órdenes que le venían de la Casa Rosada. También fue obligado a venderla a sus amigos, los diputados Cámpora y Aloé. Yankelevich y Colom fueron domesticados, como la mayoría de los dueños de medios.

Pero no Alberto Gainza Paz, tercera generación de un diario polémico, crítico de todos los gobiernos (el general Uriburu casi lo cierra), exitoso. Y aliado, claro. Antieje. Pronorteamericano, podría decirse entonces.

Cuenta Pablo Sirvén, en su excepcional investigación “Perón y los medios de comunicación”, publicada por el Centro Editor de América Latina y hoy inhallable, que en los últimos meses de la guerra del gobierno de Perón contra La Prensa antes del final, vendía 400.000 ejemplares, y si bien perdía anunciantes todos los días, muchos se adaptaron al drástico aumento de precios de las tarifas debido al aumento del papel que estaba obligado a comprarle al IAPI e, incluso, a que los avisos fueran cada vez más chicos, porque el diario no estaba autorizado a editar más de 6 páginas diarias.

El relato es apasionante. Entre la innumerable cantidad de episodios, cuenta el del diario oral Octubre, que transmitía con altavoces fuertísimos las noticias favorables al Gobierno nacional sobre la avenida de Mayo, debajo de la ventana de Gainza Paz, para mortificarlo a él y a toda su redacción.

El episodio puede ser gracioso. Pero lo cierto es que los amigos de Perón terminaron siendo dueños de las 13 radios de amplitud modulada de la Capital Federal, de 60 diarios en el interior del país, de casi todos los diarios nacionales (Democracia, La Epoca, Crítica, Noticias Gráficas, El Mundo, La Razón, incluso partidarios como El Intransigente y La Vanguardia) y de todas las revistas. Todos estos medios, claro, financiados con la copiosa publicidad oficial.

Otros trámites express

La escalada tuvo su cénit con la decisión de expropiar La Prensa. Sirvén lo cuenta así: “Con inusual premura, ese mismo día el PEN dictó el correspondiente decreto de convocatoria a sesión extraordinaria en cuyos considerandos decía que ‘mediante formas perfectamente individualizadas se agita una intensa campaña que se funda en la libertad de prensa, pero que está dirigida a lesionar el prestigio internacional de la Argentina y la unión indestructible del pueblo con su gobierno’”. La sesión fue al otro día. Y por 87 votos sobre 99, se formalizó la Comisión Parlamentaria Interventora Mixta e Investigadora del diario. Pocos diputados de la oposición pudieron llegar. Arturo Frondizi, en nombre de la bancada de la primera minoría, “se quejó de haber recibido el telegrama de citación para la sesión, unas pocas horas antes de que ésta comenzase. Varios diputados radicales del interior, dijo, no han tenido tiempo para llegar al recinto’”.

El miembro informante por la mayoría fue John William Cooke. El discurso de Cooke fue vibrante. No le interesó el aspecto legal que obsesionaba a otros diputados, sino sus aspectos ideológicos.

Puntualizó que el suyo era un “planteo revolucionario”, se quejó de la “prensa grande” que está en manos de “unos pocos propietarios vinculados a las altas finanzas y a los grandes negocios”. Y dijo que “las libertades de todo tipo se convirtieron en una excusa para el imperialismo que acentuó cada vez más la desigualdad que ya existe entre países coloniales y semicoloniales”.

El 19 de marzo el proyecto se hizo ley en la Cámara de Senadores y fue inmediatamente promulgada por el Ejecutivo. Al otro día, el 20 la Comisión se apersonó en las oficinas del diario, donde realizó un detallado inventario. No lo encontró a Gainza Paz, que había logrado huir del país.

Pero aunque después lo recuperó, el diario no volvió a ser lo que era.

Cualquier parecido con lo que estamos viviendo, sólo demuestra que la Argentina tiene enormes dificultades para aprender. Y como los que se resisten a madurar, entra una y otra vez por la misma puerta, directo, a sus viejos errores.

Viejas y nuevas dicotomías

A fines de la década del 90, comenté esta investigación con un importante editor del diario Clarín, de origen peronista. Me indignaba que Perón, en la cumbre de su poder, eligiera ahogar a los medios en lugar de ganar legitimidad; que teniendo semejante capacidad de liderazgo, no tolerara las críticas de la sociedad que se expresaban a través de los medios. “Hay que entenderlo en el contexto de la época, de esa dicotomía peronismo/antiperonismo, que hoy es impensable y por eso no podemos entender”, me contestó, tranquilo.

Y aquí estamos. Sorprendidos por un Presidente Real que agitó los dolorosos fantasmas de nuestra historia nunca saldada, mirando a los que votaron distinto a lo que nosotros lo hubiéramos hecho como si fueran enemigos, confundidos porque en contra de la ley de medios estuvieron diputados que jamás invitaríamos a nuestras casas y porque a favor votó también gente querida de toda la vida.

