La Justicia allanó anoche una propiedad del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, una vivienda vinculada a Néstor Lorenzo y la droguería San Javier, en el marco de la causa que investiga la llamada mafia de los medicamentos.Como una Caja de Pandora, la investigación sobre las obras sociales inquieta a los jerarcas sindicales que, adeptos a las conspiraciones, presumen que la Casa Rosada no es ajena a los movimientos. En defintiva, dicen, la investigación oficial, encarada por la SSS, “va más rápido que la que hace la propia Justicia”.
Esto, a pesar de la cobertura que, se asume en privado, le estaría dando el Gobierno a Juan José Zanola al menos en el frente político para que el dirigente bancario no sea desplazado de su gremio, donde estaban previstas elecciones para el miércoles, que fueron suspendidas por la Justicia que detectó irregularidades en los padrones.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Norberto Oyarbide detalla Ambito Financiero, a cargo de la pesquisa sobre la venta de remedios adulterados, vencidos o inocuos a obras sociales sindicales, para tratar a afiliados con enfermedades complejas como cáncer, HIV y hemofilia. El juez, que el martes pasado ordenó el secreto de sumario sobre el caso, había señalado que va a citar a declarar como imputados, tanto a Lorenzo, propietario de droguerías como San Javier (eje de la investigación) y Multipharma y arrestado hace 20 días por su supuesta responsabilidad en el caso, como a Zanola, titular de la Bancaria.
Oyarbide investiga sobre las supuestas conexiones que existirían entre el empresario farmacéutico y el sindicalista. En este punto fue central la pesquisa sobre el Policlínico Bancario -allanado varias veces por el juez-, donde se encontraron remedios vencidos, sin etiqueta, registros escondidos y hasta una oficina de San Javier que funcionaba en el interior del centro clínico. Estas pruebas reforzaron la hipótesis de una supuesta connivencia entre los medicamentos que habrían sido suministrado por la obra social del gremio y su proveedor.
Según señaló el magistrado, también se indagará en 10 días a la mujer de Zanola y gerenta de Atención a Beneficiarios del policlínico, Paula Aballay, además de al resto de los posibles imputados, una vez que termine el análisis de las pruebas y testimonios recolectados en las últimas semanas.
El miércoles pasado el fiscal del caso, Luis Comparatore había solicitado la ampliación de la pesquisa a otras 50 obras sociales, incluida la del líder de la CGT, Hugo Moyano, actualmente investigada por el juez Claudio Bonadío por supuestas irregularidades en la distribución de fondos de la Administración de Programas Especiales a la obra social de los camioneros.
La medida dispuesta anoche por Oyarbide apuntó directo contra el titular de los bancarios, quien mantuvo su cargo como secretario general, ya que el martes pasado la Justicia suspendió las elecciones internas debido a una denuncia de supuesto intento de fraude, pero es el eje de sospechas e indagaciones desde que estalló el escándalo de la mafia de los medicamentos.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) terminaba, anoche, la auditoría sobre las 300 obras sociales del sistema sindical de salud, para detectar cuáles mantuvieron, en los últimos tres años, trato comercial con las empresas de Néstor Lorenzo.
Los datos remitidos por las obras sociales, a pedido del interventor Ricardo Bellagio, permitirán determinar cuáles adquirieron medicamento a las droguerías San Javier y Multipharma.
Además, para un control paralelo, la SSS pidió un informe a la APE, que está a cargo del moyanista Hugo Sola, sobre los pagos que efectuó ese organismo sobre operaciones que involucraron a algunas de esas dos firmas, atribuidas a Lorenzo, investigado por el juez Norberto Oyarbide.
Un análisis preliminar, que anoche hacían contra reloj los técnicos de la Súper, arrojaba que el número de obras sociales superaría las dos docenas, pero sin llegar a las 51 que tendrían vínculo con Lorenzo, según el planteo del fiscal Luis Comparatore.
De ese modo, se ampliaría el número de obras sociales ligadas a Lorenzo luego de que la SSS certificó que ese empresario vendió medicamentos a siete prestadoras sindicales, entre ellas, la de La Bancaria, pero también las de otros seis gremios, entre ellos, Aeronavegantes y UTPBA.
