MATAR AL SUICIDA
La muerte de Hernán González Moreno podría entenderse como una amarga metáfora de la política correntina y la sociedad que la nutre y legitima. Para entenderla, convocamos a uno de los más serios periodistas correntinos, Guillermo González del Castillo, que hace desde el lugar de los hechos la más profunda radiografía del contexto, para situar el caso. Pero una vez más, cubierta la realidad, nos dejamos también un espacio para la ficción.
La gestión de Ricardo Colombi durante el período 2001-2005 dejó poco en el inventario para ameritar mayores comentarios. El colapso de la convertibilidad le permitió licuar una deuda de $ 1.300 millones que lastraba como una pesada losa sobre las finanzas de la provincia, absorbiendo cerca del 65% de sus recursos ordinarios y a una tasa usuraria que hubiera hecho palidecer a cualquier tiburón de las calificadoras internacionales de riesgo de inversión.
En medio, dejó plantados algunos mojones. Por caso, un salvaje operativo de linchamiento público de díscolos y opositores a través de una campaña de escuchas telefónicas ilegales que se ventilaron por LT7, la radio de amplitud modulada siempre en manos del mismo dueño, pero controlada en cada interregno por el gobierno que cuadre.
De aquella maniobra de extorsión financiada con dineros públicos en base a informes de los organismos de inteligencia de la policía provincial fueron parte los más conspicuos representantes de la geografía colombista. El gobernador, desde ya, pero también su primo Arturo, que ocupaba la poltrona de la Secretaría General de Gobierno, y otro alfil de ese tablero hoy caído en desgracia: Diego Mosquera –eterno ladero de Arturo–, por estos días recluido en una celda del destacamento de bomberos por una investigación sobre enriquecimiento ilícito que lo obliga a fijar precio a su silencio.
Con Ricardo sentado en el máximo sitial del poder provincial, la relación con el primo Arturo venía viento en popa. Arturo ocupaba un discretísimo segundo plano, lejos del roce de la confrontación política cotidiana, pero muy cerca de las cajas que concentraban el negocio de la obra pública.
Ricardo, por su lado, le otorgaba amplias libertades para que regulara a su antojo las licitaciones y concursos donde el cartel de las empresas constructoras repartía certificados de obras que debían atravesar el cedazo de los escuderos de Julio De Vido, en una primera tanda, y del responsable del Ejecutivo provincial, en una instancia posterior. De todas formas, el binomio funcionaba como un perfecto mecanismo de relojería , entre otros motivos, porque los roles se encontraban perfectamente diferenciados, el costo político de la exposición y el desgaste lo absorbía Ricardo y el primo de perfil técnico y talante conciliador distaba de prefigurar los rasgos de un competidor de peso.
La historia dio un vuelco a mediados de 2005, el momento bisagra que debía decantar la identidad del sucesor de Ricardo Colombi como la nave insignia del llamado Frente de Todos.
Las desavenencias en el interior del gobierno de Ricardo y algún ejercicio rudimentario de la mesa negociadora con los referentes principales del damero opositor determinaron la caída del proyecto de reforma de la Constitución provincial, que pretendía habilitar por única vez la reelección del líder del clan Colombi. En consecuencia, y como el apellido era un factor de tracción electoral poco menos que irreemplazable, el privilegio de la candidatura debía recaer en el primo apolítico y taciturno que hasta allí realizaba su tarea en la más completa oscuridad.
A regañadientes –el delfín tenía menos carisma que un funebrero, amén de su escaso arraigo en la militancia, que siempre lo consideró un injerto extraño al cuerpo radical–, Ricardo ungió como sucesor a su primo, que se alzó con el triunfo en octubre de ese año sin mayores sobresaltos.
El día que se produce el traspaso del mando marca un punto de quiebre en la relación familiar.
Aquí es donde cobra importancia un aspecto pedestre del ejercicio del gobierno en estas provincias, que ayuda a entender la génesis del conflicto.
¿Cuál es el insumo más preciado de un gobernador del norte argentino?
La birome. En términos políticos, la delgada línea que divide al poder del ostracismo se mide por el usufructo de la birome-firma-decretos. Con el manejo de la birome oficial se benefician algunas firmas constructoras y se relegan otras; se designa personal de la propia clientela en detrimento del aparato adversario; se favorece determinado tejido de alianzas a despecho de otras ingenierías políticas. Con la birome también se liberan órdenes de publicidad con las que se ahoga el disenso moldeando una opinión pública desinformada y acrítica.
Y Arturo entendió que la birome no era un adorno. Ergo, a poco andar fue pergeñando una telaraña de compromisos y relaciones que lo ubicaban a prudente distancia de su predecesor, cada vez más raleado del despacho del inquilino de Casa de Gobierno.
Entre los nichos a explorar por el flamante hombre fuerte de la provincia saltaba a la vista la cantera de negocios asociada con el dispendio de la publicidad oficial, que desde el período de la restauración democrática en adelante, a la par de contribuir al disciplinamiento de todo el espinel comunicacional de la región, constituyó un conducto inmejorable de lavado de dinero de la corrupción política.