Un caso es el de Claudio Lozano. Con una convicción que tuvieron pocos oficialistas, defendió el proyecto diciendo que “lo que está en debate no es la gestión del Gobierno, sino la posibilidad de poner un mojón en el avance político de la experiencia popular de la Argentina”. Tremendo. “Qué derecho tenemos nosotros los legisladores para tirar por la borda todo el trabajo realizado por las contradicciones y debilidades del Gobierno nacional”, gritó.

Hablaba de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, los bellos enunciados de los 21 puntos, que son considerados la política básica de quienes no son dueños de medios, ni gerentes de medios, ni siquiera trabajan en medios, para la construcción de una política en esa materia. Y su pasión se centraba en la posibilidad de no perder ese instante único, en el que el sueño revolucionario de la juventud, se haga realidad a través del río revoltoso del peronismo.

Lozano y Cooke

Nadie puede decir que Lozano es un pragmático. Votó por lo que siempre pensó. Sabe que perdió respaldo entre los votantes de Proyecto Sur el pasado 28 de junio. Por lo menos, el kirchnerismo dejó de acosarlo a través de las agresiones de todo tipo que vivió desde que votó contra la Resolución 125. Y como viene haciéndolo desde siempre, apostó a una construcción lenta, pero –cree- sólida.

Marxista de formación, apasionado lector de los dos tomos de las cartas Perón/Cooke, es probable que Lozano haya recordado el rol del diputado en 1951, que para algún historiador fue idea de Eva Perón, que buscaba fundamentar “por izquierda”, para evitar las críticas que despertaban los diputados peronistas de origen conservador, muchos acusados de corrupción, como José María Visca.

Parece una antigualla, pero Lozano viene de esos espacios políticos que pensaban que como en la Argentina las masas son peronistas, era necesario cabalgar sobre el peronismo no tanto para domarlo, sino para llevarlo triunfante a una sociedad no capitalista, sin clases. Como Cooke.

No es para reírse. Mucha gente murió en nuestro país por creer honestamente en eso. Los secuestraron, los torturaron, los tiraron al río. Pero ya no hay mucha gente que entienda de eso. Los jóvenes están en otra. Y no les interesa morir por ningún dogma.

Lo triste es que ahora Néstor Kirchner se aproveche de tanta gente de buena fe para darle un paraguas de legitimidad a un proyecto de poder total que no es popular, sino personal, que sólo tiene como objetivo tapar su pésima gestión de gobierno, que desaprovechó el mejor contexto externo de los últimos 100 años, mientras se hace dueño de todas y cada una de las empresas argentinas que son rentables, después de bajarles el precio.

Columna publicada en el blog El aguijón online.

CÓMO FINANCIAN EL PLAN "KIRCHNER 2011" CON FONDOS PARA COOPERATIVAS

Las sospechas son en torno al Plan de Ingreso Social con Trabajo que anunció Cristina en agosto. Son $1.500 millones para delegar obras menores en cooperativas que adjudican los municipios. Aunque los trabajos no se terminan, funcionarios municipales firman los certificados a cambio de “retornos”. El pago es la fidelidad a Kirchner, a quien ya le organizan actos para lanzar su carrera presidencial. La mirada sobre Emilio Pérsico.

La campaña presidencial Néstor Kirchner 2011 parece que ya tiene adjudicados los primeros fondos oficiales de financiación. Según una dura denuncia que están lanzando desde agrupaciones sociales no alineadas a la Casa Rosada, el Plan de Ingreso Social con Trabajo de 1500 millones de pesos que anunció Cristina Kirchner hace un mes tiene como destino final, mediante un circuito perverso y habitual de clientelismo, asegurarle al ex presidente la fidelidad de los denominados piqueteros K y de varios intendentes del conurbano bonaerense.

Unas veinte organizaciones sociales realizaron ayer una marcha articulada con cortes simultáneos en los accesos a la Capital Federal y en otras trece provincias para denunciar la existencia de un “manejo clientelar” en el plan de 100 mil nuevos empleos que la presidenta presentó el 14 de agosto pasado.

Ese proyecto se encuentra recién en un “plan piloto” del Ministerio de Desarrollo Social denominado PRIST (Programa Ingreso Social con Trabajo). A través de él y por intermedio de las distintas municipalidades, el área que comanda Alicia Kirchner baja fondos a los intendentes para que estos, a su vez, deriven la inversión a cooperativas locales. Su trabajo es realizar obras menores y no calificadas, como ser el barrido de calles, arreglo de plazas o hasta recolección de basura.

La Política Online viene denunciando la situación que se dio en Almirante Brown, donde un funcionario del intendente Darío Giustozzi tuvo que renunciar por el manejo de estos planes.