Entre las que se mencionan dentro del nuevo paquete figura la de Camioneros, el gremio de Hugo Moyano, que fue investigado en otra causa y ante lo cual el jefe de la CGT dijo, desafiante, que le manden a “200 inspectores” -como al Grupo Clarín- para pesquisarlo.
Sobre dicha causa el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, Héctor Capaccioli, debe presentarse hoy a declarar ante el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga las supuestas irregularidades en los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) destinados a la obra social de los camioneros, que habrían beneficiado de manera ilícita a su titular, Hugo Moyano.
El ex funcionario albertista sería una de las figuras clave de varios casos que se tramitan hoy en la Justicia penal, vinculados con los aportes de campaña de 2007 y la llamada mafia de los medicamentos. De hecho, el juez Norberto Oyarbide ya ha asegurado que lo citará como imputado dentro de 10 días, en la pesquisa que sigue por la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos para pacientes con cáncer y HIV, que habrían sido suministrados a afiliados de la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA).
De perfil más bajo, Bonadío avanzó en la investigación contra Moyano y esta semana dispuso la citación como testigos de todos los responsables, hasta la actualidad, de la APE y la SSS, incluido Capaccioli, sobre quien hoy todos concentran la mira. El juez indaga sobre los criterios de distribución de los fondos de la APE a las obras sociales sindicales, así como qué montos se utilizaron entre 2003 y 2009 para estos programas (que tratan pacientes con enfermedades de alta complejidad, como el cáncer, el HIV y la hemofilia) y cómo fueron administrados. Para eso, quiere interrogar a todos los responsables de área, incluido Juan Rinaldi (quien declaró el miércoles pasado), el abogado moyanista que se habría cruzado de verdad para investigar las «cajas» de los gremios junto a la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña; el actual titular, Ricardo Bellagio (que debe asistir el lunes próximo) y Capaccioli.
Centro de las acusaciones en las causas que denuncian las supuestas irregularidades en la campaña presidencial, y algo alejado de sus antiguos protectores (perdió el amparo oficialista al ser relevado de su cargo por la pulseada interna que protagonizó contra Ocaña, y Alberto Fernández mostró frialdad y distancia desde que estalló el caso de la mafia de los medicamentos), el ex recaudador se enfrentaría ahora a una oleada de citaciones e imputaciones.
En este punto, la convocatoria de Bonadío sería una de las menos comprometidas para el ex funcionario. Este juez investiga una denuncia presentada en 2006 por el sindicalista opositor de la UOCRA Juan Pablo Medina, estos recursos habrían sido desviados en supuesto beneficio del líder de la CGT, Hugo Moyano, y su familia, ya que su mujer, Liliana Esther Zulet, estaría detrás de la administración de la obra social. Esta caja ascendería a $ 20 millones anuales y abarca a más de 700 mil miembros.
En este punto, la convocatoria de Bonadío sería una de las menos comprometidas para el ex funcionario. Este juez investiga una denuncia presentada en 2006 por el sindicalista opositor de la UOCRA Juan Pablo Medina, estos recursos habrían sido desviados en supuesto beneficio del líder de la CGT, Hugo Moyano, y su familia, ya que su mujer, Liliana Esther Zulet, estaría detrás de la administración de la obra social. Esta caja ascendería a $ 20 millones anuales y abarca a más de 700 mil miembros.
Pero ese es sólo el comienzo de las visitas de Capaccioli a Comodoro Py: ya tiene citación anunciada por parte de Oyarbide y un pedido de indagatoria de la Coalición Cívica, que lo acusa de presunto tráfico de influencias, a cargo del juez Ariel Lijo. En este punto, el doble rol de Capaccioli como ex funcionario de Salud y recaudador empieza a tomar otras dimensiones preocupantes.
Este aspecto fue enfatizado varias veces por el propio Oyarbide, quien también señaló una posible relación entre el triple crimen de General Rodríguez, el tráfico de efedrina, las droguerías proveedoras a las obras sociales sindicales y los fondos de la campaña presidencial de la fórmula “Cristina, Cobos y vos”. Uno de los datos centrales son los cheques firmados por propietarios de empresas farmacéuticas para financiar la elección, como los del asesinado Sebastián Forza, Gabriel Brito y Carlos Torres.