A partir del gobierno constitucional del ex embajador de Costa Rica durante la dictadura José Antonio Romero Feris (1983-1987), la pauta fue trazando un sistema de premios y castigos orientado a discreción y en forma unipersonal por el gobernador de turno, que mediante el control de la canilla de la publicidad sofocaba las críticas y entronizaba el discurso del poder como el único posible. Esa distorsión tornó al ejercicio periodístico una práctica emparentada con una actividad insurreccional, y al negocio de la publicidad –oficial, que era la realmente existente– una pista de aterrizaje de paracaidistas proclives a toda clase de trapisondas.
Con Arturo afincado en el vértice del poder político, una de las iniciativas que acometió la administración en ciernes fue impulsar la reforma de la Constitución, con el objetivo, en primer lugar, de habilitar la reelección del mandatario; y en segundo término, de asegurar un piso presupuestario para los gastos de publicidad. La Constitución de 2007 –la ley que la prohijó es nula, deslizan algunos versados; pero el tema nos excede– garantizó una escala del 1% para los gastos de publicidad oficial. Eso implica que, por caso, con un presupuesto anual del orden de los $3.000 millones promedio, el gasto aproximado de publicidad oficial fluctúe en alrededor de 30.000.000 de pesos. Con el aditamento de que nadie delimita nunca el sentido del concepto de “publicidad oficial”, por lo que en la práctica esa variable termina confundida con el más burdo proselitismo oficialista. Claro que como el gobernador casi nunca se molesta en remitir el presupuesto a la Legislatura –delito flagrante; ejecutar presupuesto sin aprobación legislativa equivale a la figura de malversación de fondos públicos– en los hechos nunca hay límite para el gasto.
Arturo –acaso por influjo de su operador en las sombras, el empresario periodístico José Rodolfo Martínez Llano– acordó la creación ipso facto –tampoco era cuestión de poner a consideración de la Legislatura, los negocios requieren trámites más expeditivos– de una agencia de buenas noticias para tercerizar el manejo de la pauta publicitaria del Poder Ejecutivo provincial. Sin marco regulatorio alguno ni controles externos a la administración central, en la más completa informalidad y con un sigilo mayúsculo que invitaba a las peores suspicacias.
Así fue como hizo su ingreso estelar en el mercado comunicacional de la provincia la firma Negocios Correntinos S.R.L., la razón social agazapada detrás del nombre de fantasía “Agencia Corrientes”, el conducto por donde el gobierno de Arturo canalizaba la millonaria pauta a los medios.
Desde sus orígenes, la agencia fue concebida como una unidad de negocios multiuso: por un lado concentraba la distribución de la pauta oficial sustituyendo a dirección de Información Pública en avisos superiores a los $3.000 –los prestatarios de menor porte pasaban por Casa de Gobierno para procurarse una orden, pero la torta grande se repartía en otro lado–; por el otro, era una suerte de dispositivo propagandístico que unificaba y pulía la mirada editorial del oficialismo, algo así como la referencia obligada de todo el sistema de medios provinciales a la hora de acompasar la partitura de Arturo y su cohorte; y finalmente, servía como centro clandestino de espionaje y policía política del régimen mediante grabaciones clandestinas a los escasos espacios radiales identificados con la oposición y también a quienes, aun engrosando las filas del gobierno, eran vistos con recelo por los halcones del entorno íntimo del gobernador.
En el mundo de las apariencias, donde en muchas ocasiones la realidad es un remoto destello perdido en la cerrazón de engaños e imposturas que confunden e intoxican, Hernán González Moreno fungía de director de la agencia –quizás en tributo a su condición de soldado leal de las huestes de Rodolfo Martínez Llano–, pero el verdadero responsable periodístico de la “Télam correntina” era José Luis Zampa, el director de Información Pública que designó Arturo Colombi.
Con la agencia como filtro y órgano coordinador, Arturo repartía a resguardo de la más absoluta discrecionalidad los fondos destinados a pautas de publicidad.
Los volúmenes son incalculables, dada la ausencia de controles y el enjambre de nombres de paja y firmas fantasmas que encubren los pliegues ocultos del negocio. Una proyección estimativa debería adentrarse en consideraciones que, como las cajas chinas, remiten a una sucesión de variables cada cual más intrincada que la anterior.
Dirección de Información Pública –la cartera que expende las órdenes de publicidad– está incluida en el área de Secretaría General de Gobierno, que sería el organismo de primer grado con ascendiente directo sobre la política comunicacional del Ejecutivo.
¿Qué es Secretaría General de Gobierno, cuál sería su función específica?