El círculo vicioso
Básicamente, lo que hacían era entregar el trabajo a una cooperativa a dedo, previo acuerdo con un puntero kirchnerista y fiel. La remuneración pautada para cada trabajador de la cooperativa social era de 800 pesos. Cómo de esa plata se quedaba un “peaje” el puntero en cuestión, empezó a generarse un fuerte malestar en los cooperativistas, que se cansaban y abandonaban las obras.

Cuando la municipalidad enviaba un inspector para verificar el fin de obra y así poder pagarle a la cooperativa, se anoticiaba de que la obra no se había terminado. Ahí venía el acuerdo: el funcionario en cuestión entregaba el certificado de obra a cambio de un “retorno” del dinero que debía cobrar la cooperativa. El pago con “mano de obra” que deberían dar las cooperativas es mandar a su tropa a los actos kirchneristas para la pelea por la sucesión de Cristina. Todo, mientras un amplio grupo de agrupaciones piqueteras “alineadas” ya mueven sus piezas y organizan un acto para el lanzamiento oficial de Kirchner 2011. Una jugada típica del clientelismo del PJ bonaerense con los pobres.

“Lo que sospechamos es que hay un acuerdo político del gobierno de Kirchner con los intendentes y los piqueteros alineados de cara al 2011. Son 1.500 millones para cooperativas que, como dicen, nunca terminan los trabajos pero la plata les llega igual. Otra parte, va a los intendentes. Ahí cierra el círculo”, pensó en voz alta una fuente bonaerense que investiga este círculo perverso.

La previa al plan de Cristina fue el PRIST, que según fuentes piqueteros consultadas por La Política Online manejó personalmente Emilio Pérsico, que en los papeles ocupa el cargo de subsecretario de Comercialización de la Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero que en el terreno real es el nexo directo del gobierno con los movimientos sociales que aún siguen encolumnados detrás de la figura de Néstor Kirchner.

Pérsico, el motor
Este medio dialogó con voceros del Frente Darío Santillán, uno de los que ayer marchó en la ciudad denunciando esta situación y que ya vivió en carne propia “la experiencia de acercarnos a algún municipio con algún plan de trabajo y ver cómo los punteros bajan con los camiones y te pasan por encima”.

“Antes del anuncio de Cristina se lanzó una prueba piloto que se llamó PRIST (Programa Ingreso Social con Trabajo), que estuvo a cargo de Pérsico. En Ezeiza nosotros conseguimos algún trabajo. Cuando charlamos con Pérsico él nos decía: `Vamos a saltearnos los municipios, hablen directamente conmigo´”, comentó la fuente piquetera. Esto fue hace dos meses.

Pero después del anuncio de los 1.500 millones, el PRIST dejó de depender directamente de Pérsico, sino que se empezó a girar a los municipios.

Con las intendencias como “filtro”, se empezó a preparar el terreno para la llegada del proyecto de Cristina, anunciado con bombos y platillos cuando el mismísimo Vaticano ponía el ojo en la desigualdad y la pobreza en la Argentina. Claro que Pérsico no quedó afuera del programa: lo relegaron al monitoreo de algunos municipios, como Almirante Brown o Lomas de Zamora, donde a su vez delegó esa función en su número dos en el Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

Ahí cambió la lógica. Si antes había que hablar con Pérsico para conseguir trabajos para las cooperativas, ahora las adjudicaciones pasaron a depender directamente de cada Municipalidad. Pero una cosa se mantuvo constante: las agrupaciones beneficiadas con los planes en cuestión fueron las que Pérsico acercaba.

Por eso, en Almirante Brown, el funcionario que debió dejar su cargo por estos manejos turbios respondía directamente a Pérsico, mientras que en Lomas todas las miradas apuntan a Navarro, diputado provincial del kirchnerismo. Este medio se comunicó brevemente con el funcionario y líder del Movimiento Evita, quien pidió una comunicación más tarde. No volvió a atender los llamados.

A los casos del Almirante Brown y Lomas de Zamora, otras fuentes sociales sumaron el caso de Presidente Perón. “En Guernica quisimos conseguir algún trabajo, pero no nos dejaron ni pisar”, explicaron a La Política Online desde ese distrito, subrayando que allí el intendente, Aníbal Regueiro, es la mano derecha de Oscar Rodríguez, ex jefe de la SIDE. “Es la derecha más nefasta”, cerró el vocero consultado con un alto grado de indignación.

CONFUSA DESMENTIDA
Desde el Ministerio de Desarrollo Social intentan desarticular las denuncias que apuntan al PRIST como un posible canal de clientelismo. Para ello, se basan en que el pago de sueldos –unos 1.350 pesos por mes- se hará mediante tarjetas, aunque reconocen que “las obras a encarar las designan los municipios” y que “los distintos actores de las localidades se inscriben en una preselección”, según informa hoy Página/12, un medio con excelente información oficial.

“La tarjeta puede ser un obstáculo pero no el fin del clientelismo. El universo privado del puntero empieza por a quién anota y a quién no”, opinó la escéptica fuente, recordando el caso del ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, quien impulsó la digitalización de los bolsones de comidas y acabó con los dos pies afuera del gobierno de Daniel Scioli.

