La administración del pingüino Luís Díez entregó por adjudicación directa la concesión de más de 5 hectáreas cobrando un irrisorio canon de U$S 0,40 por metro cuadrado. Además, les condonó el pago de los primeros nueve meses. A cambio tenían que tomar y subsidiar a 110 trabajadores de la frenada Terminal 6. No sólo no los tomaron, sino que los subsidios los pagó el Estado y se distribuyeron de forma turbia.
En una profunda investigación sobre la escandalosa administración del Puerto de Buenos Aires, en manos del pingüino Luís Diez, la Terminal 6 sigue sin operarse y con una lista de trabajadores desocupados esperando una solución a su situación. Sin embargo, esto no impide que esa misma Terminal pueda ser utilizada para hacer negocios por izquierda.
Díez trabaja en la Administración General de Puertos (AGP) rodeado de un séquito de colaboradores, todos de pasado distinto. Aparecen la atractiva abogada Silvina Quinteros -quien solía abogarse “diálogo directo” con Néstor Kirchner-, Francisco Montiel -quien en el gobierno de la Alianza fue funcionario en Lomas de Zamora, donde era subsecretario de Gobierno el actual subsecretario jurídico de Julio De Vido, Rafael Llorens-, José Beni –asesor del denunciado Ricardo Jaime y hoy director de Vías Navegables de la Subsecretaría de Puertos- o Lisandro Salas -ex Subsecretario de Puertos y actual secretario de Comunicaciones-, entre otros.
Pero con la primera de ellas, la doctora Quinteros, fue que desarrolló un negocio redondo adjudicado a la empresa Defiba Servicios Portuarios S.A., propiedad del empresario Elias Canievsky, secretario de la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (CADEFIP). Negocio que por estas horas preocupa tanto en oficinas portuarias como del Ministerio de Planificación Federal.
Directo y barato
En marzo de 2005, vía adjudicación directa –es decir, sin que medie licitación y pelea de precios entre oferentes- Diez entregó la friolera de 52.000 metros cuadrados (más de 5 hectáreas) a Defiba, cobrando el irrisorio canon de 40 centavos de dólar por metro cuadrado.
Sólo para tener una idea comparativa, la operadora de la Terminal 5, Bactssa, abona un dólar por metro cuadrado desde el año 1997. Con un dato no menor dando vueltas: la concesión de la Terminal 5 es una de las investigadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) por serias irregularidades.
Es decir que se paga menos de la mitad del canon por un acto administrativo, que comparado con el otro fue dictado ocho años después y con una aparente desvalorización de los inmuebles, que según lo firmado por Diez es de mas del cien por ciento en un inmueble que realiza su explotación en dólares estadounidenses. Un lindo favor para el nuevo concesionario.
Diez es seguido por varias investigaciones tanto de la AGN como de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) justamente por esta modalidad, las adjudicaciones directas. Entre ellos aparece uno emblemático. Fue cuándo otorgó a la Federación de Camioneros el comodato para una más que apetitosa explotación portuaria en el Puerto de Buenos Aires. A cambio habría exigido que el mismo Hugo Moyano “charle” con de Vido y Kirchner para asegurarse su continuidad en la AGP en la presidencia de Cristina Kirchner. Lógicamente, lo consiguió.
La resolución en cuestión es la 009, fechada el 10 de Marzo de 2005, que se tramitó por expediente 741-2005 del registro de la AGP. Allí se establecía que el módico precio conseguido por la empresa Defiba llegue con otros premios. Por ejemplo, que el canon de U$S 0,40 por metro cuadrado recién se empiece a pagar a partir del noveno mes.
A la condonación de estos nueve meses, hecho inaudito que casualmente se repitió con el terreno entregado al sindicato de camioneros, le sumó que los tres restantes (diciembre de 2005, y enero y febrero de 2006) la compañía operadora sólo pague el 21% de lo requerido. En síntesis, Diez le entregó la concesión a Defiba por un año prácticamente gratis.
Subsidios sin dueño
Defiba, en contraprestación por el grueso descuento en el canon, debía tomar a 30 trabajadores de la ex Terminal 6 y pagar un subsidio de $550 a los 110 que en total habían quedado desocupados. La resolución establecía que estas condiciones, de no cumplirse, ponían fin a la concesión.
La oficina responsable de controlar el cumplimiento de esto era la Gerencia de Administración de la AGP. La Política Online habló con funcionario del área quienes confirmaron que jamás tuvieron acceso a la información correspondiente a la incorporación este personal ni el pago de los subsidios. De hecho, el gerente a cargo elevó un escrito a la Intervención de Diez poniendo en conocimiento de este asunto. Claro que allí se estaba cocinando otra historia.
Según se pudo establecer nunca se formalizó la incorporación completa de los treinta trabajadores de la ex Terminal 6, y este medio pudo verificar que el pago de los supuestos subsidios no se realizaron a las 110 personas (todas personas integrantes del punto 15.3 del pliego de licitación de la Terminal 6) que se establece en la resolución. Peor aún, entre los cobradores –trascendió en ámbito portuario- aparecieron mujeres –sí, estibadoras mujeres- y hasta personas fallecidas. El reparto de estos subsidios se extendió, al menos, por dos años.
La maniobra era la siguiente: juntaban a las personas que debían percibir el subsidio en el Centro de capacitación Portuaria (CENCAPOR) donde no mas de cuarenta o cincuenta personas (del total de 110) se hacían presentes luego de esperar a Quinteros y su hermana, quienes hacían entrega de los subsidios irregulares.
Como corolario, el pago de los subsidios finalmente los pagó la AGP. Es decir, el Estado. Mensualmente descontaban el monto para el pago del subsidio de los 110 trabajadores, que sólo cobraban –como mucho- unos 30. “Sobraban unos 22 mil pesos por mes”, dijo un vocero cercano a la negociación. En sólo dos años, esos 22 mil mensuales se transformaron en la totalidad de 528 mil pesos con destino desconocido.
La misma fuente afirma que ese subsidio hoy asciende a $1.500 por persona, y que incluso Defiba estaría pagando sueldos de operarios con la suma que la AGP descuente del canon.