También es muy brumoso eso, nadie se esmeró mucho en explicarlo. La experiencia histórica de la recuperación democrática en adelante indica que esa dependencia es el cuartel general de las operaciones negras del gobierno –de todos los gobiernos, su naturaleza excede a la gestión de Arturo–, vale decir, el estamento que concentra el control de las cajas negras del oficialismo al momento de comprar votos en la Legislatura, financiar redes de espionaje, montar operaciones de chantaje y escarmiento público de opositores, pagar honorarios de consultores nativos o foráneos, en cualquier caso bien cotizados –los argentinos Jorge Giacobbe y Enrique Zuleta Puceiro, el uruguayo Luis Costa Bonino, el venezolano Orlando Goncalves–, aceitar a la prensa adicta con dinero extra en circunstancias puntuales… y liberar certificados de publicidad.
Cuando Ricardo Colombi conducía las riendas de la provincia (2001-2005), la Secretaría General de Gobierno era un enclave monopolizado por Arturo durante un período –el dato resulta significativo– y por el liberal Sergio Desimoni en una etapa ulterior. Los liberales con Desimoni como bastonero usufructuaban un presupuesto cercano a los 22.000.000 de pesos. Ese colchón financiero bastaba para contener a toda la constelación de medios correntinos y, concomitantemente, solventar los gastos de funcionamiento del Partido Liberal, incluidos alquiler de locales, viáticos, ñoquis, etc. Se infiere, entonces, que el presupuesto era excedentario con poco más de 20 millones de pesos.
En 2007, ya en plena gestión de Arturo, la Secretaría General de Gobierno incrementó su presupuesto a 26.000.000 de pesos. La prensa correntina de parabienes. Todo el circo mediático de la reforma constitucional de ese año se costeó con esos recursos.
Pero en 2008, el último año en que se aprobó el presupuesto general que todavía rige en virtud de la “prórroga” de facto impuesta por el oficialismo y avalada por la oposición, Secretaría General quintuplicó su masa de dinero fresco disponible: de los $26.000.000 de 2007 pasó a administrar una caja de 137.000.000 de pesos… Buena parte del desmadre que tuvo lugar después con el emplazamiento de la “Agencia” y el arribo de una legión de consultores uruguayos para apuntalar la reelección de Arturo, se nutrió de esa cantera de recursos.
Lo concreto es que a medida que el gobierno de Arturo se desgranaba en un sinfín de escándalos y desaciertos, la causa por el manejo dispendioso y espurio de las cuentas de publicidad iba arrojando sus primeros frutos.
A comienzos de año, el fiscal Gustavo Roubineau a cargo de una investigación por las irregularidades en la distribución de la pauta, imputó a una línea prominente de funcionarios provinciales de los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. Ni el mismo Arturo Colombi se salvó del tsunami judicial. El círculo comenzaba a cerrarse sobre Hernán González Moreno.
Para fines de agosto, la suerte electoral del oficialismo estaba echada. La detención de Diego Mosquera, secretario privado del mandatario, por un expediente paralelo que indaga en su vertiginoso crecimiento patrimonial, fue otro latigazo que caló hondo en las filas del gobierno.
Y a mediados de septiembre llegó el golpe de gracia con el allanamiento de la Agencia ordenado por el juez Luis Cocchia Breard. Desde el instante en que el fiscal Roubineau acompañado de una veintena de efectivos de la división de Delitos Complejos de la policía correntina se internó en el laberinto de pruebas ofrecidas a raudales por cada compartimento de aquel santuario de persecución y espionaje, el crujiente dispositivo de poder forjado por González Moreno dio sus primeras señales de ahogo. Fue tal el despropósito descubierto por los sabuesos del Ministerio Público y la policía, que en base a las pruebas recabadas en ese procedimiento pudieron rastrearse las huellas de una parva de empleados legislativos facturando órdenes de publicidad por cifras superiores a los seis dígitos.
El último ademán de defensa ensayado por el joven empresario fue la irrupción en escena del mediático abogado Mariano Cúneo Libarona, el letrado que asistió a los Yoma en otro resonante caso judicial y que más cerca en el tiempo colaborara en la defensa procesal de Mario Segovia, bautizado el rey de la efedrina.
Cúneo Libarona contraatacó con una denuncia por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva contra el senador Ricardo Colombi, quien se habría hecho acreedor de un inmueble valuado en $600.000 valiéndose de los buenos oficios de un testaferro. La denuncia se formalizó en el Juzgado Federal con asiento en Paso de los Libres, un enclave bajo dominio del martinezllanismo.
Quienes rodeaban a González Moreno en aquellas jornadas postreras de su vida aseguran que el malogrado empresario no era de arredrarse y pensaba llevar su embestida contra Ricardo hasta las últimas consecuencias.
Pero resultó inútil. La escalada había cobrado un impulso tan frenético que nada parecía capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos.
A Hernán González Moreno lo apodaban Polvorita. Dicen que por su afición a la velocidad, a las decisiones rápidas y su espíritu impetuoso.Nadie habría imaginado que con el tiempo el sobrenombre adquiriera otras resonancias.
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