“Queríamos ver las reglamentaciones del plan y nos decían que todavía no los tenían, las sospechas que tenemos son las mismas que tienen todos”. Comentaron voceros del Frente Darío Santillán, mientras detallaban cómo los municipios hacen la “preinscripción” recorriendo los barrios, lo que se traduce directamente como un mecanismo de filtrado. Con la lista en la mano, la asignación del trabajo se hace a dedo: “Lo digitan directamente desde el municipio”.

El ministerio que conduce Alicia Kirchner, según el diario oficialista, explicó el procedimiento por el que se van a otorgar los beneficios del programa. “Se coordina con los distintos actores de las localidades y se inscriben en una preselección, luego se cruzan con las bases de datos del Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social y del registro de efectores de la economía social. Después se evalúa si esa persona es vulnerable o no para poder ser monotributista social, la AFIP le da el número de CUIT y pasa a formar parte de una cooperativa de la economía social. Y una vez firmado el convenio con este programa y los municipios, las cooperativas comienzan las tareas”.

Cuando anunció el plan en Olivos, Cristina Fernández confirmó que se destinarían 1,5 millón de pesos al programa, y que las contrataciones del personal se harían por intermedio de las intendencias, pero aclaró que no se iba a permitir que existieran “rehenes de cualquier naturaleza” en el otorgamiento del beneficio.

Carlos Castagneto, titular de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional y jefe directo de Pérsico, se comprometió a comunicarse con este medio pero tuvo una jornada plagada de reuniones. Pero, en síntesis, esta información no hace otra cosa que confirmar que la tarea del reparto de los trabajos dependerá directamente de los intendentes, los cuáles esperan los “retornos” con los brazos abiertos.

LOS DESACUERDOS CLANDESTINOS

El Gobierno recibió a los trabajadores del Subte en forma reservada. Tomada prefiere que un fallo judicial lo obligue a darles la inscripción para no tener que pelearse con la moyanista UTA.

Aunque parezca un contrasentido, el gobierno y los trabajadores del subte mantuvieron, en los últimos días, un encuentro “clandestino” durante el cual lo único que acordaron es que no van a ponerse de acuerdo.

¿Por qué semejante certeza?

Para entender el conflicto, vale la pena contextualizarlo. De un tiempo a esta parte, un grupo de operarios desconoce la representación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y busca darle un marco legal a una nueva organización, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

Para blanquear la ruptura, la asociación debe obtener la inscripción gremial, es decir, un reconocimiento estatal de su existencia, lo cual, a su vez, tal como recuerda el abogado Horacio Meguira, le permite elegir sus propios delegados.

En este caso, cuenta con la ley de su lado. Distinto sería ante un reclamo de personería gremial, un paso ulterior a la inscripción gremial.

¿Por qué?

Porque, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales, la personería gremial corresponde al gremio con mayor cantidad de afiliados que cotizan dentro una actividad, empresa u oficio. Una compulsa favorecería hoy a la UTA.

De todos modos, la sola inscripción gremial puede convertirse en la llave para seducir a los trabajadores a pasarse de un sindicato a otro y, en consecuencia, a cambiar la relación de fuerza entre ambos. ¿Qué permite la personería gremial? Faculta a un gremio para representar a los trabajadores en un conflicto y en una negociación colectiva; le da acceso a la cuota sindical por retención patronal, y tutela a delegados y autoridades, impidiendo que sean despedidos.

Ahora bien, ¿por qué el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no arbitra los medios para otorgar la inscripción gremial a la AGTSyP? La respuesta es eminentemente política. La agrupación que motoriza el conflicto responde a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), cuya relación con el Gobierno es tirante, mientras que la UTA pertenece a la Confederación General de Trabajadores (CGT), atada al kirchnerismo por obra y gracia de Hugo Moyano.

Así las cosas, Tomada preferiría una salida judicial al diferendo, aún sabiendo que obtendrá un fallo adverso.

¿Por qué?

Sencillamente porque de esa manera no aparecería ejecutando una resolución en contra de la UTA de motu proprio, sino forzado por un decisión exterior a la Casa Rosada.

Si no hubiera un fallo de los Tribunales, a Tomada le quedarían dos alternativas: o seguir haciendo malabares para dilatar el tema o asumir el costo político de alumbrar un nuevo gremio en desmedro del moyanismo. En el encuentro “clandestino” –esa categoría surgió de uno de sus participantes–, los fogoneros de la AGTSyP dejaron en claro que no le facilitarán las cosas a Tomada. Por eso no hicieron, hasta ahora, un reclamo judicial por la denegación de la inscripción gremial sino apenas un amparo por mora administrativa, lo que sigue empujando al Gobierno a una resolución que infligiría un duro golpe a sus aliados estratégicos.

CRISTINA CREA FALSAS EXPECTATIVAS ANTE LA NECESIDAD DE LA GENTE

LAS COOPERATIVAS EN LA CALLE CONTRA CRISTINA

La protesta se extendió por todo el país. Reclamaron que se cumpla la promesa de crear cien mil puestos de trabajo con la participación del sector. La Presidenta había presentado el plan en agosto pasado.

El reclamo se hizo escuchar desde Jujuy hasta Santa Cruz y desde la General Paz hasta la Autopista Buenos Aires.

Desde el mediodía y durante varias horas, que resultaron ser una pesadilla para los automovilistas, miles de desocupados pertenecientes a organizaciones territoriales decidieron cortar puentes y caminos de todo el país para hacer visible su reclamo: ingresar con sus cooperativas a un programa que, según el gobierno nacional, creará cien mil nuevos puestos de trabajo.

Los manifestantes denunciaron que la inscripción es “restrictiva y clientelar” y que deja afuera a sus cooperativas.

Las organizaciones, se quejaron por la puesta en marcha de una iniciativa que hace poco más de un mes había generado expectativas entre los desocupados.

El 14 de agosto pasado, la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional el programa Ingreso Social con Trabajo, un plan que generaría 100 mil puestos laborales, sólo en su arranque en la provincia de Buenos Aires.

El eje más relevante del plan era, justamente, la inclusión de cooperativas.

“Creímos que el proyecto era un avance, pero cuando fuimos a anotar a nuestras cooperativas nos dijeron que eso no era posible, que había que inscribirse de manera individual”, denunció Alicia Gutiérrez, del Movimiento Unidad y Lucha.

La organización logró mantener en marcha algunos pequeños emprendimientos productivos en barrios pobrísimos. Sin embargo, de sus 700 miembros sólo 21 pudieron incorporarse al plan que, si bien es nacional, es gestionado desde cada municipio.

LEY DE MEDIOS: UN TRIUNFO PROGRESISTA

En la Argentina sólo cuatro operadores tienen 84% de la facturación y 83% del mercado. Por ello votamos el proyecto en general y contribuimos con grandes cambios, como la exclusión de las telefónicas. La reacción de los grupos mediáticos con una campaña desinformante provocó confusión y atacó a los legisladores que acompañaron.

Estamos prontos a tener la primera ley de Medios Audiovisuales desde la vuelta a la democracia. Una norma aún perfectible, que es muchísimo mejor que la actual ley de la dictadura, que inicia un proceso regulador tendiente a desmonopolizar y garantizar la pluralidad de voces, y que de ninguna manera puede ser considerada una “ley K”.

Por el contrario, expresa los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y muchos otros aportes, y es el triunfo del arco social y progresista que logró modificar sustancialmente el proyecto original del PEN. El saludo de 30 universidades públicas del país lo demuestra.

Lamentablemente, la reacción de los grupos mediáticos provocó confusión: los 25 legisladores denominados de “centroizquierda” fueron achacados de filo-K, cuasi-K, neo-K o directamente K. La campaña desinformante fue tal que los argentinos no hemos podido festejar el postergado anhelo de una ley que cumple con nuestros sueños democráticos.

Debemos recordar que tal desinformación es comparable a la que sufrimos en los 90. Quienes hoy cacarean, jamás intentaron debatir una ley de medios aún siendo gobierno, y esto no excusa al oportunismo oficialista.

Fue la complicidad de esa dirigencia política y el discurso único neoliberal de los grandes medios lo que permitió las privatizaciones y el saqueo del patrimonio público del menemato. Quienes nos opusimos sufrimos el duro silenciamiento. Fue así que a ningún medio periodístico le pareció relevante dar publicidad el mayor de los debates culturales de entonces: en el marco de la ronda del libre comercio del GATT, los países europeos evitaron que EE.UU. pudiera ubicar a la cultura al nivel de industria.

Se pueden importar técnicos para fabricar automóviles, pero no se pueden traer poetas o artistas para expresar el alma de un pueblo, su identidad cultural. Sobre estos temas, siendo diputado nacional, promoví encuentros con la participación de legisladores latinoamericanos y europeos, pero fueron ignorados en los medios de la época.

Estas formas de censura no llamaron la atención de la oposición conservadora que habla de “Ley K” para deslegitimarla, aún cuando el oficialismo contribuye a ello con los manejos autoritarios del debate y los negocios que abortamos.

El ciudadano debe saber que esta ley que algunos llaman “fascista” es menos protectora que las leyes europeas o norteamericanas que se toman de espejo: estas normas obligan a cuotas de producción local y tienen una regulación más alta que la nuestra.

Sus leyes antimonopólicas jamás permitirían –como en la Argentina– que sólo cuatro operadores tengan 84% de la facturación y 83% del mercado. Por ello la votamos en general y contribuimos con grandes cambios, como la exclusión de las telefónicas.

Se hubieran podido realizar varios más, si los radicales, el macrismo y el pejota disidente se hubiesen quedado en el recinto. A no engañarse: vamos a tener en democracia la primera ley de medios –aún mejorable– hecha por todos y para todos los argentinos.

Por Fernando "Pino" Solanas

* Publicado originalmente en el diario Crítica de los Argentinos

COMENTARIO DE LECTORES
Francis
Pino: los progresistas no obramos así, de la forma como se hizo esta ley, o se quiere hacer terminar. Respetamos a todos y por sobre todo no mentimos ni engañamos a nadie. Lamento haberte votado porque creí que no ibas a avalar a este matrimonio imperial, que se quiere llevar todo el mundo por delante. Ya te va a tocar a vos también, cuando no les seas funcional. ¡¡¡Acordate!!! Ni siquiera, que perjudique a Clarín que tanto mal le ha hecho al país, lo justifica.

Ramiro Iturriza
Créo Inmoral y absurdo al periodísta con tendencia ideológica activa. Repreguntando y retrucando al supuesto enemigo y complaciente y obsecuente con el amigo que deja sus dinerillos en propaganda que pagamos todos. Miro con asombro como los políticos hablan de diálogo que quiere decir que es lo que hay para mi. Realmente no creo que nadie en este juego haga algo que no sea su propio interés. También Pino que durante años se valió del crédito público para sus películas. Ni los actores que siempre trabajan los mismos. Lupi, Darin, Aleandro, etc. Ni los políticos que no se ponen de acuerdo si Campo si o no. Los del Campo dólar a 5 pesos. El Gobierno con el yuyito. La oposición haber como puede sacar tajada. Ayer los Radicales compraban una Ley para perjudicar a los trabajadores. Hoy los Radicales parecen filósofos de la verdad más absoluta. Todos extremos. Todos divergentes. Nunca acuerdo. Sencillamente porque todo es interés singular y no plural. La ley de Medios no sé si es buena o mala. Lo que observo es un Diputado dueño de un Canal de TV. Un diario etc. Lo que noto es que Mauricio aprendió rápido la cometa para que no lo critiquen. Porque convengamos que el GCBA es una manganeta de chamullo permanente. Además mayor pluralidad para quien? si en los programas políticos siempre veo sentado a los mismos hablando de lo mismo con el mismo resultado. No veo ciudadanos. No veo que Grondona y el resto hacen reuniones con Ciudadanos para ver que se dice. Siempre los mismos hasta el aburrimiento. Y acentuando cada uno de éstos sus ideologías e intereses así llamada. En definitiva De La Rua era tan malo?, Nunca lo sabremos pero lo que si sabemos es que lo voltearon entre varios. Entre ellos los medios, fogoneando permanentemente, ampliando y enfatizando los errores. Guste o no fue un golpe civil con los medios en el medio gravitando de suma importancia. Ya no Militar. Porque en definitiva vivimos pidiendo que renuncien. Los DT de futbol. Los Diputados. Los Senadores. Y cuanto dirigente haya. Somos una máquina de picar carne y los medios en manos de pocos contribuyen a ello. Asi vemos como se catapultan verdaderos opas. Y se destruyen valiosas personas. Vemos como Facundo Pastor de Canal 2 siempre está persiguiendo a un Estafador. Un pederasta. o vaya a saber quien. No existe un sólo Noticiero con criterio la cosa es llenar el espacio a veces con sanata. Recuerdo que Mónica Gutiérrez era compañera de Gómez Fuente y sin embargo el chivo expiatorio fue el segundo. De la primera ni una palabra. Ni que hablar de Ruiz Guiñasú. Hace un rato venida en la izquierda. Hasta ayer todo a la derecha. Viven con Apellidos nobles y en lugares no menos nobles. Como dice Jacobo, Clarín y otros tienen que devolver la que les condonaron. Sencillamente porque es Plata nuestra. Haber si es cierto que la AFIP va a hacer una Inspección en mi Empresa y yo me voy a poder quejar de que es un atropello a mi libertad y van a echar al que lo ordenó. Está claro que hay una desfachatez a toda prueba.

LA JUSTICIA QUIERE INVESTIGAR LA OBRA SOCIAL DE MOYANO Y OTRAS 50

Así lo requirió el fiscal Comparatore en la causa que investiga la mafia de los medicamentos. Involucró en su pedido a las obras sociales de los camioneros, el personal docente (Osplad), de Loterías y Casinos y de los mecánicos (Smata).

El fiscal federal Luis Comparatore requirió que se amplíe a medio centenar de obras sociales la investigación por la adulteración y suministro de medicamentos adulterados o vencidos o la venta de muestras gratis de remedios, según consignó Télam.

Según fuentes vinculadas al sumario penal a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, el fiscal involucró en su pedido a las obras sociales de los camioneros, el personal docente (Osplad), de Loterías y Casinos y de los mecánicos (Smata), entre un total de 51 entidades que integran la nueva nómina y cuyos nombres no trascendieron.

En su dictamen Comparatore "dejó abierta la posibilidad" de que el magistrado actúe con respecto a cualquier otra entidad que aparezca vinculada con los hechos ilícitos que se le atribuyen a la Obra Social Bancaria (OSBA), dijeron allegados al sumario.

Los nombres de las obras sociales cuya investigación pidió el fiscal surgieron de allanamientos realizados por Oyarbide en dependencias de la OSBA y en la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, uno de los imputados en la causa.

El juez y el fiscal investigan, además, la supuesta conexión entre las autoridades de las obras sociales para saber si se configuró una asociación ilícita para la comercialización de medicamentos adulterados, vencidos, inocuos o gratuitos para pacientes con graves enfermedades.Días atrás, Comparatore reclamó la indagatoria del secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, pero Oyarbide reimplantó el "secreto de sumario" y sólo se expedirá sobre ése y otros requerimientos cuando termine de evaluar la documentación incautada en decenas de operativos realizados en esta capital y el conurbano bonaerense.

SE VIENEN DURAS OPERACIONES CONTRA OYARBIDE

Existe una fuerte preocupación en el gobierno , no solo por los fondos de campaña y los referente al Lavado de dinero sino porque se teme que se descubran que los “posibles fondos de campañas” que pagaron las droguerías en realidad fue para lavar dinero proveniente de lugares oscuros , como podrían ser 15 millones de dólares del narcotráfico mexicano y hasta dinero de FARC. Y la red de medicamentos adulterados y robados que le costaron la vida a Sebastián Forza, junto con los otros dos muchachos.

También la red, incluirá a l obra social de Moyano y apunta directamente al corazón del Kirchnerismo.

En los últimos días pudimos saber que hay operaciones para ensuciar al Juez y apartarlo de la causa.

El tema es que Diana Conti, esta muy desprestigiada a partir de tener la cusa por quedarse con el sueldo de su asesor y además el marido de la diputada , esta implicado y bastante , en la red de medicamentos adulterados:

El Juez Norberto “cuchi” Oyarbide, un juez cercano a la PFA, que fue victima de videos , realizado por la SIDE en la vieja guerra entre azules y serpicos, derivó en un nuevo avance

Carlos pagni de la Nación un periodista que tiene bastante información de los sectores del los servicios da detalles de estas operatorias:


La jueza federal electoral María Servini de Cubría, que hasta ahora había delegado en el fiscal Jorge Di Lello la investigación sobre el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, retomó esa causa para sí. Ese ínfimo paso procesal podría cobijar una gigantesca crisis política. El de los fondos de campaña es el expediente judicial que más inquieta a los Kirchner.

La opinión pública se viene agitando con las tenebrosas novedades que brotan del submundo de las droguerías. También con la decadente peripecia de Juan José Zanola, un ícono de la casta sindical, que espera retener mañana, por enésima vez, la conducción de la Asociación Bancaria. Sin embargo, enlazada con estos escándalos, transcurre una historia menos estridente pero de mayor densidad política: la posibilidad de que la recaudación de fondos del Frente para la Victoria haya servido, en 2007, para ocultar una operación muy extendida de lavado de dinero.

La jueza Servini pidió a su colega Norberto Oyarbide la parte de la investigación sobre las droguerías que tenga que ver con los aportes a la campaña de Cristina Kirchner. Entre esos testimonios aparecen varias copias de cheques encontrados en el allanamiento a la empresa y al domicilio de Néstor Lorenzo. Es el dueño de droguería San Javier, que está acusado de proveer medicamentos falsos a la obra social bancaria y de fraguar expedientes para conseguir subsidios a cambio de nada. Lorenzo también fue el coordinador de un grupo de contribuyentes al proselitismo de la Presidenta. El recaudador era quien debía controlar a las droguerías, el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, ahijado político de Alberto Fernández.

Algunos de los cheques en poder de Servini son de Gabriel Brito, titular de una Global Pharmacy. Brito declaró delante de Servini que los cheques, por $ 310.000, le habían sido pedidos por Lorenzo. También relató que el 11 de noviembre de 2008, Capaccioli, en su despacho de Superintendente y ante un escribano público, le hizo firmar un acta reconociendo que esos fondos eran suyos. Pero aclaró que el juramento lo suscribió bajo presión, ya que el dinero le había sido provisto por Lorenzo. El 11 de noviembre fue el día en que Capaccioli abandonó la Superintendencia.

¿De dónde salieron los fondos, si no eran de Brito? La pregunta conduce a una hipótesis delicada que huele muy mal. Que la campaña de Cristina Kirchner haya servido para lavar dinero de origen incierto. Hay otras informaciones en la misma dirección. El Banco Santander Río le remitió a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, dos cheques por $ 1 millón girados a la orden del Frente para la Victoria por los monotributistas Carlos Torres y César Posse, ambos ligados a Lorenzo. Servini está intrigada por otro detalle: muchos de los cheques que aparecieron en los allanamientos de Oyarbide no coinciden con la contabilidad de campaña que presentó el oficialismo en su juzgado.

La investigación es impulsada por Ricardo Monner Sanz, el mismo abogado que promovió la causa por contrabando de armas por la que Carlos Menem terminó en prisión. Es difícil prever qué destino tendrá esta otra pesquisa. Servini se ha hecho famosa ?como otros jueces federales-- por mantener causas abiertas para negociar con el poder. La jueza atraviesa un mal momento con el kirchnerismo. Ella comenta, delante de interlocutores de la oposición, que le han suspendido el trato. Hasta se confiesa perseguida.

La de los cheques no es la única investigación que le permitiría salir de ese estado de aislamiento que, al parecer, la mortifica. Servini estaría también en condiciones de intervenir el PJ, no sólo por las irregularidades en el financiamiento electoral. Esa fuerza no ha cumplido con ninguno de los requisitos de su ritual interno. Ya en septiembre de 2005 la jueza había designando como normalizador a su amigo Ramón Ruiz, ex funcionario de la SIDE y actual diputado nacional. Los desplazados respondían a Eduardo Duhalde, en aquel año enfrentado a muerte con Kirchner. Ahora se desalojaría a hombres de Kirchner, como pretende Duhalde.

La investigación de Oyarbide tiene otro cruce con la política. Zanola denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura. El vocal sorteado para seguir la instrucción fue el senador radical Ernesto Sanz, severo fiscal del Gobierno. ¿Qué hará la consejera kirchnerista Diana Conti a la hora de decidir por Zanola u Oyarbide? Su esposo, Enrique Dratman, fue acusado de integrar otra droguería sospechosa, Cofeme, que presidiría el médico Néstor Vázquez.

Vázquez es, según infinidad de testimonios, un eslabón clave en esta cadena. Su vínculo con Lorenzo se remontaría a la gestión Menem, cuando Vázquez oficiaba como principal colaborador del sindicalista José Luis Lingieri, por entonces superintendente de Salud. Capaccioli repuso a Vázquez en la Superintendencia como gerente general. Cuando Zanola se confiesa ante íntimos, relata que "Capaccioli y Vázquez, aprovechando que la obra social estaba al borde de la quiebra, me obligaron a entregarme a Lorenzo". Lo único documentado es que, en el congreso de la Asociación Bancaria celebrado en 2008, Vázquez presentó, a instancias de Zanola, el proyecto de un fideicomiso para salvar a la institución. Graciela Ocaña, ministra de Salud, no quiso autorizarlo. La banca privada se negó a aportarle fondos. El Banco Nación, también. Sólo el Banco de la Provincia de Buenos Aires se involucró. Otra salpicadura del caso de los medicamentos sobre Scioli.

El escándalo de las droguerías está ingresando, sin estridencias, al corazón de la política. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, pidió que se constituya en el Congreso una comisión bicameral para investigarlo. Pero Zanola sigue aferrado a su sillón. Mañana espera retener la secretaría general de la Bancaria. Su desafiante, Raúl Fontana, también llevó a Zanola a la Justicia por adulteración de padrones y de otras reglas electorales. La jueza Liliana Tarbuch ordenó poner en orden los listados. Pecata minuta, al lado de las imputaciones de Oyarbide.

El sindicalista sigue confiando en sus vínculos con el Gobierno. En la interna, su abogado es Carlos Robinson Marín, viejo amigo del ministro de Trabajo. No es el único puente de Zanola con los Kirchner. En 2005 demostró tener otros, muy transitables. Por entonces, la ministra Felisa Miceli y su esposo, Ricardo Velasco, intentaron destronarlo alentando la candidatura de su amigo Luis Graña. Pero Zanola activó a su secretario de prensa, Eduardo Berrozpe, quien gracias a sus amigos Guillermo Moreno y Carlos Kunkel transformó al viejo caudillo de los bancarios en un ardiente militante kirchnerista. A los pocos días, para desencanto de Miceli, Cristina Kirchner lanzaba su campaña en la Bancaria, pegada a Zanola. "Siento esta adhesión como una condecoración" dijo, emocionada. Además de condecorarla, el secretario general le regaló la impresión de sus boletas, contratada a un papelero del PJ bonaerense. Es posible que hoy, acosados los Kirchner por las truculentas novedades de su financiamiento electoral, a Zanola le estén pidiendo algo más caro. Un regalo imposible.


Lo que si sabemos es que Oyarbide será victima de una campaña de difamación y presión política y hasta se le debería reforzar la custodia.
Grupos en Facebook se movilizan para apoyar al Juez y que pueda investigar libremente.


“Cuchi es chanchito”... Se usa en salta Jujuy y buena parte del norte